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En el silencio y la desolación de las calles, circula el eco de las recientes manifestaciones públicas, cuyo coro se levantó exigiendo redefinir, reinventar políticas públicas de reconocimiento y priorización de lo doméstico, lo productivo, la colaboración social, la construcción y el manejo transparente de la información y la intervención del Estado en la economía en favor de las personas, de los niños, los jóvenes, los adultos y los ancianos.
Las mascarillas, frágil y desechable protección, son el símbolo de la magnitud de lo que nos está pasando, pues anuncian silenciosamente que todos estamos “en observación”. En su precariedad física nos revelan que, si los siglos XIX y XX se levantaron como un implacable movimiento de disolver todo lo sólido en el aire para favorecer la acumulación de riqueza, este siglo XXI ha empezado a disolver en el aire lo intangible, lo inmaterial de la dominación, desde las bases biológicas más íntimas y a plena luz del día, como otro episodio de una representación de la sociedad del espectáculo, tan aterradora como planetaria.
Detrás del sutil velo de la mascarilla como símbolo masivo de la crisis sanitaria, se evidencia que ya no dan más la ordinariez, la crueldad y la irracionalidad de las lógicas de la acumulación y de la especulación financiera, ni las profundas rupturas existentes entre el mundo del trabajo, la organización social, la concentración de la riqueza, las formas de apropiación de la naturaleza y los regímenes políticos llamados democráticos.
El rostro enmascarado de las multitudes de algún modo se corresponde con el encierro físico del grupo familiar en todo el orbe y, en esas formas extremas, se evidencia la trama de esta tragedia. Si el capitalismo se desarrolló sacando a las mujeres al mercado de trabajo y, ante la crisis de 1929, se asumió la protección social y de salud como algo público; en el cierre del siglo XX se dejó de “la mano invisible del mercado” la seguridad social y la protección de salud de los viejos y los niños, como una mercancía más. Ahora, enloquecido ese mercado por un virus, se ponen en suspenso sus dinámicas económicas, y se pide, no sin enfrentar la cínica indiferencia de los banqueros y de sus aúlicos, que el Estado salga al rescate de la vida y apoye a las unidades domésticas, ese reino de los valores de uso más primarios y esenciales asociados a la alimentación y el aseo, alrededor de las cuales se juega lo más profundo de la reproducción social, por supuesto de forma predominante a cargo de las mujeres, y en el caso de la economía popular, de la producción misma.
En el encierro está saliendo a flote y disolviéndose la otra dimensión del extravío histórico: la lógica patriarcal, removida y confrontada de hecho cuando la situación nos obliga a igualarnos en un recinto cerrado frente a las tareas más básicas de la convivencia. El termómetro de la acción pública resulta ser la comprensión de la fragilidad de la vida, de la complejidad del conocimiento y de la información pública, y de las corresponsabilidades cotidianas frente a ellas. En esas tensiones se revela que los extremos públicos y privados se tocan y que no son más que dos caras de la misma moneda.
Una de las cosas más reveladoras de la irrisoria y precaria lógica patriarcal de los actuales gobiernos del mundo, puestos al servicio de los negociantes y de las formas más atrasadas de la religión, es el cinismo del padrote y su ridículo desprecio por los bienes comunes, incluida la salud, por la fragilidad, la diversidad y la fugacidad de la vida, por los retos que la naturaleza le impone a la sociedad de hoy y la irracionalidad de su propuesta de rasgar las mascarillas y seguir como si nada. Súmele la paradoja de que su papel ha sido asumido en muchos casos por mujeres, quienes evidencian la realidad del patriarcalismo como una lógica de relaciones sociales y familiares y empiezan a disolver en al aire la apariencia de que se trata de un patrimonio exclusivo de los hombres.
