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La decisión que los gobiernos de ambas naciones adopten el 10 de enero tendrá una suprema importancia en el continente.
Así sigue siendo al día de hoy la posición de Brasil y Colombia respecto del resultado electoral venezolano del 28 de julio pasado: si al 10 de enero próximo no se ha podido validar el anuncio del ente electoral venezolano, no se reconocerá al señor Maduro como presidente de ese país y para que ello sea posible es menester que se presenten actas mesa por mesa y centro por centro.
Brasil, sin embargo, ha sido más frontal. ha manifestado ese gobierno a través de su cancillería, ya explícitamente, su inconformidad por la manera como la administración del señor Maduro ha incumplido su ofrecimiento de poner sobre la mesa las pruebas que comprueben lo que el señor Amoroso anunció. Esa incomodidad de Itamaraty ha quedado evidenciada en la negativa brasilera de permitir que Venezuela integre el BRICS y la explicación que al respecto diere el señor Amorín para justificar la misma.
Respecto de Colombia, la posición de la Casa de Nariño, dentro de ese país e inclusive desde Venezuela, para algunos -políticos y hasta académicos- es incomprensible.
Así, actores políticos a ambos lados de la frontera -y académicos en distintas partes del mundo- exigen reconocimiento pleno de un resultado distinto al anunciado por el señor Amoroso Sin embargo, es indudable que la posición del gobierno del señor presidente Petro es más compleja: en Venezuela no solo residen gran cantidad de colombianos que con su esfuerzo ayudan al crecimiento nacional sino que también hacen vida y no es poca cosa, grupos guerrilleros provenientes de la tierra de Nariño y Caldas, que tienen a nuestra tierra como aliviadero de sus tropelías y adicionalmente, el gobierno venezolano ha permitido que en su territorio se negocie la paz con el ELN, todo lo cual seguramente habrá de tomarse en cuenta para el 11 de enero próximo si las condiciones no han cambiado.
En todo caso hay un elemento común que, sin decirlo públicamente, creo que a ambos gobiernos preocupa en demasía y que por obvias razones diplomáticas omiten expresar.
Aceptar que un órgano electoral anuncie un resultado sin que pueda evidenciar el mismo, sentaría un precedente peligrosísimo para un gobierno democrático. Bastaría entonces la colusión de intereses entre órganos del poder y no la voluntad popular, para que el poder sea ejercido por quienes algunos quieren y no por lo que manifieste con su voto el ciudadano. Ese es el peligro latente respecto de Venezuela que los gobiernos del mundo están observando y esa es la gran preocupación de los gobiernos de los dos países fronterizos mencionados en la presente columna.
La decisión que los gobiernos de ambas naciones adopten el 10 de enero tendrá una suprema importancia en el continente, por la población migrante que de Venezuela en ambos países se encuentra, pero más aún, por el impacto que en la democracia continental tendrá la misma, dada la vinculación personal que, hasta la fecha, los presidentes Lula y Petro habían mostrado con el señor Maduro.
Las decisiones que un gobierno adopta no van en función de los intereses estratégicos de otra nación, van en el de los propios. Colombia y Brasil demostrarán cuales son los suyos el 10 de enero de 2025 si se mantienen inalterables las condiciones internas en Venezuela, respecto del resultado electoral anunciado el 28 de julio pasado.
*Gonzalo Oliveros Navarro, Abogado. Director de Fundación2Países @barraplural
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