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¿Podemos confiar en el orden democrático en un país donde no existe una institucionalidad imparcial?
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La democracia es el sistema político que más llama la atención de los estudiosos. Qué es, cómo funciona, y cuáles son los mecanismos de contrapesos y control de poderes son, por lo general, las preguntas que más solemos hacernos durante nuestra formación. Darles respuesta a estas preguntas puede ser una tarea ardua, llena de matices, peros y perspectivas, sobre todo en el mundo actual donde los gobiernos autoritarios ya no se presentan como lo hacían a lo largo de siglo pasado. Hoy en día, las dictaduras y los órdenes autoritarios se camuflan. Es más fácil, por la misma razón, trazar líneas rojas y observar si hay o no violaciones a este cerco imaginario.
Hay que decirlo: en Colombia, los límites han sido violados. La democracia está siendo burlada y lesionada por el gobierno y sus más cercanos amigos, asustados tal vez por lo que pueda acarrear para ellos la llegada de un gobierno disonante y de oposición. Gobierno, altos funcionarios y partidos afines están poniendo en jaque al orden democrático en un momento de alta tensión política y nosotros, los ciudadanos, seremos aquellos que llevemos del bulto.
Para ser más precisos, hay que decir que el gobierno tiene alfiles por todos lados y, debido a este monopolio suprapartidista del poder, se está socavando la democracia. Unos de los que más preocupan son los que están ubicados en lo alto de los organismos autónomos, ideados justamente para defender el equilibrio de poderes. Estos funcionarios se hacen los de oídos sordos frente a lo que hacen sus amigos y, al tiempo, atacan con vehemencia a todos aquellos que los critican. Un buen ejemplo fueron las palabras del señor Fiscal que llamó “criminales parapetados” a todos aquellos que se atrevieran a cuestionar su gestión y la institución a su cargo, la misma que le puso un fiscal-defensor a Álvaro Uribe y la misma que envío a la fiscal Monsalve al Putumayo por no dejarse corromper por el tráfico de influencias en el emblemático caso de la familia Ríos Velilla.
El país está sumergido en un círculo vicioso de violaciones y negligencia cada vez más peligroso para la institucionalidad. Casos claros de este cáncer institucional se ven, además de la Fiscalía, en la Presidencia, el Congreso, la Procuraduría, la Contraloría, la Defensoría del Pueblo y la Registraduría: nadie hace, nadie controla, nadie se pronuncia y así todos van haciendo lo que se les da la gana. Los altos funcionarios van campantes tapándose los escándalos y vulnerando por completo la Constitución y los principios democráticos, y no existen ya contrapoderes, más allá de la prensa, para defenderlos.
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Otro ejemplo claro es el del Registrador Alexander Vega quien, por ineptitud o por picardía, dejó pasar el más grave escándalo electoral de los últimos años, cuando el pasado 13 de marzo más de 1.495.000 votos pasaron desapercibidos en el pre-conteo. Ante ello se esperaban respuestas, sino de la misma Registraduría, al menos de la Procuradora Margarita Cabello. Sin embargo, nada pasó. ¿Acaso es momento de callar? La situación es gravísima pues se está hablando, nada menos y nada más, que de la representación ciudadana en el órgano legislativo.
Las declaraciones del mismo presidente Iván Duque son otro ejemplo de que no existe control político en la actualidad, pues no ha tenido reparo en opinar acerca de las propuestas del candidato Petro, violando de frente la Constitución y usando su poder como jefe del ejecutivo para prevenir a la gente y participar abiertamente en política. Ante esto varios congresistas radicaron una denuncia ante la Comisión de Acusaciones la cual se sabe no hará nada, pues, además de que nunca lo ha hecho, está completamente ‘enmermelada’ y a merced de los intereses del gobierno. Eso, sin hablar de la sepultada que se le dio a la ley de garantías, la cual fue modificada en la ley de presupuesto violando, nuevamente, la Constitución y la Ley 5a.
Para empeorar las cosas, la última noticia que sorprendió durante este fin de semana tuvo que ver con la participación en política del General Eduardo Zapateiro en contra de Gustavo Petro, a quien acusó de recibir dinero en bolsas y a quien criticó por dar una opinión acerca de las Fuerzas Militares. No es secreto que las fuerzas militares guardan una cercanía profunda con el ala más conservadora de la política. La pregunta es: si no ganan los que ellos quieren, ¿van a respetar los resultados de las próximas elecciones?
Las lesiones que le deja este gobierno al sistema democrático se seguirán sintiendo durante los próximos años, principalmente porque la confianza y credibilidad en las instituciones están minadas. La pregunta a hacerse es evidente: ¿quién va a defender la democracia cuando el gobierno, los organismos autónomos, algunos personajes de las altas cortes, el Congreso y hasta las fuerzas militares están tomadas por un poder autoritario y mafioso? ¿Podemos confiar en el orden democrático en un país donde no existe una institucionalidad imparcial? Como dicen por ahí: cuando decían que nos íbamos a volver la próxima Venezuela, no era una amenaza, sino una promesa de campaña.
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*Martín Zamudio. Politólogo y periodista. @MartinZamudioE
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