Si los más obvios padrotes como Trump, Bolsonaro o Johnson muy rápidamente tuvieron que tragarse sus palabras respecto de que aquí no pasa nada más allá de que deben morirse unos cuantos para que todo siga igual, ahora, primero tímidamente y luego con más fuerza, otros han empezado a reclamar que la economía está por encima de la salud, sin asumir que la economía si algo ha sido es economía política, es decir, un conjunto de actividades cuyas lógicas de hecho siempre se han levantado en tensión con las realidades naturales y sociales que la posibilitan o limitan. Entonces, oponen las medidas del encierro a la continuidad de la acumulación, queriendo volver a una “normalidad” que precisamente ha sido la que ha llevado al extremo la disyuntiva de trabajo asalariado o muerte, en una crisis que revela ante todo las falencias de un modo de producción y de gobierno para el cual la sociedad no es ni debe ser más que el mercado.
Aquí han empezado a disolverse en el aire los roles tradicionales de género en el ejercicio del poder. Lo primero que desde el Fondo Monetario Internacional se dijo en esta crítica coyuntura es que los ancianos son el problema, con la paradoja de que se lo dijo por boca de la mujer que lo regenta. Y en un país provinciano como el nuestro, muy rápidamente se evidenció el ridículo papel de los sujetos más arcaicos del patriarcalismo dentro del bloque dominante: ciertas mujeres autoritarias como la ministra del interior y la vicepresident y como las hasta ayer histéricas senadoras del bloque dominante, sólo han aparecido durante las últimas semanas para dejar desnudas las limitaciones de este gobierno con su servilismo frente a los intereses económicos de los más ricos y a las manipulaciones mediáticas de una derecha que aún en medio de semejante crisis se obstina en reinventar la guerra fría y en cerrar formalmente las fronteras para dejárselas abiertas a los violentos grupos ilegales del contrabando y el exterminio de los liderazgos sociales e incluso para cuestionar que el Congreso sesione virtualmente.
La disolución de las apariencias está tocando fondo. Es palmario el choque de esas posturas frente a las sensibilidades de los gobiernos territoriales, empezando por el de Bogotá, por lo demás orientado por una mujer cuyo perfil personal encarna una rotunda contestación a dichos patriarcalismos, así incurra en ocasiones en posturas tan caprichosas como condescendientes con los intereses dominantes. Dichos gobernantes se han revelado en esta crisis como más sensibles a las prioridades de la vida y del cuidado del otro que la crisis está exigiendo y allí se revela su origen político, en todos los casos más cercanos a las aspiraciones de igualdad, paz, sostenibilidades ambientales, justicia territorial, diversidad y derechos humanos fundamentales esgrimidas por las nuevas ciudadanías en sus últimas expresiones masivas antes de la actual crisis de salud.
En tal sentido, es conmovedora y al mismo tiempo reveladora la delicadeza que retorna a nuestra gestión pública después de haber desaparecido desde hace décadas, evidenciada en la relativa prudencia con que los alcaldes de las grandes ciudades del país, hombres y mujeres, reafirman la importancia de la acción pública informada y documentada y la necesaria unidad de las autoridades públicas en esta situación a pesar de sus evidentes contradicciones con el gobierno central. Al mismo tiempo, asumen con firmeza decisiones sobre la oportunidad y la pertinencia de las medidas de la cuarentena, frente al enfoque de la presidencia de apoyar primero los intereses particulares de los grandes grupos económicos y enseguida despojar a los mandatarios locales de sus recursos territoriales a pesar de estar encargados de la salud en sus espacios de gobierno municipal y departamental. Y, luego, la vertical contestación de éstos frente a los titubeos y la ineptitud del aprendiz del embrujo y de quienes asumen desde la presidencia que la función del gobierno es ejercer autoridad porque sí, eludiendo la responsabilidad de protección de la vida como piedra angular de los derechos y de la vida pública.
Así, todos estamos asistiendo a una espiral de tensiones y contorsiones públicas que se disuelven en el aire con la trágica velocidad del contagio: esta tragedia, como aquella de la avalancha de Armero que sepultó momentáneamente la del Palacio de Justicia en 1985 y le dio un aparente plazo a la crisis del gobierno nacional de entonces, le ha dado un paradójico respiro a un gobierno y a un régimen político levantado y acorralado por la evidencia de sus mentiras, corruptelas y alianzas con lo más oscuro del narcotráfico y del mundo rural de la gran propiedad y los megaproyectos viales, mineros y forestales, y sus contubernios con el servicio de salud como un negocio privado.
