Varios integrantes de la Red de Doctorandos y Doctores Colombianos explican la necesidad de una política de becas.

El 10 de agosto del 2020, en la Comisión sexta del Senado, se llevó a cabo un debate de control político a la titular del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, Mabel Torres. Su gestión ha estado en la mira de congresistas, periodistas y de la opinión pública pues, a casi un año de su posesión, la cartera no parece haberse desprendido de la lógica de funcionamiento del antiguo Departamento de Ciencia Tecnología e Innovación (Colciencias). Ante las críticas por la falta de capacidad gerencial de la Ministra Torres, ella se defendió señalando que no es justo y tampoco posible pedir que se invierta el rezago de décadas de atraso en ciencia y tecnología en el país en unos pocos meses. Añadió que los legisladores están pidiendo a la cartera una celeridad que desconoce los tiempos propios del avance de la ciencia.

Al margen de la polémica, es necesario mirar el fondo de lo que sucede con la producción de ciencia en el país. Esto implica prestar atención a uno de los fundamentos de la investigación científica a nivel mundial – y una bandera que quiere enarbolar el nuevo ministerio -: la política de formación doctoral. Aunque los problemas que señalan los legisladores existen, el foco aún no está situado dónde corresponde. No se trata simplemente de capacidad gerencial o de ejecución presupuestal, como sostienen algunos legisladores y tampoco el rezago histórico que alega la Ministra se va a superar con medidas técnicas y una reorganización burocrática. Para empezar a solucionar de fondo las dificultades que impiden la producción de ciencia y conocimiento en el país, al menos en lo referente a formación doctoral, hace falta la construcción de una política pública integral.

En el renglón de formación doctoral, el atraso histórico es innegable. Según el informe del Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología (OCyT) de 2015, en Colombia se gradúa un promedio de 6,6 doctores por millón de habitantes, una cifra muy alejada incluso del promedio latinoamericano, que es de 40 doctores por millón. Esto, sin contar las cifras de países como Estados Unidos, donde se gradúan 67.449 doctores por millón de habitantes, Alemania con 28.147 y Japón con 16.000; la cifra en Colombia es a todas luces vergonzosa. Las dificultades no paran ahí, porque aún siendo la cifra de doctores por millón de habitantes tan baja, los problemas de inserción laboral para doctores y la ausencia de una política para subsanar el problema son cada vez más evidentes.

La pregunta que nos hacemos quienes estamos en este momento en proceso de formación doctoral es: ¿es la actual política de créditos para formación de alto nivel la vía adecuada para solucionar problemas tan hondos? La respuesta que queremos sugerir, tanto a la Ministra como a los legisladores, es que ni se verán resultados apreciables en el Ministerio, ni se podrá superar el rezago histórico, si se sigue la misma política que está vigente desde hace veinte años y que no ha contribuido a subsanar la brecha que tiene Colombia en formación doctoral y en producción de ciencia y tecnología. En particular, queremos referirnos a los programas de financiación doctoral basados en créditos condonables.

Colombia es uno de los pocos países del mundo cuya política de formación doctoral no se basa en el otorgamiento de becas completas de doctorado sino de créditos condonables. Otros dos ejemplos son Estados Unidos y Chile que, aunque superan ampliamente a Colombia en producción de investigaciones doctorales, son también un ejemplo palpable de los efectos adversos de esta política a nivel de salud mental de los investigadores y de endeudamiento juvenil.

Desde hace un tiempo, los doctorandos del país venimos advirtiendo los efectos nocivos que tiene condicionar la investigación a unos plazos que no siempre corresponden a los tiempos que los procesos científicos demandan ni a las posibilidades de la infrae además del sinsentido de someter a los investigadores jóvenes del país a una presión adicional a la de sus investigaciones doctorales, al ponerlos bajo amenaza al adquirir una deuda que oscila alrededor de trescientos y quinientos millones de pesos, en muchos casos por contingencias fuera de su control.

