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Desde que en enero del 2019, Juan Guaidó asumió como Presidente de la Asamblea Nacional y posteriormente como presidente encargado del país, sostuvimos que, si en algún área de gestión podía él tener algún éxito, era en el ámbito internacional dado el control interno ejercido por el señor Maduro y por la circunstancia de la cantidad de venezolanos que fuera de nuestras fronteras se encontraba, la mayoría de ellos en el olvido por parte de este último.
En el específico caso de Colombia, donde permanecemos la mayor cantidad de nacionales de la tierra de El Libertador que fuera de las fronteras patrias se encuentra, en mayo del 2019 suscribieron el gobierno Duque y la gestión Guaidó un memorándum de entendimiento que permitió regularizar la presencia en esta nación de los militares venezolanos que desistieron de defender la actuación madurista, el cual, a pesar de sus falencias, cumplió su cometido.
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Meses atrás, el gobierno colombiano, seguramente como consecuencia de gestiones de la representación Guaidó en Colombia, prorrogó hasta marzo de este año dos años la vigencia de los pasaportes venezolanos, habiendo advertido por esta vía en diciembre del 2020 que era menester resolver esa situación pues las circunstancias se mantenían.
Se ha hecho público que Cancillería de Colombia, mediante la Resolución 2231 del 9 de este mes y año, ha establecido que aceptará como documento de identificación – que permitirá ingresar, transitar, permanecer y salir del país – el pasaporte venezolano aun vencido, otorgándole al mismo una validez de 10 años a contar de dicho vencimiento. Esa decisión sin duda alguna beneficia a una parte de los connacionales que en esta tierra nos encontramos y a quienes a él llegan con pasaportes en esa condición.
En paralelo a ello, la referida representación en esta tierra colombiana ha suscrito con una empresa local un acuerdo que ampliará la atención en materia de salud a migrantes venezolanos, identificándose estos aún con su cédula de identidad. Ambas medidas son un ejemplo de lo que se puede hacer cuando existe voluntad política para ello.
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Las decisiones adoptadas, no sólo benefician directamente a las personas que va dirigidas, sino adicionalmente dan tranquilidad a quienes en nuestra tierra se encuentran sujetos a lo que en Colombia puedan hacer por ellos y las mismas son ciertamente consecuencia de la política de generosidad migratoria que el gobierno de esta nación ha tenido para con nosotros, en reciprocidad con la que antaño con ellos tuvimos allá.
Entiendo que las medidas adoptadas deben formar parte de otras de distinta naturaleza que faciliten nuestra permanencia en Colombia, tales como las relativas a la apostilla de documentación venezolana. De lograrse esta última, como entendemos ocurrirá, la posibilidad de que la condición de nuestros connacionales aquí mejore es indudable.
Comprendo que internamente en Venezuela, dada la importancia que tiene la actuación del señor Maduro y quienes le acompañan se discuta respecto del efectivo accionar de sus adversarios, pero es lo cierto que -como uno más de ese millón ochocientos mil venezolanos que en Colombia se encuentra – sería absolutamente mezquino no reconocer la gestión que, en pro de los que aquí nos encontramos, han realizado quienes aquí representan al parlamento elegido en diciembre del 2015 para buscar nuestra protección e integración a esta tierra que nos ha recibido, así como también la disposición del Estado colombiano y las instituciones que han entendido que la migración no es un problema sino una oportunidad.
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*Gonzalo Oliveros Navarro, Magistrado del Tribunal Supremo de Justicia. @barraplural
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