Pero, ahora, desde el actual punto de partida paradojal de lo doméstico convertido al mismo tiempo en espacio de protección familiar y de reflexión colectiva, resulta inatajable que se trata de asumir decisiones orientadas por la necesidad de redefinir las lógicas económicas y de salud que venían predominando.
Las crisis en la vida personal y colectiva lo primero que hacen es poner a prueba las debilidades y las fortalezas de la forma cómo se ha estado viviendo hasta el momento de la emergencia. Y aquí y ahora se ha empezado a completar de forma negativa lo que la ciudadanía venía exigiendo en sus amplias y contundentes movilizaciones del año pasado y de comienzos de este año, en cuanto a medidas que se orienten a superar la abismal desigualdad social que hoy deja a toda la escala social expuesta frente al riesgo profundo del virus, la discriminación de los sujetos sociales que sostienen el edificio de la reproducción social, la irracionalidad del sistema de salud concebido como un negocio y como una mercancía y no como un servicio público, el absurdo de la privatización del agua y de su manejo mercantil, la injusticia territorial que ha llevado a desmantelar los bienes básicos de vastos territorios hasta el punto de que en más de la tercera parte del país no hay una sola unidad de cuidados intensivos, según la declaración de los gobernadores de los departamentos de la Amazonía colombiana, gracias a la lógica de la ley 100 que concentró de hecho estos servicios vitales en “los mercados perfectos” de las zonas de altos ingresos de las grandes ciudades, las lógicas de la sociedad de consumo y del espectáculo opuestas a las de la producción artística del sentido en el mundo y los límites de una naturaleza asediada por el cambio climático y las acciones criminales de quienes literalmente la están incendiando para ampliar sus potreros.
Así, ahora como un hecho incontestable, en el silencio y la desolación de las calles, desde la evidente caducidad e irracionalidad de lo que venía, ha empezado a circular el eco de las recientes manifestaciones públicas, cuyo coro se levantó exigiendo redefinir, reinventar políticas públicas de reconocimiento y priorización de lo doméstico, lo productivo, el trabajo y la colaboración social, la construcción y el manejo transparente de la información y la intervención del Estado en la economía en favor de las personas, de los niños, los jóvenes, los adultos y los ancianos.
Se evidencia que no todo puede seguir siendo lo mismo y que las salidas de la crisis se igualan con los replanteamientos de la economía y de las políticas que venían imperando, justamente como estrategia de choque frente a las formas extremas de la crisis de salud pública.
Pero allí se revela la obcecación y la incapacidad del gobierno nacional y de la élite político-mafiosa que lo apoya, los cuales se empeñan en despreciar lo que el país mismo ha venido construyendo para encontrar salidas, empezando por las propuestas vigentes para superar la ley 100 y transformar la lógica mercantil de la salud como un negocio y no como un derecho fundamental y, siguiendo con el apoyo al campesinado para garantizar la producción y el abastecimiento de alimentos, el fortalecimiento de la economía popular urbana más allá de medidas asistencialistas para generar empleo e ingresos, la redistribución de la riqueza con un régimen de impuestos que grabe a los más ricos de forma radical y progresiva, la justicia territorial y el cambio en la lógica del modelo de desarrollo financiero y exportador de bienes primarios y la aplicación de la agenda ambiental de transformación del modelo energético y la adaptación frente al cambio climático.
Y, por supuesto, todo eso pasa por desatar el nudo de los conflictos nacionales, de la reparación de las víctimas y de la construcción de la memoria, aplicando el Acuerdo de Paz, cuyas virtudes y honduras sociales y públicas son cada vez más evidentes en este disolverse en el aire del mito sobre la importancia fundamentalista de la economía, la cual va mal precisamente cuando el país también está mal.
* Hernán Darío Correa Correa, sociólogo. Tiene estudios de derecho, es ensayista y autor de varios libros sobre sociedad, cultura, medio ambiente y derechos humanos en el país. Editor literario y documentalista de televisión y además es docente universitario sobre interculturalidad, medio ambiente y desarrollo sostenible.
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