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Ha acordado el Gobierno del señor presidente Petro que su embajador en Caracas asista el próximo 10 de enero a la toma de posesión del señor Maduro como presidente de Venezuela para un nuevo sexenio.
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El anuncio se produce a posteriori de la declaración del canciller Murillo en la que informa que en Venezuela no había resultados presidenciales oficiales de lo que se deduce que los anunciados, no se compadecían con la normativa venezolana y la información que ofrecía la oposición no eran juridicamente validos, posición está jurídicamente impecable.
Si se parte de esta última declaración, la posición colombiana que fue decidida por la administración del Palacio de Nariño es contradictoria, pues no ha variado ni un ápice lo afirmado por el canciller.
Ciertamente que, a quien corresponde la dirección de las relaciones internacionales, es al presidente de la república y que su canciller es un ejecutor de la misma, pero es evidente que entre ambas posiciones existe una diferencia de 180 grados lo que es, cuando menos, notable.
La asistencia del representante de Colombia en Caracas al acto del próximo 10 es, nadie lo dude, un reconocimiento al resultado electoral anunciado.
Esa decisión implica adicionalmente el envío de una señal clara y fuerte para que, en el futuro, otros candidatos -en cualquier parte del mundo- se pongan en connivencia con el ente comicial y con las fuerzas armadas de su respectivo país, para que sea posible anunciar como ganador de una elección, a un ciudadano que no demostró que lo hizo con votos. Por lo que Colombia, obviamente, no tendría reparo en asistir al respectivo acto de asunción de quien se informó fue elegido, convalidando con su presencia el acto respectivo.
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Colombia es Estado parte de la Carta Democrática Interamericana. Esta prevé dentro de sus valores el ejercicio del poder sobre la base del estado de derecho.
La normativa electoral interna venezolana es muy clara: deben presentarse resultados acta por acta, mesa por mesa y centro por centro para que pueda proclamarse como ganador de una elección a determinada persona. Esa fue, de hecho, una exigencia de Colombia que no se cumplió y a pesar de ello, un representante gubernamental asistirá a la mencionada toma de posesión.
Colombia es un Estado soberano y como tal tiene el derecho de decidir lo que estime conducente respecto de la situación venezolana. Sin embargo, quien escribe, como venezolano, tiene en tal condición el deber de señalar, respetuosamente, la contradicción que se desprende de la decisión adoptada.
Debo advertir, finalmente, que no planteo en modo alguno, ruptura de relaciones. Ello fue una política que no ayudó a ninguno de los dos países, pero sí considero que, a veces, una ausencia es mucho más diciente que una presencia convalidatoria.
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*Gonzalo Oliveros Navarro, Abogado. Director de Fundación2Países @barraplural
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