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Al contrastar lo que ocurre con Venezuela, es inevitable observar la diferencia radical que respecto de la institucionalidad existe entre nuestros dos países.
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Esta semana, dos situaciones le permiten a uno establecer el contraste entre Colombia y Venezuela que pone de presente la calamitosa situación institucional venezolana y por el contrario, la fortaleza colombiana.
Moody´s, que es una institución calificadora de la situación económica de los distintos países de la comunidad internacional, mantuvo la calificación favorable que, a la presente fecha tiene Colombia. Según leo en el bogotano diario EL TIEMPO, la decisión se fundamentó entre otras variables, por el papel de las instituciones colombianas.
Así, textualmente afirmaron: “Durante el primer año de la administración del presidente Petro, los frenos y contrapesos institucionales han funcionado impidiendo una desviación importante de la gestión de políticas tradicionalmente prudentes de Colombia”, atribuyéndole esa conducta al congreso y a las cortes del país.
En paralelo, esta misma semana –antes de viajar a Caracas- estuvo de visita en Bogotá el señor Fiscal de la Corte Penal Internacional. En la oportunidad de reunirse con el señor presidente Petro, este le propuso que dicha instancia abriere una oficina en Colombia, lo cual fue rechazado por el visitante.
El argumento de este fue que las instituciones del país –creadas a instancias del Acuerdo de La Habana- y que están decidiendo lo atinente a delitos que regula el Estatuto de Roma cometidos con ocasión del conflicto interno colombiano, están haciendo su trabajo lo que conlleva que no sea necesario acceder a la solicitud presidencial, la cual así lo admito, en lo personal me sorprendió pues, en la práctica, implica un desconocimiento de los esfuerzos que está haciendo la Jurisdicción Especial para la Paz en atención a conocer y resolver los hechos que dicha instancia conoce.
En todo caso, al contrastar lo que ocurre con Venezuela, es inevitable observar la diferencia radical que respecto de la institucionalidad existe entre nuestros dos países.
Mientras el señor Fiscal de la CPI se abstiene de acceder a la solicitud colombiana, suscribe en Caracas –con el señor Maduro- un memorando que le permitirá abrir a su oficina una dependencia en la ciudad capital venezolana. Adicionalmente a ello, la calificación venezolana por parte de la citada institución económica es la más baja posible, al extremo que en atención a la recuperación de la deuda con vencimiento mayor de un año, la misma implica que “existen pocas posibilidades de recuperación”.
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Lo ocurrido esta semana evidencia de manera indudable, el gran problema que tiene Venezuela, mucho más que el económico, el institucional.
Independientemente que algunos países del mundo hagan negocios con quienes detentan el poder en Venezuela, es cierto que no hay confianza plena respecto de ellos y motivos tienen para ello.
A pesar del reconocimiento fáctico que se tenga del señor Maduro, es indudable que el mismo ni aporta confianza ni tampoco el la tiene y para esto baste poner de presente la forma y manera como él mismo, acostumbrado hace tan pocos años a viajar por el mundo, ha reducido sustancialmente su presencia fuera de las fronteras nacionales –amén de que no viaja en el interior del mismo- y cuando afuera sale, el término más benigno que pudiere utilizar es, con sigilo.
Igualmente, si se observa la situación del poder legislativo, el hecho que se mantenga –aún cuando evidentemente reducida- la bicefalía en esa instancia y a pesar de que uno de los órganos que afirman ostentar la representación impone internamente sus decisiones, no puede obviarse que el otro ostenta algún tipo de representatividad internacional lo que origina, cuando menos incertidumbre en la comunidad internacional.
Finalmente, la actuación de los más altos representantes del poder judicial así como de otros órganos vinculados de manera directa o indirecta a ese poder, respaldando con su accionar las actuaciones que se ejecutan desde el poder, el partido que lo sustenta o las bandas que en la calle lo respaldan, conspiran con la posibilidad de la recuperación nacional.
Una indiscutible conclusión derivada del contraste entre nuestros dos países es la de que es menester recuperar la institucionalidad de todos, absolutamente todos los poderes públicos venezolanos por lo que, mientras más tiempo retardemos el inicio de esa decisión, mayor será el efecto dañino sobre los venezolanos que en nuestra tierra internamente viven así como los que afuera nos encontramos, pues a todos nos afecta.
Si alguna tarea tenemos pendiente los venezolanos interesados en el cambio de nuestra situación, es la de ponernos de acuerdo en la necesidad imperiosa de iniciar la reinstitucionalización requerida. México es, en tal sentido, el lugar y momento idóneo para que ello comience a cristalizar, solo que ello depende, única y exclusivamente, de quien ocupa el palacio de Miraflores, de más nadie.
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*Gonzalo Oliveros Navarro, Abogado. Director de Fundación2Países @barraplural
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