Desastre de Desastres

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“¿Y si la sal se corrompe?” (Mateo 5:13).

Repetido e insistido: “Gobiernos dignos y timoratos donde haya queso no mandéis gatos.” (Rafael Pombo.1833-1912).

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La mentada, comentada y lamentada situación de la Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres, en donde se comenzó por la denuncia de la compra de unos carro tanques a alto costo y sin prever su gestión en donde deberían prestar su servicio, o sea en el Departamento de la Guajira, ha devenido en un caso mayúsculo de corrupción cuyos componentes van saliendo a flote. La atención de desastres (frecuentes en nuestro país: por invierno y por sequía, por terremotos, etc.) demanda unas condiciones de atención que no puede resolverse con los esquemas ordinarios de gasto público y los detallados pasos de la contratación pública deben ser obviados precisamente por la necesidad propia de la actuación pronta. Pues esto, ha sido aprovechado por muchos de quienes tiene a su cargo ese encargo para entender como la “oportunidad de oro” de la fácil corruptela, del enriquecimiento ilícito, del “cuartico de oro del poder”, etc.

La ideología no ha sido suficiente control ético para impedir tal corrupción con los bienes públicos. De tal manera que estamos compelidos al desánimo y a los grotescos hallazgos, inclusive en el “gobierno del cambio”. La lucha contra la corrupción, no puede producir desánimo porque tratándose de recursos públicos hay que recordar siempre la admonición del exalcalde Antanas Mockus: ¡son sagrados! Es decir, no se puede permitir ni admitir otra conducta. Paradójico resulta que el propio y defenestrado director de la UNGRD, Olmedo López en junio de 2023 expresaba exactamente eso: “que los recursos públicos son sagrados y deben beneficiar a los más necesitados” (Bogotá, 20 de junio de 2023).

¿Cómo pasar del discurso a reflejar en la acción gubernamental esa conducta ética respecto de los recursos públicos? En el caso de la UNGRD, desde luego no puede procederse de manera distinta que “pretermitir” los términos contractuales ordinarios y por ello mismo hay que blindar tal acción de los malos manejos, digamos por la propia conducta de un lado, de quienes tienen tal responsabilidad y de otro lado, una vigilancia especial de los órganos de control. El enorme presupuesto de esta entidad así lo exige y aunque fuera pequeño.

El tema de la corrupción no debe volverse excusa para la no ejecución de los presupuestos públicos. Esa parálisis observada en algunas entidades de la actual administración gubernamental, no puede excusarse en el temor a la corrupción o a la incursión en prácticas sancionables. Porque puede ocultar incapacidad de gestión y por lo tanto el temor “a meter la pata” (ojalá no “la mano”).

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Hay la tendencia a enfrentar el tema de la lucha contra la corrupción por la vía de colocar muchos controles legales. Enmarañar las normas con requisitos que poco se cumplen, que más bien entorpecen la buena gestión. O de excusa para la gestión deficiente.

Podríamos sintetizar en que hay tres caminos, no necesariamente excluyentes, como diría un “mamerto”: combinando todas las formas de lucha. Esos tres caminos partiendo de una voluntad política gubernamental de lo que se llama el Gobierno Transparente (todo se hace a la luz pública) son el endurecimiento de las normas de contratación y de sanción, el control ciudadano a través de las veedurías, creando instancias de control especial ya sea en Contraloría, Procuraduría y Fiscalía. Cada una de estos caminos (convergentes y no divergentes) tienen sus más y sus menos.

Endurecer las normas de usos de recursos públicos (por ejemplo: procesos de contratación), parece ser un camino adecuado, pero tiene el riesgo arriba señalado de la parálisis o lentitud de la gestión, que se traduce en la baja ejecución presupuestal.

El control a través de veedurías ciudadanas es un buen ejercicio de vigilancia y acicate para el cumplimiento (aunque a veces parezca la metáfora del látigo). Debe especificarse con toda claridad su ámbito de acción. Tiene la desventaja de la tendencia a que el ejercicio de veeduría se convierta en un “cogobierno” o en una especie de acoso que impida el correcto desempeño de la gestión.

Los ejercicios de control pueden también ser útiles y desde luego necesarios, con tal que no se conviertan en el “terror” de la gestión en donde pareciera ser que es mejor no hacer nada o que buenos ciudadanos capaces y probos no accedan a la administración pública, porque siempre salen “marcados”. Es decir, investigados y con el afán de los medios de comunicación de condenar sin fórmula de juicio, ¡apague y vámonos! Lo más paradójico es que los corruptos o livianos de moral si llegan y no les importa.

Hay un elemento estructural que tiene que ver con la arquitectura del Estado y es la tecnificación y profesionalización de la burocracia y el papel de la Escuela Superior de Administración Pública. Pero, ése es otro análisis que merece tratarse aparte y en otra ocasión.

Como se observa y quizás se concluye, la lucha anti-corrupción no es fácil, se cumple con facilidad el refrán popular de “palo porque bogas y palo porque no bogas”. Lo único que no puede ocurrir es bajar la guardia ante la abrumadora corrupción en el sector público, que casi siempre proviene de intereses gestados en el sector privado.

El afán de protagonismo de algunos órganos de control de la gestión pública es también un problema porque tiende a colocar a todos sus sujetos, culpables o víctimas en el mismo saco. Quizás a veces por mostrar resultados, se cometen muchos falsos positivos y los corruptos felices. Pero, por favor, no se quiere constreñir la necesaria labor de control y vigilancia del uso de los recursos públicos y de las conductas disciplinables, estas deben actuar con menos bombo y platillos y con más resultados. El justo equilibrio será siempre una virtud a favor del ejercicio de vigilancia y control. De mas no está como si estuviéramos comenzando recordar la definición de corrupción: “El uso y abuso del poder público para beneficio personal propio o de otros, de los recursos públicos”.

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*Víctor Reyes Morris, sociólogo, doctor en sociología jurídica, exconcejal de Bogotá, exrepresentante a la Cámara, profesor pensionado Universidad Nacional de Colombia.

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