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Como es bien sabido, el año anterior el Gobierno nacional presentó al Congreso de la República para su trámite el proyecto de ley de “financiamiento” que, como lo calificaron el ex ministro Guillermo Perry Rubio y el Presidente de Asociación Nacional de Instituciones Financieras Sergio Clavijo, era más bien de desfinanciamiento. Y no les faltaba razón, pues lejos de arbitrarle mayores recursos al fisco la misma erosiona la base impositiva otorgando con largueza a las grandes empresas gabelas adicionales a las otorgadas con antelación[1].
El contenido de este proyecto de ley lo delataba, pues de lo que se trataba era de aprobar la 16ª reforma tributaria de los últimos 28 años. Pero, por aprobarla en volandas al cierre de las sesiones del Congreso en diciembre pasado se saltaron a la torera la norma prescrita en la Ley 5ª de 1992, que reglamenta su funcionamiento, así como los debates de los proyectos. Por esta razón y al considerar viciado el procedimiento que se siguió en su trámite la Corte Constitucional declaró su inexequibilidad. No obstante, en aras de no generar un traumatismo mayor, la Corte moduló su fallo, extendiendo la vigencia de dicha Ley 1943 de 2018 hasta el 31 de diciembre de este año, fecha esta en la que expirará, dando pábulo para que se tramitara nuevamente.
El Ministro de Hacienda y Crédito público Alberto Carrasquilla anunció entonces que presentaría de nuevo a la consideración del Congreso de la República el mismo texto y le pidió a este que no le cambiara ni una coma, es decir que el Congreso se abstuviera de debatirlo, cuando precisamente la Corte Constitucional tumbó la Ley porque en su último debate en la plenaria del Senado no fue debatida. Esta vez el Ministro Carrasquilla llamó sin ambages las cosas por su nombre, esto dijo: “acabamos de radicar el proyecto de reforma tributaria, esperamos con mucho entusiasmo que se inicien los debates para que rápidamente podamos tener una ley de tributación en línea con lo que se aprobó el año pasado”[2], en el cual terminó introduciendo modificaciones a 47 artículos de la Ley de marras.
Como carta de presentación de esta reforma tributaria 2.0 y para salvar las apariencias se habla de una Ley de crecimiento, para engañar incautos, cuando la verdadera finalidad de la misma es asegurarle a las grandes empresas los beneficios logrados por ellas en la Ley a la que se procura extender su vigencia más allá del 1º de enero de 2020. En ello se parece la una a la otra como una gota de agua a otra gota de agua. Lo más preocupante es que esta reforma es de la misma estirpe de las anteriores, que no han contribuido a la redistribución ni a la equidad en la medida que acentúa el carácter regresivo del Estatuto tributario. A ello han contribuido el aumento sucesivo del IVA, impuesto indirecto y regresivo por excelencia, que pasó del 3% como tarifa general en 1963 al 19% que se decretó en la reforma tributaria de 2016 y la proliferación de gabelas tributarias a favor del capital.
No hay que llamarse a sorpresa, entonces, cuando la Comisión de expertos para la Equidad y la Competitividad Tributaria concluye que “el sistema tributario no es progresivo o equitativo verticalmente, pues quienes tienen mayor capacidad de pagar impuestos no aportan relativamente más que aquellos con menores posibilidades”[3]. Ello contraría lo dispuesto por la Constitución Política en su artículo 363, que consagró los principios de equidad, eficiencia y progresividad que deben caracterizar el Estatuto tributario. Y, de contera, al comparar los países que hacen parte de la OCDE, Club exclusivo al cual ingresó Colombia recientemente, mientras en ellos el Gini de la distribución del ingreso antes y después de impuestos y transferencias pasa de 0.47 a 0.30, cae el 26% (¡!), en Colombia permanece estático en el 0.51[4]. Por ello, no es de extrañar que Colombia siga siendo el país más desigual de Suramérica, el segundo en Latinoamérica después de Haití y el cuarto en el mundo (¡!). Y la desigualdad es uno de los factores que más está contribuyendo, sirviendo de catalizador, al descontento y a la inconformidad que se viene poniendo de manifiesto con la eclosión de la conflictividad social[5].
OTRA VUELTA DE TUERCA
Este proyecto no se contenta con mantener las onerosas gabelas impositivas a las grandes empresas, que siguen vigentes y que no son pocas, sino que las amplía generosamente. Las exclusiones, deducciones, exenciones y descuentos tributarios[6] en vigor, 229 según el inventario de la DIAN, las cuales, según reporte de la misma al Ministerio de Hacienda para el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) de 2018, le abren un boquete al fisco nacional del orden de los $60 billones anuales, de los cuales $13 billones corresponden a impuesto de renta[7]. Con razón, después tantas reformas tributarias, una cada 18 meses, el recaudo apenas sí pasó de 4.1% del PIB en 2000 a 5.3% en 2016. Y lo más preocupante, por no decir alarmante, que dichos beneficios fueron blindados a través de los contratos de estabilidad jurídica, amparados en la Ley 963 de 2005.
