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Lo que ha dejado ver la presente emergencia sanitaria es la actitud resiliente de nuestras economías campesinas y familiares y su enorme capacidad para satisfacer las necesidades alimentarias de todo un país.
En un escenario en el que no existe hasta el momento una vacuna que ponga fin a la pandemia del coronavirus, las medidas de autocuidado y distanciamiento parecen ser las formas más eficaces de protección. Las restricciones a la libre circulación ordenadas por los Estados parecen ser necesarias para aplanar la curva de contagios, e incluso algunas se justifican a la luz del derecho internacional y constitucional. No obstante, la preocupación porque estas medidas no interrumpan en gran manera el suministro de alimentos en todo el mundo, es alarmante. Según la FAO – Organización para la Alimentación y la Agricultura. – , el comercio agrícola mundial ha triplicado su valor en alrededor de 1,6 billones de dólares entre 2000 y 2016, lo que quiere decir que son las grandes superficies agroindustriales y las multinacionales las que ahora constituyen alrededor del 30% al 50% de los sistemas alimentarios en China, América Latina y el sudeste asiático y el 20% de los sistemas alimentarios en África y el sur de Asia.
Por tal razón, los sistemas alimentarios actuales son considerados altamente vulnerables, pues obtienen su abastecimiento de las importaciones y de las largas cadenas de suministros. Por ello, las medidas proteccionistas que prohíben o limitan las exportaciones de alimentos generan efectos importantes en los países que dependen de ellas. Para la ONU, más de 30 países en desarrollo podrían experimentar una hambruna generalizada si no se mantienen las cadenas de suministro y los programas de ayudas sociales no continúan ni se amplían para llegar a aquellos sujetos que en razón de la pandemia perdieron sus ingresos. Esto, por supuesto, sin tener en cuenta que en 10 de estos países más de un millón de personas ya se encuentran al borde de la inanición.
Ahora bien, según la DIAN, los productos que más importa Colombia pertenecen al sector agropecuario, alimentos y bebidas (aunque en mayo de 2020 se presentó una disminución de 8.1% en comparación con mayo de 2019 en ese mismo sentido). Por lo anterior, se podría concluir que el cierre de puertos y fronteras y las decisiones de algunos países de impedir las exportaciones se están viendo reflejadas en la escasez de alimentos y en el aumento de precios de los productos. Sin embargo, lo que ha dejado ver la presente emergencia sanitaria es la actitud resiliente de nuestras economías campesinas y familiares y su enorme capacidad para satisfacer las necesidades alimentarias de todo un país.
Aunque varias organizaciones campesinas desde el comienzo de esta coyuntura han expresado su temor porque la pandemia termine por profundizar la desigualdad histórica en la que siempre han vivido, las campesinas y los campesinos se han convertido en la principal fuente de abastecimiento del país, al registrar una producción mayor al 70%. De allí (y con razón), el llamado que hacen estas organizaciones de proteger al campesinado para proteger la vida.
Por supuesto, esto supone que el Gobierno y las autoridades territoriales, de manera conjunta y coordinada, adopten medidas urgentes que garanticen el goce efectivo de los derechos al mínimo vital, la salud, la vida y la integridad personal de las campesinas y campesinos, así como la implementación de estrategias que fortalezcan las economías locales a través del apoyo financiero, tecnológico y logístico. Esto con el propósito de mantener la producción de alimentos y las cadenas de suministros locales. No puede ser que, mientras que en las mesas de millones de hogares colombianos escasean los alimentos, en el campo millones de toneladas de frutas y verduras se pudren en los suelos de las fincas productoras por causa de los problemas logísticos que estas enfrentan. Según la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia, en el país se pierden 9.7 millones de toneladas de alimentos al año, una cifra que serviría para alimentar a cerca de ocho millones de colombianos todos los días durante un año. Lo preocupante de todo esto es que, de esa cifra, la producción agrícola aporta el 40% de los alimentos que se tiran a la basura anualmente, mientras que, en la distribución, se pierde un 21%, en la pos-cosecha un 17%, en los hogares el 16% y, finalmente, un 3% en el procesamiento industrial.
Para ir terminando, si de algo debería servirnos esta pandemia del coronavirus sería para repensar nuestros sistemas alimentarios actuales y el mundo en el que vivimos. Nos debería servir para cambiar la forma en cómo vemos a los menos favorecidos de la sociedad y el ambiente que nos rodea. Sin temor a equivocarme, esta coyuntura debería servir de ejemplo a los altos dignatarios para que se dieran cuenta cuáles son los verdaderos problemas estructurales de la nación, qué es lo realmente importa para nuestros conciudadanos y cómo resolvemos de forma efectiva la desigualdad económica y social en la que actualmente vivimos, que la pandemia podría profundizar aún más.
*Randy Pérez, abogado interesado en las disciplinas del derecho constitucional y los derechos humanos. Randy Pérez
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