El Acuerdo de Paz diseñó la apuesta más ambiciosa en la historia para asegurar en esas regiones la provisión de los bienes y servicios básicos del Estado que les permitiera a sus ciudadanos el ejercicio de sus derechos y la inserción a una economía legal y sostenible.

Durante los últimos meses, por cuenta de mis responsabilidades en el Distrito Capital, he procurado opinar muy poco del acontecer nacional. Sin embargo, las recientes masacres en diferentes lugares de la geografía nacional son un hecho gravísimo que, en mi caso, como ex ministro del interior y ex consejero presidencial de derechos humanos, me obliga a pronunciarme.

El Gobierno ha dicho que, en el fondo de toda esta dramática situación, está el narcotráfico y que hay que combatirlo. No se equivoca en el diagnóstico, pero éste es parcial y, por lo tanto, insuficiente para una respuesta institucional capaz de frenar esta ola de barbarie. Lo más grave es que el Gobierno plantea un regreso a unas políticas que han demostrado que no erradican el narcotráfico sino que, en el mejor de los casos, lo disminuyen transitoriamente y lo mueve, de un lugar a otro del territorio nacional.

Si uno parte de la base de que las masacres vienen ocurriendo en lugares en los que prevalecen economías ilegales, la pregunta que hay que hacerse es: ¿qué precipita que en algunas regiones del país prevalezcan economías ilegales? Para responderla, no hay que ser un gran experto. Hay evidencias y suficiente literatura que indica que la economía cocalera, marihuanera y la minería ilegal se han extendido en territorios en los que históricamente la presencia estatal casi que se ha limitado a la presencia de la fuerza pública y en los que han brillado por su ausencia aquellas instituciones encargadas de la provisión de bienes y servicios estatales mínimos para que los ciudadanos puedan ejercer sus derechos, tal y como los ejercen los ciudadanos que viven en territorios en donde prevalecen economías legales. Nadie pensaría que cultivos de amapola se podrían extender en la sabana de Bogotá o de coca en el Valle de Aburrá. La presencia institucional y la provisión de bienes y servicios estatales en este par de zonas son suficientes para que en ellas prevalezcan economías legales.

Mucho se ha hablado e inventado acerca de la necesidad de integrar los beneficios del desarrollo a las regiones del país en las que han crecido economías ilegales. Ninguno de esos inventos ha tenido la envergadura del Acuerdo de Paz que se firmó con las FARC en el año 2016. En él, no solamente se acordó la reincorporación a la vida civil de una guerrilla grande y poderosa y se diseñaron unas instituciones para garantizar a las víctimas de aquella un sistema integral de verdad, justicia y reparación, sino que también se diseñó la apuesta más ambiciosa en la historia para asegurar en esas regiones la provisión de los bienes y servicios básicos del Estado que les permitiera a sus ciudadanos el ejercicio de sus derechos y la inserción a una economía legal y sostenible. Cuando se inició la implementación del Acuerdo, con enormes dificultades logramos la aprobación de los textos constitucionales y legales que aseguraron la reincorporación política y social de las FARC, así como la creación de la Jurisdicción Especial de Paz, pero voces muy poderosas de la política y del sector privado desplegaron sus mejores esfuerzos para bloquear la reforma rural y las medidas de protección colectiva para las comunidades en riesgo.

La reforma rural no se limitaba a promover la sustitución de cultivos de uso ilícito. Tenía un propósito mayor: cerrar las brechas sociales existentes entre los colombianos que viven en el campo, en especial en las zonas en donde se vivió el conflicto con mayor intensidad, frente a los colombianos que vivimos en las ciudades. La protección colectiva de las comunidades en riesgo buscaba establecer todo un sistema de seguridad que comprometía a las autoridades nacionales, territoriales, a la fuerza pública y a las mismas comunidades, para garantizar una protección integral de estas últimas. El Gobierno no ha mostrado el suficiente interés en estos aspectos del Acuerdo de Paz que son esenciales para transformar la vida de los colombianos que viven en los territorios en los que ahora se están registrando las masacres por todos conocidas.  Ahora que logró gobernabilidad en el Congreso – al menos eso dejan ver las decisiones de las ultimas semanas – podría, si tuviera la voluntad de hacerlo, impulsar lo que hace falta de la implementación del Acuerdo de Paz. Incluso, si se decantara su relato de “paz con legalidad”, habría que decir que la legalidad no solamente debería ser entendida como el abandono de las actividades ilegales asociadas a la producción de materia prima de sicoactivos sino también a las garantías institucionales para miles de colombianos que han vivido al margen del derecho a la educación y la salud, para mencionar solo algunos.

El desafio que tenemos por delante como sociedad es el de la construcción de economías legales en los territorios en donde se están presentando las masacres, pero para lograrlo hay que empezar por donde corresponde: llevar hasta allá a las instituciones cuyos mandatos constitucionales y legales consisten en asegurar la puesta en vigencia del Estado Social de Derecho.  Ese es uno de los propósitos del Acuerdo de Paz.

*Guillermo Rivera, ex ministro del interior, veedor distrital y ex representante a la Cámara. @riveraguillermo

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