Declaración al Grupo de Trabajo de composición abierta sobre municiones convencionales

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Señor presidente, señora vicepresidenta, distinguidos Delegados,

La Red Nacional de Iniciativas Ciudadanas por la Paz y contra la Guerra – REDEPAZ, organización de la sociedad civil colombiana, saludamos este importante evento.

Según el último informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) sobre crimen y violencia, América Latina y el Caribe sigue siendo la región más violenta del planeta, como lo ha sido en los últimos 20 años. Lamentablemente, Colombia ha contribuido considerablemente a esta tendencia. Según un informe publicado por la Fundación Ideas para la Paz, uno de los países que más homicidios ha registrado en la región es Colombia. De los homicidios registrados, el 75% estuvieron relacionados con armas de fuego, una cifra que según la FIP supera el 50% del promedio mundial.

En 2021, la violencia armada orquestada por grupos ilegales y en ocasiones por las fuerzas del Estado, se cobró, según cifras de la Policía Nacional, la muerte de 10.361 personas, como resultado de asesinatos por encargo, acciones delictivas como el robo a mano armada y asaltos a establecimientos comerciales o a viviendas. Se cometieron 96 tiroteos masivos, y 326 personas murieron como resultado. Aproximadamente 140 niños y niñas fueron alcanzados por balas perdidas. 80 jóvenes que participaban en protestas sociales fueron asesinados, la gran mayoría con armas de fuego.

Lamentablemente, hoy nuestro territorio es el mayor productor de cocaína del mundo. Muchos de estos territorios están dominados por grupos armados ilegales. Como consecuencia del narcotráfico y su resultado violento, las comunidades indígenas, afrodescendientes y empobrecidos se ven afectadas de manera desproporcionada y son reclutadas a la fuerza, mientras que algunas se ven abocadas al suicidio en lugar de ser reclutadas, y las personas son desplazadas. Se despoja a las comunidades ancestrales de sus tierras, se queman los bosques y se destruyen los ecosistemas productores de agua.

En la gran mayoría de estos hechos, la violencia se perpetra con armas cargadas de munición que entran al país ilegalmente, a veces a cambio de cocaína, o que son producidas internamente por la industria militar colombiana sin el debido control sobre el uso final.

Señor presidente, señora vicepresidenta, señoras y señores, nuestra sociedad requiere con urgencia que se ejerza un control efectivo sobre la producción, el marcaje, el comercio y el destino final de las municiones, para hacer inoperantes las armas de fuego ilegales en manos de la población civil, la fuerza pública y los grupos armados ilegales.

No basta marcar la munición, sino que es necesario reforzar los compromisos de los países productores y las industrias de munición para que se controle efectivamente el comercio y se evite el desvío.

Las medidas internacionales para controlar eficazmente la disponibilidad de munición, junto con la universalización del Tratado de Comercio de Armas, permitirán frenar la violencia armada. Es importante adoptar un enfoque centrado en los derechos humanos y poner el derecho a la vida por encima de las consideraciones económicas o geopolíticas para detener los daños y los asesinatos causados por la violencia armada y luchar por la paz y la seguridad en nuestra región y nuestras comunidades.

Gracias.

*Luis Emil Sanabria, bacteriólogo, docente universitario con estudios en derechos humanos, derecho internacional humanitario y atención a la población víctima de la violencia política. @luisemilpaz

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