Con la reforma que se debate, con mensaje de urgencia, en el Congreso de la República, se le da otra vuelta de tuerca a un sistema impositivo regresivo y profundiza la inequidad. Y no es para menos, toda vez que el costo fiscal del cúmulo de nuevos beneficios tributarios contemplados en la misma supera los $9 billones. Entre las nuevas gabelas tributarias se cuentan: la reducción de la tarifa del impuesto de renta corporativo desde el 33% al 30% en 2022 y cada punto porcentual representa $1.2 billones. Descuento del IVA a la importación de equipos y maquinaria, con un costo aproximado $6.5 billones. El descuento del 50% del impuesto de industria y comercio (ICA) entre 2020 y 2021 y del 100% a partir de 2022, el cual, según el Ministerio de Hacienda, le costará al fisco $1.7 billones en 2020 y 2021 y más de $7 billones a partir de 2023. A ello, habría que añadir el 50% del gravamen de movimientos financieros (GMF), más conocido como el 4 X 1.000, que será deducible también del impuesto de renta[8]. A ello se viene a sumar la eliminación gradual de la renta presuntiva al 0.5% para 2020 y 2021 y su eliminación a partir de 2022. Así las cosas, nos parece demasiado optimista el cálculo del Ministro Carrasquilla según el cual con esta reforma tributaria 2.0 se recaudará el año entrante $11.4 billones más[9], cuando el recaudo esperado con la que se está refrendando a duras penas era de $7.3 billones(¡!).
NI CRECIMIENTO NI EMPLEO
Huelga decir que para la aprobación tanto estas gabelas impositivas como las que se otorgaron en el pasado, siempre se adujo que tienen como motivación principal el mayor crecimiento de la economía y la generación de empleo. Sin embargo, aunque el Gobierno se solaza y se ufana porque la economía colombiana está creciendo por encima del promedio de la región y de la economía global, no se puede perder de vista que el crecimiento potencial del PIB en Colombia pasó del 4.8% en 2012 al 3.5% en 2018 y lo que es peor en los últimos cuatro años el débil crecimiento del PIB ha estado por debajo de este menguado crecimiento potencial.
Como lo advierte el ex ministro Carlos Caballero Argáez, hay que recibir con beneficio de inventario la cifra del crecimiento reportada por el DANE del 3.2% en el acumulado de los tres primeros trimestres. Según él “los sectores que crecen son el financiero, el comercio, la administración pública, las actividades profesionales, las inmobiliarias y las artísticas”[10]. Entre tanto, la industria manufacturera sólo crece un anémico 1.5%, minas y petróleo 1% y la construcción en baja con el – 2.6%. Se pregunta y con razón el ex ministro Caballero, acaso “son estos motores de crecimiento sostenibles en el tiempo? ¿O estamos experimentando una situación muy particular, impulsada por el consumo de los hogares, en una coyuntura extraña en la cual el desempleo aumenta pero hay factores como la demanda de los migrantes venezolanos y de quienes reciben remesas del exterior?”[11]. Cabe preguntarse, de donde saca el Ministro Carrasquilla que el incremento del recaudo que aparejaría el mayor crecimiento compensará el menor recaudo, habida cuenta que por cada punto de mayor crecimiento de la economía se incrementa el recaudo de impuestos en $2 billones y según la más reciente previsión del Banco de la República el crecimiento del PIB para este año estará alrededor de 3.2% y 3.3% para el próximo año.
Pero, el otro caballito de batalla sobre el cual se ha venido cabalgando para sustentar la decisión de dar más y más beneficios a las grandes empresas, es que de esta manera se incentiva la generación de más empleo, objetivo este que no sólo no se ha venido cumpliendo sino que la tasa promedio de empleo volvió a los dos dígitos hasta alcanzar el 10.2% en el mes de septiembre de este año, la más alta tasa de desocupación para este mes desde 2010[12]. Recordemos que, según el Observatorio del Mercado de trabajo y la Seguridad social de la Universidad Externado de Colombia, en el trimestre abril – junio de este año se perdieron 360 mil empleos y en el siguiente trimestre, julio – septiembre, se perdieron 475 mil más[13].
