Convalidación de títulos: fracaso binacional

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Solo 1% de quienes pudieren convalidar sus títulos universitarios lo han hecho. Un fracaso general, no solo para Colombia, lo es sobre todo para Venezuela.

El sábado 16 de octubre, en nuestra columna “Venezolanos en Colombia: cifras esclarecedoras”, señalamos que, según lo informó el DANE, tan solo el 1% de quienes tienen títulos universitarios venezolanos han podido convalidar el mismo en esta tierra de Nariño y Caldas, lo que evidencia que algo no se está haciendo bien.

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El año 2018, a un poco más  100 días de estar ejerciendo la presidencia, el gobierno del señor Presidente Duque publicó el Documento Conpes 3950 contentivo de la “Estrategia para la atención de la migración desde Venezuela”. En éste, se reconoce que quienes pudieren convalidar sus títulos en la rama superior “no pueden obtener la documentación necesaria para iniciar el proceso de convalidación, tales como certificados legalizados y apostillados”. El referido documento pretendió solventar esa falencia  a través de la Línea de Acción 5 en dicho texto contenido, acordándose en él como solución,  la creación de un grupo temporal “dedicado exclusivamente a gestionar el proceso de evaluación de la convalidación de títulos” venezolanos. Los resultados evidencian que la medida fue insuficiente.

Dos años atrás, cuando el Ministerio de Educación publicó la Resolución 061087 del 9 de octubre de 2019 en la cual se regula la convalidación de títulos procedentes del exterior, afirmamos que dicho dispositivo no resolvía en modo alguno el tema de la apostilla de documentos, aplicables tanto a títulos venezolanos como a los de otros países, pues dicho instrumento insistía en solicitar que la documentación que se presentare tuviere esa característica, a pesar de que dicho requisito, tal como lo ha sostenido de manera reiterada la Cancillería de Colombia es potestativo del respectivo Estado. En tal sentido, como siempre hemos actuado, propusimos que, cuando menos entre Venezuela y Colombia se desarrollaren mecanismos alternativos que lo permitiere dado que el sistema de apostilla, aprobado a principios de la década de los sesenta del siglo pasado, era un sistema obsoleto visto el avance de la comunicación en estos tiempos, en los cuales de forma inmediata y virtual se podía hacer dicha validación.

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Es en ese escenario que, desde agosto del año pasado, tuvimos información que quienes representaban a la gestión Guaidó en Colombia habían decidido abordar ese tema y habían convenido con el Estado colombiano implementar estrategias de validación documental de nuestro país diferentes a los que exigía el ministerio  y es así como, en febrero de este año, tuve conocimiento personal que ya aprobado el acuerdo con Colombia se estaba implementando con quienes habrán de adecuar la plataforma tecnológica respectiva lo conducente para que se cumpliere el objeto propuesto. Luego, en agosto pasado, se me informó verbalmente que ya estaba todo prácticamente listo y fue por ello que me atreví a anunciarlo en un artículo como éste La apostilla: gestión positiva de Guaidó, olvidando – torpe de mí –  el aserto que aprendí de mis clases de publicidad en bachillerato según el cual “el producto se anuncia cuando está en el anaquel”.

Así las cosas, todavía hoy, ya casi entrando noviembre del 2021, a tres años del documento Conpes, a dos de la resolución sobre convalidación de títulos, a más de un año del anuncio del acuerdo en esa materia entre ambos gobiernos y ocho meses de que se suscribió la firma digital del embajador Guanipa para validar nuestra documentación seguimos igual y la consecuencia es, como lo reconoció el DANE, la ya referida. Solo 1% de quienes pudieren convalidar sus títulos universitarios lo han hecho. Un fracaso general, no solo para Colombia, lo es sobre todo para Venezuela. Los migrantes y el gobierno interino que, sabiendo que es la migración la única parte de la población venezolana en la cual puede incidir y con ello impactar positivamente al interior de nuestro país, no han sido capaces de hacerlo.

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En la medida en que estemos impedidos de convalidar nuestros títulos, médicos, ingenieros y abogados – por solo citar tres profesiones – continuaremos como meseros, rappitenderos o desempleados, impedidos en todo caso de poner nuestros conocimientos en beneficio de Colombia y de nuestras familias aquí y en nuestro país. Una pérdida para todos que solo con decisiones políticas – y eficiencia – puede ser revertida. Es una respetuosa sugerencia.

*Gonzalo Oliveros Navarro, Magistrado del Tribunal Supremo de Justicia. @barraplural

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