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Recomendaría a quienes quieran optar por el voto en blanco que exploren si están motivados por consideraciones razonables o si se trata de una reacción visceral basada en añejos prejuicios anticomunistas.
En los últimos años, el concepto de “racismo estructural” ha invadido la agenda política de los Estados Unidos. Con ese concepto, se transmite el mensaje de que el racismo en Estados Unidos no es una manifestación de algunos individuos o grupos sociales. Se trata de una discriminación que permea casi todas las instituciones y encuentra intenso arraigo en la cultura, con lo cual se dificulta aceptar su existencia y hacer intentos para superarla.
Parafraseando el concepto, en Colombia podría hablarse de un anticomunismo cultural, herencia de la Guerra Fría. Nuestras élites políticas y sociales se apropiaron, sin mayor crítica, del propósito de impedir el establecimiento de regímenes comunistas que obsesionó a los Estados Unidos después de la II Guerra Mundial. En nuestro hemisferio, ese propósito adquirió una particular virulencia por ser nosotros el “patio trasero” de los Estados Unidos y debido al pánico que generó el triunfo de la Revolución Cubana a pocas millas de las costas de la Florida. Los famosos trece días de la crisis de los misiles (1962) entre la Unión Soviética, Cuba y los Estados Unidos contribuyeron a atribuirle al comunismo el carácter de una amenaza existencial.
Las guerrillas marxistas, leninistas y maoístas, que imperaron en nuestro país, no hicieron otra cosa que alimentar el miedo de las élites, de las clases medias y de algunos sectores populares a la toma violenta del poder. Su presencia propició el desarrollo del concepto del “enemigo interior” que ha dominado la doctrina militar y policial contrainsurgente. También impidieron el desarrollo y crecimiento de partidos o movimientos de izquierda democrática, siempre estigmatizados como cómplices de la subversión.
La exitosa desmovilización de las FARC-EP tras la negociación de un acuerdo de paz explica en gran medida la emergencia de un movimiento de izquierda con alta probabilidad de conquistar la presidencia. Esa circunstancia ha alborotado en esta contienda electoral los demonios propios del anticomunismo, ahora denominado populismo o simplemente izquierdismo. En la ultraderecha uribista, la amenaza de una posible derrota electoral se acrecienta al constatar que sus relatos catastrofistas han perdido eficacia discursiva: Castro y Chávez (q.e.p.d) quedaron en el pasado, las FARC-EP ya no pueden tomarse el poder por la vía armada y la retórica de identificar la democratización con la expropiación no convence a los sectores populares que han sido expropiados por la fuerza o por la inoperancia política del gobierno de Duque durante la pandemia. La propuesta de oportunidad y orden del candidato Fico suena a más de lo mismo: el desastroso gobierno de Uribe por interpuesta persona.
La ultraderecha, no obstante, ha desplegado el plan B para conservar el poder. Se trata de la violación tramposa de las reglas del juego electoral: a) modificación irregular de la ley de garantías; b) desconocimiento descarado de las reglas constitucionales que limitan la participación política electoral de altos funcionarios públicos, empezando por el Presidente y por el Comandante del Ejército y c) la aplicación selectiva y sesgada del poder sancionador del Estado a través de la Procuraduría con clara violación de lo establecido en la Convención Americana y en sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Estos comportamientos desconocen el Estado de derecho, convertido en rey de burlas, y trastocan el principio de la democracia electoral: reglas ciertas para resultados inciertos.
La alusión a las vías de hecho se empieza a esbozar de muchas maneras: el rumor de un posible aplazamiento de las elecciones sobre la base de que el Registrador, escogido por el mismo uribismo, es incompetente. Como dice el senador Velasco, apuntar a reemplazar al Registrador a escasos 10 días de la primera vuelta, es “jugar con fuego” y aplazar las elecciones sería lanzar una bomba incendiaria. En esas andan Uribe y Pastrana. De hecho, después de las elecciones al Congreso, Uribe trinó “Miles denuncias de votantes, cuyos votos no aparecieron; Denuncias sobre jurados; Discrepancia mayor en conteos y reportes. No está clara la legitimidad del nuevo Congreso”. ¿Será este trino un anticipo de la estrategia Trumpista del falso fraude electoral? ¿Será ésta la nueva táctica para “hacer invivible la república”? Ya sabemos que el uribismo tiene serias dificultades para aceptar cualquier derrota política.
Algunos empresarios, como Sergio Araújo, han querido incidir en el proceso electoral de manera brutal, amenazando con el despido a aquellos de sus empleados que se atrevan a votar por Petro; por su parte, el gerente de Colanta, Sergio González Villa, promueve una movilización de proveedores en apoyo de Fico. Hay también cosas grotescas como el video en el cual Mario Hernández presenta a unos lánguidos y humillados caddies de su club de golf representando el apoyo popular a Fico. ¿Cabrán estas conductas en el delito de constreñimiento al elector?
Todos estos hechos envían el claro mensaje de que, en esta coyuntura, el uribismo y la ultraderecha no están en disposición de someterse a los límites constitucionales, legales, y políticos. Se trata de la reedición del fantasma del comunismo que tantos fraudes electorales, sangrientos golpes de Estado e intervenciones solapadas o militares justificó a lo largo del siglo XX en nuestro hemisferio. Por lo demás, como decía un congresista demócrata, refiriéndose al asalto al Capitolio por las turbas de Trump, “no les interesa la democracia sino el poder”.
La cultura del anticomunismo atraviesa las fronteras sociales y partidistas y afecta también a algunos individuos, columnistas y sectores sociales, que se consideran liberales y progresistas. Desde luego, hay muchas diferencias entre la doctrina liberal y las posiciones más radicales de la izquierda, pero en muchas opiniones de ciertos progresistas se percibe un rechazo casi patológico frente al candidato Petro. Se lo ataca, no sólo por su programa, por insensato e inviable, sino también por su personalidad. Muchos de esos analistas progresistas no lo rebajan de psicópata, megalómano, guerrillero sanguinario y otros calificativos que no le aplicarían a otros contradictores con mayores merecimientos de los partidos tradicionales.
Basta ver la reacción que produjeron las declaraciones de Alejandro Gaviria refiriéndose a su posible voto para Petro en la segunda vuelta. Fue algo así como si hubiera cometido una herejía, una verdadera transgresión.
Los que apoyamos a Sergio Fajardo sabemos que, en la coyuntura actual, es la mejor opción para liderar un cambio profundo, gradual y cuidadoso. Pero en caso de no pasar a la segunda vuelta, vale la pena explorar con cabeza fría cuál es la opción que ofrece mejores condiciones para democratizar al país, permitiendo que sectores sociales ancestralmente marginados y excluidos puedan tener una verdadera opción de progreso político y social. Personalmente, no dudo que esa mejor opción B es Petro y, por ello, no votaría en blanco. Además, recomendaría a quienes quieran optar por el voto en blanco que exploren si están motivados por consideraciones razonables o si se trata de una reacción visceral basada en añejos prejuicios anticomunistas.
*Juan Carlos Palou. Abogado, analista de políticas públicas.
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