Se aproxima la votación de la resolución de la Asamblea General que, desde hace 27 años, condena el embargo económico de Estados Unidos a Cuba. El voto a favor de Colombia está en veremos. En años anteriores, para estas fechas, el Gobierno nacional lo había anunciado de manera formal.

En enero de 2019, el atentado del ELN contra la Escuela de Policía dejó 21 muertos y unas relaciones bilaterales maltrechas. El gobierno de Colombia exigió de inmediato la entrega de los comandantes del ELN, que se desplazaron hacia La Habana desde Quito, cuando Lenín Moreno dio por terminados los buenos oficios de su país. La primera solicitud formal se oficializó en junio y la segunda a mediados de octubre. Cuba, invocando el respeto a los protocolos suscritos, ha rechazado hasta ahora la extradición de los comandantes guerrilleros y Colombia no ha ocultado su disgusto.

Auspiciada por Cuba, la resolución anual, titulada “necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América”, exhorta a los Estados miembros, no solo a abstenerse de impulsar bloqueos y promulgar leyes y medidas cuyos efectos extraterritoriales afectan la soberanía de otros Estados, sino también a derogar las que existen. Sin valor jurídico vinculante, acarrea alto peso político.

La resolución 47/19 obtuvo, en 1992, 39 votos a favor, tres en contra y 71 abstenciones y, poco a poco, la propuesta cubana fue ganando apoyo hasta que, en 2018, contó con 189 a favor, dos en contra y ninguna abstención. Se puede afirmar, entonces, sin temor a la equivocación, que existe un consenso internacional en contra del bloqueo a Cuba, que solo excluye a Estados Unidos e Israel.

Colombia ha votado a favor año tras año. En 1997, su embajador intervino así: “Creemos que, en una época en la cual la capacidad de acceder libremente al mercado internacional es de naturaleza tan vital para las posibilidades de desarrollo de los pueblos, es esencial la adhesión de todas las naciones a los principios de libertad de comercio y de navegación internacional.” De ahí en adelante, Colombia concertó su posición con los demás miembros de MERCOSUR. Este grupo, de manera consistente, señaló que el bloqueo constituye una violación a las normas de la Organización Mundial del Comercio.

De 2015 a 2017, la embajadora María Emma Mejía, de quien se dice obtendrá la dirección de la Oficina de Naciones Unidas para la Droga y el Delito (UNDOC) con el respaldo del gobierno de Iván Duque, reiteró que “Colombia no comparte este tipo de medidas que van en contra del desarrollo económico, comercial y del bienestar de la población” y enfatizó que el voto colombiano “evidencia nuestra posición con respecto a la no imposición de medidas coercitivas unilaterales de los Estados, con base en el derecho internacional y el apego a los principios de independencia política, libre determinación de los pueblos, y no intervención y no injerencia en los asuntos internos de otras naciones.”

Varias circunstancias se unen para augurar un viraje el mes próximo: la confrontación con Cuba, por un lado, que Colombia pretende irradiar a la región; la creciente subordinación de Bogotá a los Estados Unidos, por el otro; y las transformaciones en la política exterior de aliados estratégicos.

“Cuba debe elegir entre su relación con Colombia o con los criminales”, dijo Iván Duque. En el marco de la Asamblea General, el Canciller Trujillo fue más allá: amenazó con denunciar a La Habana ante las Naciones Unidas por el patrocinio de grupos terroristas, un hecho que prohíbe la Resolución 1373 del Consejo de Seguridad, tan evocada en estos días por Bogotá. ¿Una acusación podrá venir precedida de un acto de apoyo? No hay por qué ligar una cosa con otra, dirán muchos. ¿Querrá este gobierno mantener los asuntos por separado? Poco plausible.

En 2016, por primera vez, la Casa Blanca se abstuvo de depositar el voto contra Cuba. Faltaban pocos días para la entrega del poder y el presidente Obama se atrevió a sentar un precedente. Un año después, Donald Trump retomó el curso normal y, en 2018, presentó una serie de enmiendas. Solo en una ocasión un país lo había intentado: Australia, en 2006, cuando aspiró a introducir una cláusula que reconocía las válidas inquietudes de Estados Unidos. Esta vez se trataba de múltiples considerandos que expresaban preocupación (“expressing serious concerns”) por los arrestos arbitrarios, la ausencia de independencia judicial, los controles a la libertad y, en general, la grave situación de derechos humanos, y un párrafo resolutivo que le exigía a Cuba un proceso de rendición de cuentas. La Asamblea General las rechazó todas. Colombia se abstuvo en las enmiendas y puso su voto en favor de la resolución.

Estados Unidos parece dispuesto a intentarlo una vez más; ¿contará ahora sí con Colombia? Según lo anuncia el Canciller Trujillo, Colombia amenaza con solicitar la inclusión de Cuba en la lista de países que patrocinan terrorismo, en compañía de Irán, Corea del Norte, Siria y Sudán, de la cual Barack Obama la había retirado.

El 21 de octubre entraron en vigor nuevas restricciones de Trump que endurecen el embargo contra Cuba. Son tan draconianas que, por ejemplo, se prohíbe la venta a Cuba de productos que contengan un 10% de componentes estadounidenses. Constituyen un castigo a Cuba para que, en palabras de la Casa Blanca, “el régimen cubano sea responsable por la represión del pueblo cubano y su apoyo al régimen de Maduro en Venezuela”. Podemos asumir que cuentan con el respaldo del gobierno colombiano.

Es bien sabido que Colombia ha usado su posición en el Grupo de Lima para conseguir condenas en contra de la presencia del ELN en Venezuela. ¿Por qué no lo haría para arrinconar a Cuba? De cambiar su voto, Colombia no lo haría en soledad. El presidente Bolsonaro de Brasil ya anunció que romperá la tradición de casi tres décadas y votará en contra. ¿Se atreverá Colombia? O, ¿se irá por las medias aguas de una abstención?

En 1981, el presidente Turbay Ayala rompió relaciones con Cuba luego de acusar al régimen castrista de cooperación con el M-19. Desde el reinicio en 1991, nunca las relaciones han estado así de tensas. Trujillo niega una próxima ruptura. Pero algo igual de grave puede estar pensando. Es posible o, más bien probable, que Colombia use este impasse con La Habana como justificación para excluir a Cuba como país garante del Acuerdo de Paz con las Farc.

Así las cosas, ¿cuánto le podrá importar a Colombia una resolución?

Laura Gil, @lauraggils, politóloga e internacionalista, directora de La Línea del Medio

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