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¿Para dónde marcha el pueblo colombiano con las movilizaciones de mayo de 2021?
La protesta social mayoritaria del pueblo colombiano en favor de los derechos fundamentales comporta un clamor de emergencia social y sanitaria desoída. Además de resistir a la violencia sistemática del aparato de fuerza policial y militar, que pretende acallar los gritos protestantes contra el hambre y legitimar el régimen de gobierno, ahora los manifestantes pacíficos enfrentan la encrucijada que le plantean los actos de violencia desesperada de reductos vandálicos e incontrolables de pobladores residentes en los cinturones de miseria y pobreza de las grandes ciudades, alimentados en algunos casos por redes de ilegales que les financian y alimentan. La violencia oficial y los desmanes violentos coinciden en ahogar la protesta legítima.
Para el régimen de gobierno, los vándalos son iguales a los ciudadanos que elevan el clamor al gobierno mediante la movilización pacífica. La siniestra mente neonazi de los consejeros del régimen, criollos o importados, al tiempo que ordena la represión desmedida de las movilizaciones de protesta pacífica, decide no controlar a los vándalos para que reine el desorden y se imponga su orden. Un orden que necesita acallar a sangre y fuego a la protesta, legitimado por la violencia de los vándalos. Así, entre vándalos, policías y militares se reproduce la coexistencia de las violencias y se afecta un derecho fundamental: el de movilizarse libre y pacíficamente para ser escuchado por los gobernantes.
¿Abandonará el pueblo insatisfecho la movilización y la protesta porque se enfrenta a la encrucijada de violencia? No lo hará. Seguirán las movilizaciones si el clamor no es escuchado de verdad, pues el mismo se origina en la emergencia social.
El artículo 3º de la Constitución declara una verdad de a puño en las sociedades democráticas modernas: la soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del cual emana el poder público. El hecho que los poderes estatales de la república no tengan capacidad de responder a un ingente llamado de las mayorías sociales no significa que su legalidad los vuelva legítimos para desoír. Su incapacidad para escuchar y actuar en consecuencia hace que el pueblo recupere la soberanía delegada en ellos.
El gobierno y sus cómplices o beneficiarios pueden desgañitarse gritando que las protestas, por razón de los eventos vandálicos, son actos del terrorismo y de la oposición política. Pero el pueblo aprendió en las redes sociales que sus derechos fundamentales no pueden desconocerse y que no son propiedad de ningún reducto extremista.
Cuando un 80% del parlamento, que representa el poder estatal para hacer las leyes, se compone de emergentes y cafres dedicados a reproducirse y a engullir los altísimos salarios, prebendas y lisonjas, con un presupuesto financiado con los impuestos cobrados al pueblo, entonces cabe la pregunta: ¿acaso no están por lo menos en la obligación de discutir políticamente y establecer leyes justas e incluyentes? Pero ese 80% no discute lo que importa al pueblo. Se ponen de acuerdo, a hurtadillas o de forma virtual, para apropiarse de las mordidas de la contratación estatal, la conservación de sus empleos, mediante el soborno a los electores, con altísimos salarios, la organización de las empresas electorales, los viáticos al extranjero y muchas otras repartijas que les permiten el abuso de posición dominante frente a aquellos ciudadanos decentes que, deseosos de actuar en política, no están dispuestos a reproducir el régimen de complicidades.
Cuando al poder de la justicia se le ha dejado sin dientes contra la corrupción, la impunidad del crimen y su propia capacidad de administración, dejando tan solo recursos del presupuesto para los escandalosos salarios de las altas y medianas cortes, mientras los funcionarios de la justicia de a pie no inciden en el estado de cosas que la tiene postrada, haciendo que apenas tengamos una escasa justicia morosa, ¿cómo podría este poder contribuir a construir justicia social para el pueblo?
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Cuando el poder del alto gobierno -y algunos gobiernos locales aliados-, se pone al servicio de los oligopolios y se dedica a un sectarismo de siglos pasados, predicando anatemas contra los opositores, pero se aplica a atender exorbitantes gastos militares y a parlotear sobre insignificancias, mientras no es capaz de comprar las vacunas contra el COVID, ¿cómo podría esperarse de él una respuesta al clamor social, si con cargo a los impuestos que paga el pueblo, en realidad se ocupan en conservar sus altísimos salarios y las demás lisonjas que obtienen de la contratación y el manejo de los dineros públicos?
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A pesar del riesgo a la vida por la pandemia y la represión policial y militar, a pesar de las amenazas de áulicos y empresarios sobre recortar aún más los derechos ciudadanos decretando la conmoción interior y a pesar de que se escuchan cerca ruidos de sables que reclaman un golpe de Estado, gran parte del pueblo colombiano está en la calle y otra parte se solidariza con su clamor espontáneo, porque mientras los altos funcionarios del Estado, sin vergüenza alguna, conservan altísimos salarios y prebendas, producto de los impuestos que cobran al pueblo trabajador, las mayorías sociales se debaten entre el hambre y la pobreza, sin salarios estables y sin empleos posibles, y sabiéndolo ellos, resultaron indolentes al sufrimiento de quienes les tributan para sostenerlos, prefiriendo establecer más impuestos y más derechos a los más ricos.
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Solo la movilización social, pacífica, multitudinaria, contundente derrotará a los violentos y esta encrucijada será superada. El paro seguramente derive en una huelga general, o en un gran diálogo hasta obtener UN PACTO NACIONAL CONTRA EL HAMBRE, LA PANDEMIA SANITARIA Y EL DESEMPLEO. Un pacto para avanzar en la reforma del Estado, más allá de la reforma tributaria. Un pacto para aprender a respetar la soberanía popular por parte de los empleados del Estado que la desconocen, en especial la fuerza policial y militar. Seguramente esta huelga o este diálogo no solo se nutra o respalde con la movilización callejera. También la protesta seguirá haciéndose oír con cacerolas, caravanas, espectáculos de arte en medio de los espacios públicos y actos de desobediencia civil como la destrucción de estatuas de los colonialistas españoles y otros opresores. De allí la importancia de la unidad, de la solidaridad, de la coordinación de las diferentes expresiones sociales y de sus liderazgos para avanzar con MANOS CIUDADANAS, tejiendo la reconciliación, la equidad y la democracia.
*Luis Emil Sanabria, bacteriólogo, docente universitario con estudios en derechos humanos, derecho internacional humanitario y atención a la población víctima de la violencia política. @luisemilpaz
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