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Es la hora de un movimiento de opinión que diga con claridad y de una vez por todas: ¡por favor, basta ya! ¡no más de lo mismo!
El Complejo Hospitalario San Juan de Dios se ha agregado a ese penoso inventario que tiene Bogotá de problemas no resueltos y empantanados. Más de cien años arrastra la ciudad con un pesado lastre consistente en esa mala costumbre de meter al pantano de los conflictos asuntos claves para su desarrollo, dejándolos a la deriva y sin solución.
La nueva disputa sobre el Complejo Hospitalario San Juan de Dios se suma así a los viejos combates sobre problemas cruciales de la capital que han quedado por décadas sin respuestas adecuadas, ni soluciones de fondo. He escrito en otra parte que Bogotá tiene un fatídico sino con el número ocho. Y, desafortunadamente, este es el número que ordena la lista de los grandes problemas atascados en las refriegas políticas y en las incompetencias e incoherencias de los dirigentes. Ellos son:
- La disposición y manejo de basuras y residuos a comienzos del siglo XX
- La movilidad y los sistemas de transporte masivo
- La construcción del metro
- La descontaminación del Río Bogotá y el tratamiento de las aguas servidas
- La protección de los cerros orientales
- La construcción de la región metropolitana
- El Plan de Ordenamiento Territorial
- El Complejo Hospitalario San Juan de Dios
Una sucinta referencia a cada uno de ellos ilustrará sobre esta cruda realidad de la ciudad.
Al comenzar el siglo XX, se percibió en Bogotá que la disposición de basuras a “cielo abierto” era un problema que debía resolverse de otra manera. El Concejo elevaba una y otra vez consulta a la Sociedad Colombiana – SCI -de Ingenieros sobre las medidas a adoptar y la SCI le respondía una y otra vez lo siguiente. “Hay que comprar los Hornos Baker para cremar las basuras porque es la tecnología ensayada por varias ciudades latinoamericanas y del mundo y eficiente hasta el día de hoy. El presupuesto de la ciudad tiene capacidad para asumir ese reto.” Una y otra vez, el Concejo y los alcaldes se enfrascaban en rencillas y una y otra vez pedían de nuevo concepto a la SCI, que les respondía una y otra vez lo mismo.
En la década de los 40, la administración contrató un estudio con una firma de ingeniería norteamericana para un sistema de transporte masivo para la ciudad. La firma entregó el estudio con tres recomendaciones básicas: (i) fortalecer el tranvía eléctrico; (ii) complementarlo con el Trolley-bus; (iii) controlar el crecimiento de las empresas privadas de buses a gasolina. La respuesta de la clase política fue: eliminar el tranvía, dar vía libre y fortalecer las empresas privadas de buses y desmontar, después de tres décadas de funcionamiento, el sistema de Trolley-bus que se había incorporado en los años 60.
También en la década del 40 se empezó a discutir la posibilidad del metro para Bogotá. Los estudios se iniciaron al finalizar la década. Más de 70 años lleva la puja y el forcejeo entre los líderes políticos sobre si el metro va o no va y hasta hoy no hay un centímetro de metro. Así, Bogotá ha sido privada de un patrimonio clave: un sistema público de transporte masivo.
El tratamiento de las aguas servidas de Bogotá y la descontaminación del río por su vertimiento es otro de los grandes problemas de la puja política que lleva décadas y todavía no se logra una solución definitiva. La recomendación técnica es una y es diáfana y se hizo hace más de cinco décadas: hay que tratar las aguas servidas en plantas antes de su descarga al río.
Los cerros orientales han sido diagnosticados como un ecosistema crucial de la ciudad desde la década de los 70 del pasado siglo. La conservación de ese ecosistema como reserva y su sustracción a los embates de la urbanización es una verdad dicha y sabida. Sin embargo, aún siguen las intervenciones clandestinas promovidas desde los “terreros” hasta sofisticados inversionistas y los forcejeos por correr la cota que delimita la reserva.
Desde el Plan Piloto que se contrató a Le Corbusier al comenzar la década del cincuenta del pasado siglo, se planteó la necesidad de conformar una región metropolitana compartida entre Bogotá y unos municipios de la Sabana. Este es otro de los problemas que completa ya siete décadas de forcejeo político sin una solución definitiva, aunque al parecer, hace una semana, apareció una pequeña luz al final del túnel.
El Plan de Ordenamiento Territorial – POT – constituye el séptimo y más reciente problema que se suma al inventario de cruce de espadas entre los dirigentes políticos. A 20 años de su expedición y de acuerdo con lo prescrito por la Ley, el POT debería haberse aplicado y tener a lo sumo una revisión. Vamos ya en seis intentos de modificación con una ínfima ejecución del plan que está vigente.
Y el Complejo Hospitalario San Juan de Dios – CHSJD – ha vuelto al campo de batalla. La crisis del CHSJD arrastra también más de 50 años. En los años 70 del pasado siglo, hubo una gran movilización de profesores y estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional, alertando sobre la situación profundamente crítica del hospital. Veinticinco años después fue cerrado. Producto de la resistencia de los trabajadores y del cuerpo médico se logró que por medio de una Ley y de sentencias judiciales de las altas cortes se ordenara a la Nación, al departamento de Cundinamarca y al Distrito la recuperación del CHSJD. Bajo ese mandato, llevamos casi 20 años. Pero todo indica que el CHSJD va a convertirse en otro de los grandes problemas de Bogotá sin solución. El reemplazo de la Torre Central se convirtió en el nuevo argumento para el fuego cruzado entre fuerzas políticas, tal como ha sucedido frente a los siete problemas antes enunciados y siempre se invoca que la batalla se da para cumplir la Ley.
Estos ocho problemas han tenido mandatos de ley, unos desde hace cien años y el último desde hace veinte. Pero los líderes de todas las vertientes no han podido cumplir con eso que se les ordena. Ahora se quiere demostrar que San Juan sí será la excepción a esta regla de “cien años de soledad”. Pero esa solicitud de credulidad ha sido pedida en todos los casos anteriores. ¿Por qué ahora habrá que aceptarla? ¿No será otra vez la lucha entre egos inflados de famélicos líderes distraídos por su vanidad y por su obsesión de poder?
Los ocho puntos enunciados son todos elementos patrimoniales del bien común: el territorio, la región, los cerros, el río, el sistema ambiental, el sistema de transporte masivo, el sistema de disposición de residuos, la infraestructura para la salud pública. Pero, ahora, los jefes políticos, los concejales y sus asesores pretenden presentarnos esta escaramuza como una guerra heroica y una cruzada ejemplar por la salvaguarda de un baluarte insigne del patrimonio histórico de la nación y de la arquitectura hospitalaria. Con mucha pena hay que decirles: eso no es cierto; es un pretexto para aceitar de nuevo las armas y repetir inútiles y viejas peleas que supuestamente defienden un patrimonio que no han construido.
Y hay que decirles también que es la hora de un movimiento de opinión que diga con claridad y de una vez por todas: ¡por favor, basta ya! ¡no más de lo mismo! Claro, las fuerzas políticas, sus concejales y asesores alegarán que todo lo dicho anteriormente es mentira y que, desde hace cien años, todos luchan denodadamente por que se cumpla la ley.
*Juan Carlos del Castillo, arquitecto, PhD en urbanismo
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