El Gobierno insiste en volver al pasado: al paradigma de que la bala todo lo puede; al envenenamiento de cultivos y campesinos perdidos en ese eufemismo de la Colombia profunda; a una guerra insensata y caprichosa contra las drogas.

La palabra desidia viene del latín y significa, literalmente, caerse de la silla y permanecer sin hacer nada. Desidia. Después del término “nada”, parece no haber en nuestra lengua palabra alguna que describa mejor lo que ha hecho el Gobierno de Duque en el último año para la implementación del Acuerdo de Paz. De seguro el lector y yo estamos pensando en lo mismo: también en otros sectores la palabra encaja perfectamente, pero por ahora hablemos de la implementación de lo acordado en la Habana.

Esta columna debería ser un balance de los retos y avances de la implementación de los seis puntos del Acuerdo Final, pero no, no se puede. Y no es por capricho, advierto. Hace unos pocos días, el Instituto Kroc publicó el más reciente informe sobre la implementación de las disposiciones del Acuerdo de Paz. Cinco de los seis puntos están estancados con mínimos avances; el único punto que muestra algún progreso es el de víctimas. Dicho avance se explica porque el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición ya está funcionando. Este avance, desde luego, no tiene nada que ver con el gobierno, es más, todo lo contrario; recordemos las infantiles objeciones a la Jurisdicción Especial para la Paz.

Nadie muerde la mano de quien lo alimenta. En el uribismo saben muy bien que Uribe fue presidente ocho años por la guerra y que Duque llegó al poder hablando en contra de la paz. El asunto es que cumplir el Acuerdo de Paz no es una cuestión de gustos del gobierno de turno; es una obligación legal del Estado colombiano, sin importar el color del que esté pintada la Casa de Nariño. Y, hablando de legalidad, ¿no es uno de los principios de este Gobierno? ¿Será que esa legalidad de la que tanto habla el Presidente es otro concepto vacío como el de su economía naranja? ¿No eran los promotores de este Gobierno unos patriotas furibundos cumplidores de la ley? No sé.

El propio informe del Kroc sugiere que, en los procesos de paz, los grupos disidentes crecen cuando la implementación tambalea y se reducen cuando esta avanza. Solo este argumento, más un poco de sensatez, bastaría para llevar a cabo una implementación seria y leal del Acuerdo de Paz. Mientras tanto, el Gobierno insiste en volver al pasado: al paradigma de que la bala todo lo puede; al envenenamiento de cultivos y campesinos perdidos en ese eufemismo de la Colombia profunda; a una guerra insensata y caprichosa contra las drogas que aporta votos por el discurso y plata por debajo de la mesa.

La implementación del Acuerdo de Paz debería llevar democracia y progreso a las regiones más golpeadas por el conflicto. La Reforma Rural Integral es uno de los puntos clave de ese propósito. De las 104 disposiciones consignadas en el Acuerdo Final sobre la RRI, apenas un 4% han sido cumplidas, ¡cuatro!, mientras que el 90% de las disposiciones presentan avances mínimos o bien no se han empezado. Vergüenza. Es justo cuando el mundo debate sobre la manera de producir y garantizar el acceso a los alimentos que Colombia se niega a tener un sector rural moderno, productivo y con derechos de propiedad bien definidos.
El desprecio con el cual el gobierno habla y actúa con relación al Acuerdo de Paz no es inconsciente; en el fondo saben que, en un país en paz, ellos no son necesarios.

*Felipe Arrieta Betancourt, estudiante de la Universidad Externado de Colombia. Bloguero en medios digitales, @felipe_arrieta.

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