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El senador Guillermo García Realpe denuncia los abusos de las empresas de servicios públicos. Pone la lupa sobre CELSIA en Tolima.
En época de pandemia, son muchos los que le quieren sacar provecho a la contingencia, de carteles que acaparan todos los elementos básicos de protección a quienes ponen las ambulancias al servicio público de pasajeros para evadir la norma a los especuladores de los precios en los productos básicos de la canasta familiar y así en muchos otros sectores. Esto refleja, sin duda, corrupción a gran escala.
A nivel institucional, el panorama no es distinto. Muchos corruptos están de fiesta en varias regiones del país, contratando millonarios recursos para diferentes programas sociales encaminados a atender la crisis y, en medio de su “esfuerzo”, aprovechan para planillar mercados con sobrecostos, para beneficiar de ayudas a personas que no lo necesitan y ni qué decir de los millonarios recursos que se invierten en los Programas de Alimentación Escolar –PAE-, muchos de ellos que terminan dilapidándose y quedándose en los bolsillos de unos pocos inescrupulosos que juegan con el erario haciendo un festín con lo que es de todos.
También encontramos muchas empresas de servicios públicos que hoy juegan con la necesidad de la gente, abusando de las tarifas e incluso anunciando que van a promediar el pago de las mismas con meses donde no teníamos contingencia, afectando así a muchos sectores que hoy no tienen la misma capacidad de pago que en tiempos de normalidad. Me refiero a las empresas del servicio de energía, que han cometido muchos abusos en Colombia.
No solamente las hidroeléctricas han abusado del cargo de confiabilidad, también hace un par de años ocurrió la misma situación con las termoeléctricas, que obtuvieron recursos superiores a los $16 billones.
En medio de la crisis, ciertas empresas, como CELSIA en el Tolima, aprovecharon la interpretación del artículo 146 de la Ley 142 del 93 de servicios públicos para abusar de los comerciantes, de los hoteleros, de los restaurantes y, en fin, de la gente que se dedica a la prestación de servicios turísticos importantes en el sur oriente del Tolima, como Melgar, Carmen de Apicalá, Icononzo, Prado. Usaron el pretexto de que, como no podían revisar los consumos con personal presencial de la empresa, les iban a aplicar promedios de los últimos meses, es decir, de las temporadas altas, cuando hoy los establecimientos no tienen ocupación hotelera, ni los restaurantes la clientela habitual. Así, quería CELSIA cobrarles tarifas con promedio correspondientes a los meses de diciembre y enero, que son de altísima ocupación. Ese abuso no lo toleró la gente y, por eso, junto a varios dirigentes del Tolima impulsamos un debate en la última semana en la Comisión Quinta del Senado para exponer ésta y otras situaciones a la Ministra de Minas, a la Superintendente de Servicios Públicos, y al Director de la Comisión Reguladora de Energía y Gas.
No solo CELSIA en el Tolima, muchas empresas en Colombia han abusado con la trepada de las tarifas en los recibos de servicios públicos. Constantemente, recibimos quejas de situaciones similares en departamentos como el Cauca, el Huila, el Meta y en muchas más regiones donde las tarifas por estos días llegan por las nubes sin que haya poder humano para regular esas situaciones. Por eso, instamos a los organismos correspondientes a controlar y sancionar las alzas en el servicio de energía que se vienen presentando y denunciando a lo largo y ancho del país y, por supuesto, también pedimos que se apliquen los subsidios correspondientes a los estratos 1, 2 y 3.
El incremento en el valor del cargo fijo o en el valor del kilovatio que, en muchas regiones, prácticamente se ha doblado tiene que sancionarse. Para muchas familias que antes pagaban, por ejemplo, en promedio 80 o 90 mil pesos mensuales, ahora el valor del servicio se les duplicó. Según la Resolución 058 del 2020, las empresas que prestan el servicio de energía eléctrica no podrán realizar incrementos del valor del costo unitario, a menos que sean diferidos posteriormente.
En el caso de la compañía CELSIA, pues ya entró al radar del control del Ministerio de Minas, de la Superintendencia de Servicios Públicos , de la CREG y del Congreso de la República y hoy esa empresa tiene que rectificar y ofrecer mejor servicio – servicio de calidad – , sin abusos y con tarifas justas.
Estaremos muy atentos a hacerle seguimiento a este y otros temas de interés nacional, porque no es justo que hoy muchas personas, muchas empresas oportunistas se aprovechen del difícil momento de la gente para darles un golpe de gracia a sus bolsillos, debilitando aún más la precaria situación económica de las familias colombianas.
*Guillermo García Realpe, Senador, @GGarciaRealpe
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