“Colombia podría ser una potencia forestal. De hecho, nuestro suelo tiene más vocación forestal que ganadera, pero la ganadería tiene gremio y políticos poderosos que la defienden.”

Ya era hora. Más vale tarde que nunca: los ciudadanos de Bogotá y Medellín nos sentimos preocupados por la calidad del aire que respiramos. Los candidatos a gobernar este par de ciudades se han tomado fotografías recogiendo basuras e interponiendo acciones judiciales para demandar de las autoridades acciones específicas frente a la contaminación del aire. Parece ser que las preocupaciones ambientales ya están cerca ser una prioridad en la agenda pública, al menos en las dos más importantes ciudades del país.

¡Qué dramático contraste! En días pasados, mientras en Europa miles de ciudadanos, la mayoría jóvenes, se daban cita en las calles y las plazas para protestar por la inacción de sus gobiernos frente al cambio climático, en Colombia también estábamos con los jóvenes en las calles, pero no para protestar contra la ausencia de medidas eficaces que nos garanticen un aire no contaminado sino para protestar por los obstáculos que Uribe y Duque le están poniendo a la JEP. Resulta que el Presidente más joven de la historia de Colombia en lugar de dar pasos hacia delante y convocarnos alrededor de una agenda de derechos de tercera y cuarta generación como lo son el derecho a gozar de un medio ambiente sano y a respirar un aire limpio, da tres pasos hacia atrás y nos devuelve al año 2016 para discutir si a Colombia le conviene o no un modelo de justicia transicional para cerrar un conflicto armado de medio siglo.

Los problemas en esta materia no se agotan en la mala calidad del aire de Bogotá y Medellín, también están por los lados de la Amazonía, nuestro mayor patrimonio en materia de bosque natural, en la que de acuerdo con el Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina, el año pasado se deforestaron 156.722 hectáreas. Varios congresistas han llamado la atención acerca de la tímida meta que, en el proyecto de Plan Nacional de Desarrollo, se ha propuesto el gobierno para controlar la deforestación. Eso sí, desde el gobierno y su círculo de amigos, insisten en que hay que asperjar con glifosato para erradicar los cultivos de uso ilícito porque sus extensiones y sus procesos de transformación en cocaína arrasan con miles de hectáreas de bosque y vierten químicos sobre nuestros ríos, como si el glifosato fuese inofensivo para el ecosistema. De acuerdo, talan el bosque para sembrar arbustos de coca y los químicos que se usan en los laboratorios terminan en nuestras fuentes hídricas pero la solución a través de glifosato es también una de aquellas que atentan contra el medio ambiente. Si la preocupación es el medio ambiente, ¿por qué no fortalecer el programa de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito? Según UNDOC, la resiembra es sustancialmente menor cuando la erradicación es voluntaria frente a la que se presenta cuando se trata de erradicación forzada.

Foto: Observatorio Ambiental de Bogotá

Colombia podría ser una potencia forestal. De hecho, nuestro suelo tiene más vocación forestal que ganadera, pero la ganadería tiene gremio y políticos poderosos que la defienden en tanto que aquella ni siquiera tiene gremio porque su actividad es apenas incipiente. Así las cosas, es al Estado a quien corresponde promover una política sostenible de desarrollo forestal que nos permita ofrecer servicios ambientales, generar empleo y sustituir de manera definitiva los cultivos de uso ilícito.

Es necesario y urgente que frente a la mala calidad del aire y la deforestación se pudiera construir un consenso mínimo nacional para luchar contra ellas. A diferencia del conflicto armado, estos son de aquellos problemas cuyas consecuencias sí afectan directamente a los colombianos de las grandes ciudades como a los colombianos de las zonas más apartadas del centro del País.

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