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Esa es la que observo en alguna parte de los venezolanos respecto de la situación interna que se vive en el país.
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Esta semana conversé en Bogotá con una persona recién llegada de Venezuela. Tenía más de año y medio que no regresaba al país luego de haber salido por primera vez como migrante el 2021.
Vino a Colombia, como muchos a producir el dinero necesario para mantener la familia en nuestra tierra, dejando allá a sus hijos -mientras eso hacía- al cuidado de los abuelos.
Mensualmente envía el dinero, en la medida de sus posibilidades, algo de lo que produce para la familia y habiendo hecho algunos pequeños ahorros, fue a verlos y organizar, de ser posible, su venida a Colombia. Lo que cuenta del viaje fue aterrador.
Más de 19 alcabalas en el trayecto desde San Antonio del Táchira a Puerto La Cruz, Anzoátegui, una distancia que, en otros tiempos se hacía casi en la mitad del tiempo. En ellas, los integrantes de la guardia nacional hacían lo imposible para hacerle la vida de cuadritos a los viajeros, revisando permanentemente el equipaje, matoneando a extranjeros que viajaban con venezolanas, golpeando a unos por negarse a permitirles el acceso a su teléfono o exigirle a las damas que pujaren para demostrar que no llevaban drogas.
Esa misma persona que eso observó me refirió, complacidísima, la declaración de un reputado abogado respecto de las inhabilitaciones administrativas que el encargado de la Contraloría de la República ha impuesto a candidatos opositores. En la misma manifestaba el jurista que ningún candidato venezolano estaba inhabilitado pues la decisión que había impuesto la medida, era de carácter administrativo, por lo que de ganar algún candidato inhabilitado, con certeza, podría inscribirse en la elección presidencial del próximo año. Esa intervención del jurista fue casi aplaudida por el contertulio recién llegado de nuestra tierra y allí está la contradicción.
Quien presenció como vejaban a compañeros de viaje, golpeaban a los mismos o los colocaban en posiciones corporales abusivas a los efectos de que demostraren que no llevaban en el interior de su cuerpo sustancias ilícitas, ha debido, como todos los demás viajeros, protestar lo conducente respecto de lo ocurrido, dirigirse al comando respectivo a los efectos de hacer la denuncia de rigor o, en su defecto, hacer la correspondiente notificación ante quien ocupa la Fiscalía de la República para que procediere en consecuencia. Cuando le pregunté si lo había hecho, me miró con incredulidad y me recordó lo que recientemente escribí relativo a que Venezuela era la Dodge City del viejo oeste americano, esa que como él mismo me recordó, describió Marcial Lafuente Estefanía en las novelas de vaquero que ambos leíamos en nuestras vacaciones escolares de muchachos en la isla de Margarita.
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Ciertamente estaba esperando esa respuesta y fue allí donde me permití atajarlo y le señalé la contradicción en la cual incurría: Venezuela es Dodge City, un país sin ley, uno donde quienes gobiernan la aplican para sus adversarios y la obvian para los compañeros; ese en el cual, llegado el evento comicial, si el candidato que resulte ganador es uno inhabilitado por ellos, quienes gobiernan no le permitirán inscribirse en la elección presidencial. Ese es un juego cantado con un objetivo que solo un inocente –cliente potencial de urna blanca- puede desconocer, generar una reacción.
Esta pudiera ser, como en Barinas, convenir un sucesor que será aquél al que finalmente se le permita inscribir para enfrentar a quienes gobiernan o en su defecto, llamar a la abstención, activa, militante o pasiva, pero abstención al fin cuyos efectos, por experiencia, todos conocemos.
Ese es, en el viejo oeste americano que es la Venezuela actual, el escenario al cual todos los que en el país residen se enfrentan, aún cuando algunos quieran desconocerlo, bien por selectividad, bien por interés personal o político.
Debo recalcar que estoy convencido que, en estricto derecho, las inhabilitaciones que no pasan por el cedazo de un juez, son inconstitucionales a tenor del artículo 65 de la constitución venezolana. También estoy persuadido, desde hace mucho tiempo, que nuestro problema no es jurídico, es estrictamente político y en atención a ello, que no a la ley, deben adoptarse las decisiones para enfrentar la situación que nos ocupa.
Inducen a error a todos, los que, a sabiendas que esa es la situación, se enfrascan en promover soluciones jurídicas conociendo que el poder judicial que al gobierno sirve, ajustará sus decisiones al deseo de este.
El problema venezolano no lo resolveremos con decisiones jurídicas; sólo serán las políticas, posteriormente acompañadas por las de aquella naturaleza cuando se logre la reinstitucionalización del país, las que permitirán avanzar en nuestra solución. Promover lo contrario es un error, por no decir un engaño, así lo creo.
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*Gonzalo Oliveros Navarro, Abogado. Director de Fundación2Países @barraplural
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