Decadencia institucional

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Si en realidad les interesaran las instituciones a quienes dicen estar preocupados por ellas, tendría que pasar algo sencillo: al partido político y/o políticos responsables de su deterioro habría que castigarlos en las urnas. Para decirlo breve y pronto, las instituciones no se defienden tapando, ni tampoco persiguiendo y tachando de apátridas a quienes denuncian sus desafueros.

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En una sociedad hiperinformada ocurre que colamos el zancudo y engullimos el camello. Ante el maremágnum de información pasa que no somos capaces de asimilar lo importante y nos quedamos con lo urgente. En estos días de campaña presidencial, pareciera que la vida del país acaba allí.

Dos hechos deberían, por lo menos, capturar brevemente nuestra atención, en clave con la defensa de las instituciones, con el fin de identificar el doble estándar de muchos que dicen ser sus defensores. Para decirlo breve y pronto, las instituciones no se defienden tapando, ni tampoco persiguiendo y tachando de apátridas a quienes denuncian sus desafueros. El marco institucional es vital tanto para la democracia como para el Estado de derecho y aquello no debe llamarnos a echar bajo la alfombra los mal llamados falsos positivos, por citar un ejemplo. Vamos a los hechos. El primero tiene que ver con las confesiones ante la Jurisdicción Especial para la Paz – JEP – de agentes del Estado, quienes confirman lo denunciado en su momento por las comunidades y por los defensores de los derechos humanos en la época de la seguridad democrática que resultó todo menos democrática. El segundo hecho tiene que ver con la solicitud de preclusión en el caso del expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Las confesiones ante la JEP destacan su importancia y se acaban de entender (para algunos) las razones del virulento ataque del que ha sido víctima. Fue llamada en su momento: la justicia del terrorismo. En esta época marcada por las palabras vacías, inclusive, por la falta de conceptualización de muchas utilizadas en el lenguaje común, hemos decido llamar terrorismo a todo aquello que nos disgusta y/o va en contra de nuestra ideología. El tema pasa por la necesidad de conocer qué pasó y cómo pasó. Han pasado muchos años de aquella Colombia entregada a la idea simple y radical que nuestros problemas pasaban por la seguridad. Entregados a esa idea, terminamos mal creyendo que la solución pasaba por las bajas.

Ante la JEP, el suboficial retirado Néstor Guillermo Gutiérrez, cabo primero durante la época y excomandante de escuadra en la Brigada Móvil 15 en el Catatumbo, afirmó: “Reconozco mi responsabilidad a título de coautor en los crímenes y homicidios que cometí. No es fácil estar acá frente a las víctimas. No voy a justificar lo que hice, porque cometí delitos. Asesinamos personas inocentes, campesinos”, dijo Gutiérrez. Asimismo, el sargento segundo retirado del Ejército, Sandro Mauricio Pérez Contreras, agregó: “Yo represento para ustedes una máquina de muerte”. Pérez Contreras reconoció públicamente que le quitó documentos a las víctimas para que fueran reportadas como N.N. y se dificultara la identificación para las familias.

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El segundo hecho debe hacernos reconocer la importancia de la independencia judicial. La frase que parece de cajón es fundamental: nadie debe estar por encima de las instituciones. No obstante, una vez se conoció la investigación en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez, muchos salieron al ataque de los jueces. Inclusive, se le concedió el micrófono a Uribe Vélez para afirmar que su proceso ha sido: mafioso. Cuando se pisan los callos a un poderoso, la tan mentada defensa de las instituciones se hace difusa o poco clara.

Lo ocurrido en estos dos casos es un claroscuro. Las instituciones no pueden ser utilizadas de manera caprichosa por el político de turno, ni tampoco deben ser repartidas como quien reparte un pastel. Su función está demarcada por la Constitución Política y la ley en Colombia.

La defensa del marco institucional tiene que ver también con la defensa de la Constitución Política. No obstante, se reforma cada cuatrienio al amaño del gobernante de turno en contubernio con el Congreso. Ni qué hablar de la forma en que se nombran los jefes de los organismos de control. La defensa de las instituciones pasa por oponerse a la designación de amigos del ejecutivo en las instituciones de vigilancia y control. La cooptación de las instituciones es parte fundamental del problema, en especial, por los colaterales que este fenómeno deja. Stiglitz lo había advertido en su texto El precio de la desigualdad, cuando advertía que los poderosos socavan el imperio de la ley.

El doble estándar de quienes se dicen defensores de las instituciones ,entendiendo por esto acallar a quienes denuncian tildándolos de guerrilleros de civil, terroristas, incluso, de vendepatrias, es tan falsa como equivocada. Contrario a esto, debemos exigir su depuración. La columna de Daniel Coronell titulada La lista de Otoniel es de la mayor gravedad. Los hechos nombrados allí deberían llamarnos a la reflexión en un momento donde las instituciones pasan por su peor momento. Si en realidad les interesaran las instituciones a quienes dicen estar preocupados por ellas, tendría que pasar algo sencillo: al partido político y/o políticos responsables de su deterioro habría que castigarlos en las urnas. Pero no, en su lugar. se escriben misivas con afirmaciones tan categóricas como inaceptables: infamia, persecución judicial, montaje, politización de la justicia y judicialización de la política. De no ser porque todo esto inició con un proceso contra el senador Cepeda, la rama no dejaría ver el bosque.

Adenda 1. ¿Los actuales candidatos a la presidencia se comprometerán a no ejercer presión para nombrar a sus amigos en los órganos de control, en especial, aquellos que dicen encarnar el cambio?

Adenda 2. Las víctimas de los mal llamados falsos positivos tenían razón. Sus hijos eran inocentes. La sociedad civil que los acusó les debe, por lo menos, una disculpa. Algo se nos debe ocurrir para repararlos. Lo mismo aplica para la JEP.

Adenda 3. A la Juez 28 de Conocimiento de Bogotá, Carmén Helena Ortiz, va mi reconocimiento. No debe ser fácil tomar tamaña decisión en medio de un ambiente tan caldeado. Defender las instituciones pasa por la defensa de la justicia y sus operadores.

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*Juan Carlos Lozano Cuervo, abogado, con estudios de maestría en filosofía. Es profesor de ética y ciudadanía en el Instituto Departamental de Bellas Artes y profesor de cátedra de derecho constitucional en la Universidad Santiago de Cali. @juanlozanocuerv

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