La primera reacción del Gobierno a la decisión del actual presidente del Congreso de revocar la actuación de su antecesor es, francamente, deplorable.

Esta semana seguramente se cerrará la larga novela política y jurídica que se inició hace poco más de dos años con los 50 votos que obtuvo el proyecto de acto legislativo de creación de 16 curules para las víctimas del conflicto en los 170 municipios de Colombia más afectados por la guerra, cuyos habitantes históricamente han estado subrepresentados en el legislativo. En ese momento, en forma equivocada, el entonces Presidente del Senado consideró que esos votos no eran suficientes para su aprobación, desconociendo varios pronunciamientos de la Corte Constitucional que definían claramente esa discusión. El entonces MinInterior demandó esta decisión ante el Consejo de Estado y, en ese mismo proceso que completa dos años, ya el propio presidente actual de la corporación, Lidio García, en una decisión valerosa, ajustada a derecho y comprometida con la paz y las víctimas, decidió acoger las pretensiones de la demanda y revocar la actuación de su antecesor.

La primera reacción del Gobierno es, francamente, deplorable. Demuestra ignorancia, mala fe, o las dos al mismo tiempo. El Alto Comisionado para La Paz, Miguel Ceballos, salió de inmediato a atacar la posición del Presidente del Congreso con argumentos falaces e insostenibles. En primer lugar, desde lo jurídico, señaló que el Senado no podía revocar directamente su decisión anterior, con base en fallos de la Corte Constitucional posteriores a ese momento. Desconoce el funcionario que hay fallos anteriores de la misma Corte que, con toda claridad, concluyen cómo se debe definir la mayoría y dan la razón a la decisión reciente del Presidente del Senado. También ignora el funcionario que ya el Consejo de Estado citó a audiencia de conciliación al demandante y demandado porque están de acuerdo y entonces desaparece el objeto de la discusión.

Y, desde lo político, el arma que pretende utilizar el Alto Comisionado es absurda y falsa. Afirma en sus declaraciones que las víctimas no fueron escuchadas durante el trámite de la iniciativa en el 2017. Desconoce así de manera olímpica que en la Ley 1830 del 2017 se incluyó un parágrafo que otorgó vocería a la mesa nacional de víctimas en todas las sesiones del Congreso donde se discutieran proyectos relacionados con el Acuerdo de Paz, que tuvieran incidencia en las víctimas. Hay entonces decenas de actas oficiales, videos y audios del Congreso, que desmienten al Alto Comisionado.

Más allá de esta polémica, lo cierto es que en los próximos días llegará al escritorio de Duque el acto legislativo que hace justicia con las víctimas y los territorios más afectados por el conflicto armado. El Presidente tendrá entonces la oportunidad de demostrar que realmente está interesado en avanzar en la implementación del acuerdo, promulgar sin dilaciones la norma y convocar a los colombianos genuinamente a unirnos en este propósito. O, por el contrario, pondrá insistir en la posición de la línea radical de su partido y abrir un nuevo debate para enredar y dilatar, que terminará para el Gobierno de la misma manera que el de las objeciones presidenciales a la JEP: con la obligación constitucional de promulgar la reforma constitucional porque jurídicamente no puede objetar un acto legislativo.

Ojalá el jefe de Estado se pueda liberar de los fanáticos de su partido y actuar con buen juicio, sensatez y conforme a la ley. Sería lo justo con la gente que sufre en los territorios, en donde precisamente ahora se amenaza y asesina a líderes sociales y ex combatientes de las FARC por el solo hecho de defender la paz, la sustitución social de cultivos ilícitos o la restitución de tierras. Negarse a promulgar las curules para las víctimas acudiendo a leguleyadas o insistiendo en forma terca en la insostenible tesis con que engañaron a los colombianos en la campaña del plebiscito de que éstas serían curules para las FARC, sería una nueva y garrafal equivocación de Duque, comparable con las objeciones a la ley estatutaria de la JEP, que lamentablemente confirmaría a los colombianos la tesis de que el Presidente de la República está atrapado por el ala radical de derecha de su partido. Amanecerá y veremos.

* Juan Fernando Cristo, @cristobustos, ex Ministro del Interior y ex Senador

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