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La modalidad de prestación de servicios, además de un vía crucis, se ha convertido en un desgaste administrativo y en una grieta por donde silenciosamente se pierden millones de recursos del Estado.
En cuanto a garantías para el trabajador se trata, el Gobierno tiene que dar ejemplo y exigirle a la empresa privada exactamente las mismas condiciones que el Estado provee a sus contratistas.
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Termina el año y más de 250.000 personas que trabajan para el Gobierno se quedan sin empleo, sin un ahorro suficiente y la enorme zozobra para enfrentar los gastos de comienzo de año.
La prestación de servicios es una bendición cuando se necesita el trabajo, pero a este modelo de contratación le falta un ajuste que le dé vida al Contrato Laboral Público.
El Contrato Laboral Público que propongo es una figura que garantice a quien le presta sus servicios al Estado, estabilidad laboral más allá del 31 de diciembre, la carga de la seguridad social compartida, la abolición de las engorrosas cuentas de cobro mensuales y un trato digno para miles de personas que hacen que lo público funcione.
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La modalidad de prestación de servicios, además de un vía crucis, se ha convertido en un desgaste administrativo y en una grieta por donde silenciosamente se pierden millones de recursos del Estado.
No exagero. Supongamos que los 250.000 contratistas del Gobierno ganan 2.000.000 de pesos en promedio y que cada mes destinan dos jornadas haciendo la cuenta de cobro y radicándola, estamos hablando de 400.000 millones de pesos que pierde el Estado anualmente en horas no laboradas.
Y así fuese sólo la mitad (aunque quien ha sido contratista sabe que hacer la cuenta de cobro y radicarla en un día es una utopía), Colombia no puede darse el lujo de perder 200.000 millones de pesos anuales por culpa de un modelo de contratación obsoleto.
Uno de mis más fuertes deseos en esta Navidad es hacer posible el Contrato Laboral Público y mejorar, desde el Senado de la República, las condiciones de más de 250.000 personas que en este momento no sienten más que zozobra.
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*Miguel Samper Strouss. Abogado de la Pontificia Universidad Javeriana, Mágister en Derecho Internacional y Mágister en Derecho Económico. Ex director de Justicia Transicional y ex Viceministro de Justicia. Candidato al Senado por la Coalición Centro Esperanza.
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