La posición de Colciencias, en su momento, fue que los créditos condonables eran la única modalidad posible en nuestro país dado que, en Colombia, la Constitución prohíbe expresamente el otorgamiento de auxilios y donaciones en favor de personas naturales o jurídicas. Sin embargo, este argumento resulta, a la luz de un análisis detallado de la Carta Política, cuando menos falaz. Ciertamente, hay una prohibición general en la primera parte del artículo 355 de la Constitución, que señala que ninguna de las ramas u órganos del poder público puede decretar auxilios o donaciones en favor de personas naturales o jurídicas; no obstante, la misma disposición establece la excepción:

El Gobierno, en los niveles nacional, departamental, distrital y municipal podrá, con recursos de los respectivos presupuestos, celebrar contratos con entidades privadas sin ánimo de lucro y de reconocida idoneidad con el fin de impulsar programas y actividades de interés público acordes con el Plan Nacional y los planes seccionales de Desarrollo. El Gobierno Nacional reglamentará la materia.

Además de ésta, hay otras tres excepciones: (A) asignación de recursos a sectores especialmente protegidos en forma de subsidios; (B) recursos asignados a proyectos de ciencia y tecnología mediante leyes, es decir, subsidios dirigidos a desarrollar disposiciones constitucionales como la autonomía universitaria, el acceso a la cultura y el fomento a la ciencia; y (C) donaciones entre entidades públicas. El artículo 71 dice expresamente: Los planes de desarrollo económico y social incluirán el fomento a las ciencias y, en general, a la cultura. El Estado creará incentivos para personas e instituciones que desarrollen y fomenten la ciencia y la tecnología y las demás manifestaciones culturales y ofrecerá estímulos especiales a personas e instituciones que ejerzan estas actividades.

La mayoría de los créditos condonables de Minciencias funcionan mediante la primera modalidad (A), en la que una institución estatal – MinCiencias – celebra un contrato con una institución sin ánimo de lucro – como Colfuturo – para que ésta administre unos fondos que se convertirán en un préstamo en el que se exime al deudor si cumple ciertos requisitos. Pero la Constitución no establece que la ejecución de estos recursos tenga que hacerse bajo la modalidad de créditos; también puede hacerse directamente como subsidios (becas) enmarcados en los planes nacionales y seccionales de desarrollo y ejecutados por entidades sin ánimo de lucro. De hecho, las convocatorias de regalías regionales y la convocatoria nacional, la de los créditos Bicentenario, muestran que es perfectamente posible que o MinCiencias o los entes territoriales otorguen subsidios para la formación doctoral bien mediante un intermediario privado – como Colfuturo o Ceiba – o directamente a través de las universidades. Las condiciones de la convocatoria Bicentenario demuestran que es posible entregar estos recursos directamente a las universidades, eliminando un intermediario y deshaciéndose de la necesidad de entregar créditos, que lastran a los estudiantes doctorales con una deuda que no contribuye al desarrollo de sus investigaciones, ni al acceso a los estudios de alto nivel a la población general del país.

Una mirada más amplia para pensar en una política pública de formación de alto nivel, en un país con altos índices de desigualdad social, por tanto, implicaría que por vía legislativa se desarrolle la modalidad (B) en forma similar a como sucede con otros derechos fundamentales (ej. servicios públicos domiciliarios). Esta forma de financiación no sólo eliminaría la barrera de entrada a la educación de alto nivel e incentivaría a futuros académicos a hacer un doctorado, sino también sería una herramienta útil para otorgar fondos directamente a las universidades y centros de investigación, robusteciendo la infraestructura científica y académica del país. Ahora que, por fin, existe Ministerio de Ciencia, es necesario mirar hacia adelante y empezar a tomarse más en serio la promoción y el acceso a los estudios de alto nivel y una buena manera de empezar es superando la lógica de créditos condonables y desarrollando una política integral de becas doctorales en el país, que sea el primer paso para hacer de la educación de posgrados un derecho y no un privilegio costoso como ha sido hasta ahora.

*Michael Cruz Rodríguez (doctor en Derecho), Laura Tatiana Roncancio Henao (doctora (c) en Psicología), Zully Johana Rodríguez Parra (doctora (c) en Biotecnología), Jorge Alexander Burgos Arévalo (doctor (c) en Filosofía), Andrés Gallego Garcés (doctor (c) en Ingeniería Eléctrica), Camilo Corredor Collazos (doctor (c) en Filosofía) de la Universidad Nacional de Colombia.

Integrantes de la Red de Doctorandos y Doctores colombianos ([email protected])

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