Cerrejón se va para Barranquilla, ¿y La Guajira?

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Celebramos que se esté dando este paso de trasladar la oficina principal de El Cerrejón de Bogotá a Barranquilla, pero esperamos y aspiramos que esta sea la escala técnica para que se le haga justicia a La Guajira trasladando su oficina principal a donde está su operación.

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Además de sorpresa, ha causado mucho revuelo y distintas reacciones la decisión que acaba de tomar la multinacional Carbones del Cerrejón Ltda. de trasladar su oficina principal desde la capital hacia el Distrito de Barranquilla.  Cerrejón opera el yacimiento más importante de carbón térmico en La Guajira y ocupa el segundo lugar después de Drummond tanto en volumen de producción como de exportación del mineral,

Según su anuncio, esta decisión estaba tomada desde el 2020, pero los trastornos y la interferencia en sus operaciones causado por la pandemia del Covid-19 la obligaron a diferir el trasteo. Se aduce como motivo principal para dar este paso que el mismo hace parte del “Programa de Transformación, con el fin de mejorar la integración y productividad del equipo administrativo y de apoyo a la operación”. Su propósito es concluir la implementación de este programa en el transcurso del 2022, es decir, se dará de manera paulatina. Así se le pondrá fin a 17 años de estar domiciliada en Bogotá.

Como antecedente, es importante recordar que el 17 de diciembre de 1976 se firmó el cuestionado contrato de asociación entre la estatal colombiana CARBOCOL e INTERCOR, filial de la petrolera EXXON, con una participación del 50% cada uno, en el cual quedó establecido que esta última sería  la operadora (ver Amylkar D. Acosta M. Glosas al contrato del Cerrejón. 19809. Desde entonces, CARBOCOL, creada el 16 de noviembre del mismo año, aunque abrió una oficina en Riohacha, fijó su domicilio principal en Bogotá e INTERCOR en Barranquilla, en donde permaneció hasta  el 2005, cuando el entonces Presidente de INTERCOR y antes Presidente de ECOPETROL Alberto Calderón tomó la determinación de trasladarse a Bogotá.

Huelga decir que para entonces el gobierno de Pastrana ya había dispuesto vender la participación de la Nación mediante el Decreto 020 del 11 de enero del 2000, como lo denuncié en un debate de control político en el Senado de la República, a precio de gallina flaca. Y no me equivoqué al hacer esta denuncia, puesto que mientras CARBOCOL vendió su 50% a INTERCOR en 1.4 billones de pesos constantes de 2008, esta a su vez vendió esta misma participación, su 50%, apenas un año después, por $3.8 billones, casi el triple (¡!) al consorcio integrado por tres empresas, a saber, la BHP, Anglo American y Glencore (Amylkar D. Acosta M. La venta de CARBOCOL: ¡una ganga! Noviembre, 25 de 2000/ Universidad de los Andes). Después de la recomposición de las participaciones en la empresa operadora de la mina a cielo abierto de mayor tamaño en Latinoamérica, en una movida reciente Glencore le compró su participación a sus socios y se hizo al control total de la empresa Carbones del Cerrejón.

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Aunque me opuse con pies y manos a la privatización del 50% de la participación de la Nación en la explotación de la mina El Cerrejón, pudo más la tozudez y el empecinamiento del Gobierno en enajenarla. Ante este hecho cumplido y aplicando el adagio popular de salvar del ahogado el sombrero, exigí que se le diera cumplimiento al artículo 23 de la Ley 226 de 1995 de enajenación de activos, en la cual dejamos establecido que siempre que se vendiera un activo de la Nación, esta se obligaba a invertir “el 10% del producto neto de la enajenación en la ejecución de proyectos de desarrollo regional” allí en donde se realiza “la actividad principal de la empresa cuyas acciones se enajenen”. Este beneficio fue para La Guajira, gracias a que tuvimos la previsión de modificar el texto de la ponencia que hacía referencia no a la actividad principal de la empresa sino a donde esta estuviera domiciliada, de modo que en este caso el beneficiario hubiera sido el Atlántico y no La Guajira. Así de importante es el domicilio principal de las empresas. Posteriormente la Ley 508 de 1999 modificó la Ley 226 de 1995, disponiendo que dichos recursos, en este caso $14.000 millones, debían tener por destinación el Fondo de pensión territorial (FONPET) del departamento de La Guajira, para garantizarle las mesadas a sus pensionados.

Pero esta no es la única ventaja que pudo haber derivado otra entidad territorial distinta de La Guajira por cuenta del domicilio de la más grande empresa que opera en el departamento. Además de que el centro de gravedad de la gestión de la empresa se ubica allí en donde tiene su domicilio, es allí en donde se pagan los impuestos por parte de la empresa, particularmente el registro mercantil y el impuesto de industria y comercio, que no es despreciable. De modo que celebramos que se esté dando este paso de trasladar la oficina principal de El Cerrejón de Bogotá a Barranquilla, pero esperamos y aspiramos que esta sea la escala técnica para que se le haga justicia a La Guajira trasladando su oficina principal a donde está su operación, su actividad principal, y por qué no, su razón de ser, porque de no existir El Cerrejón como yacimiento tampoco existiría El Cerrejón como empresa. Mientras ello se da, sea esta la ocasión propicia para que su compromiso y responsabilidad con nuestro departamento sea mayor, sobre todo en esta coyuntura en el que se aproxima su salida, propiciando una transición energética tranquila y justa. 

Ya no hay disculpas. En su momento se le denegó a La Guajira la oportunidad, como lo reclamamos desde la Cámara de Comercio, de instalar en la regional del SENA el Centro de entrenamiento cuando El Cerrejón empezó su operación, pretextando de que no se contaba con la infraestructura en materia de servicios. Pero, lo curioso fue que lo construyeron en los límites entre el Distrito de Barranquilla y Puerto Colombia hasta donde tuvieron que llevar todos los servicios porque carecían de ello. Y, ¿qué pasó? Que una vez cumplido su cometido, INTERCOR terminó donándole a la Universidad del Atlántico sus instalaciones porque ya no las necesitaban. De haber atendido nuestro reclamo, que se vino a sumar al de las requisiciones que le eran esquivas y siguen siéndolo para los proveedores locales, concentradas todas en Barranquilla, hoy, así como Boyacá cuenta con un Centro nacional de entrenamiento en minería de socavón en Sogamoso, La Guajira contaría con un Centro nacional de entrenamiento en minería a cielo abierto. Éstas han sido oportunidades malogradas por la miopía y la falta de un mayor compromiso empresarial con nuestro departamento. ¿Hasta cuándo?

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*Amylkar Acosta, ex Ministro de Minas y Energía, ex Director de la Federación Nacional de Departamentos, Miembro de Número de la Asociación Colombiana de Ciencias Económicas, @amylkaracosta

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