LA VULNERABILIDAD Y LA VULNERACIÓN DE LA CLASE MEDIA
Le asiste la razón al ex vicepresidente y Jefe natural de Cambio Radical Germán Vargas, cuando afirmó, refiriéndose al texto aprobado de la Ley de “financiamiento” el año anterior, que “la gran afectada con la reforma será la clase media, que después de haber soportado las dos últimas reformas ahora tendrá que asumir una mayor carga tributaria”[14]. Ello es tanto más cierto, en la medida que para tratar de compensar, así sea parcialmente, lo que se va a dejar de recaudar por cuenta de todas estas gabelas, se le cargó la mano a la clase media. Como afirma el Presidente ejecutivo de Tributar Consultores S. A Carlos Lizcano, la mal llamada Ley de financiamiento, que ahora se revive, “descarga toda su fuerza y contundencia sobre la clase media colombiana, la cual, bajo estas circunstancias, se convierte en una población vulnerable. Esto por cuanto, tendrá que asumir un impuesto que afectará en mayor medida su capacidad económica, con lo cual, en cualquier momento, puede desmejorar sustancialmente su situación económica”[15]. Y, como es consabido en Colombia gran parte de esa clase media está en condiciones de vulnerabilidad, con un pié adentro y otro pié afuera de la clase media, en riesgo de volver a caer en la trampa de la pobreza[16].
En este contexto, la propuesta del Presidente Iván Duque, a última hora, en respuesta a la indignación de los marchantes desde el pasado N – 21 y de los cacerolazos, de introducir en la reforma tributaria 2.0 tres disposiciones que aliviarían la suerte de los más vulnerables no pasan de ser paños de agua tibia. Son básicamente tres las propuestas: la devolución del IVA a la población sisbenizada, la reducción del aporte a salud de los pensionados que reciben mesadas de un salario mínimo del 12% actual al 8% en 2020 y 4% en 2022. Y las empresas que contraten a jóvenes menores de 28 años, siempre y cuando se trate de su primer empleo, podrán deducir el equivalente al 120% del salario devengado por el empleado. Durante tres días al año se dejará de cobrar el IVA en la compra de artículos como vestuario, calzado, útiles y tecnologías. Sumados todos estos beneficios, según la DIAN, al cuantificarlos tendrán un costo fiscal de $3 billones para muchos, que contrasta con los más de $9 billones para unos pocos. Bien dice el Director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana Luis Carlos Reyes, “estas son concesiones bien pequeñas para seguir justificando $9 billones en recortes tributarios a las empresas y personas de más altos recursos del país”[17].
El Gobierno Nacional y el Congreso de la República deben tomar atenta nota, para profundizar el diálogo social propuesto por el Presidente Duque, del llamado reciente de la Secretaria ejecutiva de la CEPAL Alicia Bárcena en el sentido que “llegó la hora de la igualdad y de un nuevo estilo de desarrollo. Es hora de replantear los pactos sociales y superar un modelo económico basado en la cultura del privilegio, que prioriza el interés privado sobre el público, el capital sobre el trabajo, la acumulación sobre la redistribución”[18]. Como bien afirma ella “La superación de la pobreza en la región no exige solamente crecimiento económico; este debe estar acompañado por políticas redistributivas y políticas fiscales activas”[19] y remata diciendo: “el llamado es a construir pactos sociales para la igualdad”[20], así de claro y contundente.
Amylkar D. Acosta, ex Ministro de Minas y Energía, ex Senador de la República, ex Director de la Federación Nacional de Departamentos, @amylkaracosta
[1] Amylkar D. Acosta M. Los inamovibles. Diciembre, 10 de 2019
[2] El Tiempo. Octubre, 23 de 2019
[3] FEDESARROLLO. Informe Final. Diciembre de 2015
[4] Amylkar D. Acosta M. Colombia, el país de las desigualdades. Noviembre, 14 de 2018
[5] Amylkar D. Acosta M. El espejo de Chile. Noviembre, 21 de 2019
[6] Amylkar D. Acosta M. La iniquidad y la inequidad tributaria. Abril, 1 de 2018/ La encrucijada fiscal. Abril, 8 de 2018
[7] DIAN. Beneficios tributarios en el impuesto sobre la renta y en el impuesto al valor agregado (IVA), año gravable 2017
[8] Amylkar D. Acosta M. La cuadratura del circulo. Noviembre, 24 de 2018
[9] El Heraldo. Octubre, 23 de 2019
[10] El Tiempo. Noviembre, 23 de 2019
[11] Idem
[12] Amylkar D. Acosta M. De vuelta a los dos dígitos. Junio, 13 de 2019
[13] El Tiempo. Noviembre, 9n de 2019
[14] El Tiempo. Noviembre, 4 de 2018
[15] Portafolio. Noviembre, 2 de 2018
[16] Amylkar D. Acosta M. El espejo de Chile. Noviembre, 21 de 2019
[17] Portafolio. Noviembre, 27 de 2019
[18] El Tiempo. Octubre, 30 de 2019
[19] www.cepal.org. Noviembre, 28 de 2019
[20] Idem
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