Democratizar al gobierno de las universidades públicas

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No hay que tenerle miedo a la democracia, y menos en los lugares por excelencia para el debate de las ideas, ilustrado, dicen.

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La relación de política institucional con el movimiento universitario, especialmente con el sector estudiantil, ha sido tradicionalmente hostil, prueba de ello es el Día del Estudiante caído, que en 2029 cumplirá un siglo de su primer antecedente (asesinato del estudiante de derecho de la Nacional Gonzalo Bravo en 1929). Fue muy llamativo por eso que algunas facultades y universidades (públicas) asumieran durante la segunda vuelta presidencial la modalidad de asamblea permanente para hacer campaña a favor del Pacto Histórico, cosa que no mereció mucha discusión quizás por su carácter localizado.

Sobre la relación entre movimiento social y nuevo gobierno de todas maneras se podría decir que no será una identidad automática o sin fisuras, a Petro el movimiento estudiantil le podría salir a protestar, tal vez con mayor razón por las esperanzas depositadas. Ese movimiento estudiantil altamente activado durante toda la pasada década puede revivir la movilización para exigir cumplimiento de los compromisos de campaña, por eso el espíritu de la presente propuesta será llevar a un cauce institucional las demandas del movimiento estudiantil y universitario en esta nueva etapa de la relación Estado–universidad por construir.

El gobierno universitario

Ahora, se supone que las universidades estatales cuentan con autonomía, pero la realidad es que la regla es la cooptación por las clases políticas regionales o grupos de interés creados dentro de las mismas universidades. Por esa formación de fortines político-electorales con rectorados que duran un par de décadas como en la Universidad Francisco de Paula Santander y la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, o en nuestra la Universidad de Antioquia donde hubo un mismo rector por 15 años .

Para entender cómo funciona eso hay que remitirse a la conformación dada a los máximos órganos de dirección de las universidades estatales por la Ley 30 de 1992 para la universidades departamentales y distritales (la Nacional y la Militar tienen ligeras diferencias, como que en la segunda hay una representante del MinDefensa). Hablo del Consejo Superior Universitario como figura que ejerce la máxima  autoridad de dirección y gobierno en las universidades estatales (SUE).

Tradicionalmente un CSU es un arreglo regional de la dinámica electoral del momento y donde el presidente de la República tiene un poder determinante.  Así, generalmente el presidente por intermedio de su representación y la del Ministerio de Educación nombra aliados regionales entre los afines a los políticos que le apoyaron en el departamento. Son dos de 8-9 votos que inclinan la balanza del poder en las decisiones, más cuando se encuentran alineados con el respectivo gobernador.

El problema o lo importante de todo ellos es que de ahí en adelante o hacia abajo se definen las responsabilidades de rector/a, decanos/as y así se transmite hasta llegar a la jefatura de departamentos o carreras, por eso a veces hay personal deficiente o mediocre en puestos importantes para la marcha del aparato universitario, empezando por las rectorías, donde hay politiquería, nepotismo y clientelismo en desmedro de un liderazgo académico y con altura intelectual.

Ya mencionadas las representaciones políticas (presidencia, ministerio y gobernación), hay representaciones estudiantiles y profesorales, que son las elegidas por votación estamentaria generalmente, pero se suelen quedar aisladas frente a la de los exrectores de siempre (entre más reelectos, menos de donde escoger), la representación de decanos (elegidos por el CSU), egresados que no son electos por votación estamental abierta, y representantes del sector ‘productivo’ que terminan siendo también gremio político (financiadores). Cf. arts. 28 y 64 de la ley 30 de 1992. Vale la pena mencionar que en algún caso los estudiantes se abstienen de tener representante para no legitimar un escenario donde son minoría por todo el escenario anterior.

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La propuesta

Lo más ambicioso sería cambiar la Ley 30, como se ha propuesto incluso con proyecto de ley por parte del movimiento universitario, pero eso es abrirse paso en una agenda donde hay otras reformas gruesas y que comprometen mucho como la de la salud y pensiones, además de proyectos en primera instancia como el Plan de Desarrollo Nacional del nuevo gobierno y el Presupuesto General de la Nación.  Pensando en algo más ágil, el gobierno nacional progresista pondría a disposición de las comunidades universitarias las dos representaciones de las que dispone.

Esta propuesta depende enteramente de la voluntad del ejecutivo y se puede realizar a su discreción. El mecanismo bien puede ser un hibrido con nominación de un lado y elección por otro, sea que los miembros de la comunidad se postulen y se determine que el gobierno escoge entre lo más votados, o que el gobierno nomine unas candidaturas de las cuales la comunidad pueda elegir con su respaldo electoral. El principal criterio debería ser pertenencia a la propia comunidad académica (estudiantes, profesores/as y egresados/as) y la dupla de representación podría estar determinado por incluir a un hombre y una mujer — hay muchos CSU donde no hay ni una —.

No se trata de ‘politizar’ las universidades, que ya lo están malsanamente, sino de construir la democracia dentro de aquellas y darle un respaldo institucional al movimiento universitario para que asuma el destino de sus propias universidades. No hay que tenerle miedo a la democracia, y menos en los lugares por excelencia para el debate de las ideas, ilustrado, dicen. Sería un cambio fundamental y un experimento con múltiples casos, que serviría para, posteriormente, perfilar un cambio bien pensado a la Ley 30.

En cuanto al aspecto más operativo, hay universidades con experiencia en realización de consultas por medio de votaciones abiertas, algunas por medios electrónicos. Este tipo de procesos han contado con acompañamiento de personerías locales y organizaciones de la sociedad civil como sindicatos. La cuestión sería reforzar aquello, ojalá vía decreto con un mayor acompañamiento de la Defensoría del Pueblo y apoyo técnico de la Registraduría, también podría considerarse una veeduría u observación de organizaciones internacionales dedicadas al tema educativo como la UNESCO, la OEA o la OEI, todo ello teniendo en cuenta un carácter vinculante y las garantías electorales que cualquier proceso democrático debe tener.

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*Santiago A. Monsalve, sociólogo de la Universidad de Antioquia (2020), diplomado en Docencia Universitaria con Enfoque de Paz y Derechos Humanos, y corredor fondista aficionado y senderista. @SociologoAzul

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