Antes de revisar el comportamiento del agresor, se le atribuye la responsabilidad a la víctima del abuso. ¡Dilan se lo buscó! 

El 26N, en el programa de la mañana Blu Radio, Daniel Mera (@DanielMeraV), columnista de El Espectador, sostuvo dos planteamientos que vale la pena analizar críticamente: en primer lugar, señaló que “demasiados jóvenes están yendo a confrontar con la policía tomando el riesgo de lo que pase”. En segundo lugar, indicó insistentemente que el ataque del ESMAD en el que resultó muerto Dilan Cruz es consecuencia de la violencia que este mismo desplegó minutos previos al impacto que, finalmente, lo dejó sin vida.

Este tipo de afirmaciones refleja dos serios problemas relacionados entre sí que, además, son recurrentes en Colombia: por un lado, el sesgo con el que aún se evalúan las conductas de quienes deciden marchar, incluso si deciden hacerlo pacíficamente. La protesta social sigue estando profundamente estigmatizada en el país. Se admite socialmente si y solo si no produce ruido, si no genera incomodidad, si no perturba la cotidianidad. Y esto, por supuesto, desconoce que la protesta social, además de ser un canal de deliberación democrática y un derecho fundamental es esencialmente disruptiva. Por otro lado, las afirmaciones de Mera reflejan la precariedad de la discusión en Colombia sobre los excesos de la fuerza pública en este tipo de protestas. A continuación, me referiré especialmente a este último punto:

El primer planteamiento de Mera esconde un argumento solapado que es tristemente recurrente en el debate público y que puede resumirse de manera simple: ¡Dilan se lo buscó! En ese sentido, sugiere Mera, la responsabilidad sobre lo ocurrido recae sobre el propio Dilan y no sobre quien accionó el arma por la que murió. Muchas personas contrarias a las protestas de los últimos días se han pronunciado en la misma dirección. Unos argumentaron, con una alta dosis de indolencia, que a la hora en que ocurrió el atentado muchos jóvenes estaban juiciosos en sus casas y que, en consecuencia, en estos momentos estaban vivos. Otros agregaron insistentemente que la responsabilidad estaba en los padres de Dilan por no adoptar las medidas necesarias para impedir que su hijo hiciera parte de las manifestaciones. Para unos y otros, y para Mera, el problema ni siquiera es la desproporción en el uso de la fuerza en contra de los manifestantes. Al retirar los eufemismos, el argumento oculto es que, si ellos se exponen, de ellos es la culpa de lo que pueda pasarles. En palabras del excandidato presidencial Rafael Nieto, ellos mismos se convierten en un blanco legítimo de la fuerza pública.

Este tipo de concepciones tiene un impacto directo en la forma en que, como sociedad estamos normalizando e invisibilizando los excesos de la policía. Antes de revisar el comportamiento del agresor, se le atribuye la responsabilidad a la víctima del abuso. Si se hace una analogía, ese argumento tiene la misma estructura de aquel que sostiene que, si una mujer usa determinado tipo de ropa y es objeto de algún abuso o violencia, es su responsabilidad por exponerse e incluso provocar al agresor. Como ha señalado la Corte Constitucional, este tipo de interpretaciones que descargan la culpa del agresor en la víctima generan violencia institucional. Además, son problemáticas pues asumen que las víctimas tienen un deber de prevención desconociendo que la manera de prevenir esa violencia es que el agresor no agreda. Así como no se le puede exigir a una mujer que para evitar una violación deje de salir a la calle o imponerle que se vista de determinada manera, tampoco se le puede exigir a un manifestante que, para que no sea víctima de un ataque (o para que no sea asesinado), no salga a protestar.

Para el caso concreto de las manifestaciones de los últimos días, culpar al agredido no nos ha permitido ahondar en respuestas a preguntas delicadísimas para evaluar asertivamente el papel de los agentes del ESMAD y de aquellos de donde provienen las instrucciones que estos reciben. Por ejemplo, ¿quién dio la orden de dispersar todas las concentraciones -incluidas las pacíficas- que se llevaron a cabo el pasado sábado en el centro de la ciudad? ¿Por qué no se respetaron los protocolos de distancia entre los agentes del ESMAD y los manifestantes para hacer el tipo de disparos por los que murió Dilan? Si la finalidad era dispersar la concentración de manifestantes, ¿cómo es que una granada de gas lacrimógeno terminó impactando en la cabeza de Dilan? Ahora y más importante aún, ¿se trató, en efecto, de una granada de gas lacrimógeno? ¿Qué tiene para decir la policía nacional sobre las acusaciones que circulan en redes sociales que señalan que el ESMAD ha manipulado su armamento para hacer más daño a sus objetivos con casquillos “recalzados” o material de metralla envuelto en un trapo amarrado a granadas aturdidoras? ¿Uno de estos artefactos no convencionales fue el que impactó a Dilan? ¿Qué nos dicen sobre los lamentables hechos ocurridos el sábado las grabaciones que, de sus procedimientos, hacen los propios agentes del ESMAD?

Daniel Mera, sin siquiera reflexionar sobre estos interrogantes, explicó la conducta del ESMAD como una especie de respuesta proporcionada señalando que hay un video en el que, presuntamente, Dilan Cruz les devolvía un cartucho de gas lacrimógeno. No existe certeza sobre la veracidad de esta última afirmación; sin embargo, de ser cierta, si Dilan arrojó de vuelta el cartucho ello significa que, en cualquier caso, los miembros del ESMAD lo enviaron primero a los manifestantes quienes, a diferencia de ellos, no cuentan con máscaras de protección. Es importante tener presente que la fuerza y la capacidad de la policía no es equiparable a la de los manifestantes. Que tampoco se trata de una relación amigo – enemigo. Incluso en estas situaciones, la policía está en posición de garante, por lo cual no puede apuntar a los manifestantes como si fueran objetivos militares. Así las cosas, todos aquellos que piensan como Daniel Mera podrían preguntarse nuevamente, con base en estos criterios e interrogantes, si la muerte de Dilan fue una respuesta proporcionada de la fuerza pública. Hacerlo es un asunto de mera empatía.

*Profesor de la Universidad Nacional de Colombia y miembro de IusDigna, una corporación sin ánimo de lucro que agrupa a profesores y profesoras universitarios comprometidos con la realización de los derechos protegidos por la Constitución Política de 1991 y los tratados internacionales de derechos humanos y derecho internacional humanitario. www.iusdigna.org – @Ius_Digna

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