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La situación humanitaria venezolana amerita con urgencia la adopción de decisiones que impacten positivamente a quienes dentro de las fronteras se encuentran.
Una vieja canción de Joan Manuel Serrat – creo que del álbum Mediterráneo – tiene una letra en la cual se afirma “cada quien es cada cual” y la misma la estimo muy apropiada para estas líneas que hoy escribo respecto de lo que puede estar ocurriendo en Ciudad de México entre la representación de los actores políticos que en Venezuela confrontan.
Quienes observamos en la distancia tenemos distintas expectativas respecto de lo que allí se busca. Para algunos lo fundamental es el tema social. La situación humanitaria venezolana amerita con urgencia la adopción de decisiones que impacten positivamente a quienes dentro de las fronteras se encuentran. Otros privilegian el tema económico pues estiman que las sanciones, aún cuando inicialmente diseñadas para afectar a personas determinadas, han incidido en el aumento de la desmejora en la poca calidad de vida que la mayoría de los venezolanos tienen internamente.
Para los terceros, lo fundamental es el tema político. Debe resolverse el asunto electoral, con certezas y garantías, que permitan avanzar en la solución de la crisis. Para algunos más, entre los que me encuentro, el gran problema es el institucional pues en la medida que éste se resuelva, lo demás avanzará.
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El país – en otras ocasiones lo he advertido – está desconfigurado. Ciertamente dentro de ese problema se encuentra el tema de los poderes sujetos a elección popular pero, dado que éstos son quienes están discutiendo en la mesa mexicana las alternativas de solución, presumo que serán los últimos en resolverse. Quedan otros, el judicial y el ciudadano, por ejemplo, que es menester reconfigurar, quizás con la idea de empezar a darle a los venezolanos y también a la comunidad internacional, la percepción de que está retornando al país la normalidad institucional. De hecho, todos sabemos lo importante que son las sensaciones a los efectos de la opinión pública.
Es imperativo modificar la integración de la Fiscalía General de la República. Quien actualmente la ocupa fue designado por la Constituyente de 2017 y es fiel seguidor del proceso revolucionario. Los derechos humanos por los que debería velar están siendo discutidos nada menos que en la Corte Penal Internacional mientras que las cárceles se encuentran a rebozar de presos políticos, unos inclusive con boleta de excarcelación no ejecutada, cuyo delito ha sido disentir del proceso que en el país se desarrolla, lo que ha validado la persona que ejerce dicho cargo con la solicitud casi imperativa de medidas judiciales contra ellos o peor aun contra cualquiera que de alguna manera disienta o afecte su persona o intereses.
Por su parte, quienes han fungido como Contralor General de la Nación lo han hecho como una suerte de brazo armado del poder. Han decidido a su arbitrio – pues ciertamente la ley se los permite – el tiempo durante el cual quedarán inhabilitados los funcionarios públicos, dado que la norma que regula las sanciones carece de gradación de la pena y ha sido práctica de dicha institución desde hace más de quince años no solo la selectividad en cuanto a las personas sino también en relación con la oportunidad y tiempo de las condenas que imparte, adoptando dichas decisiones contra aquellos que de alguna manera son contrarios a los intereses gubernamentales en momentos en que éstos podían aspirar con marcado éxito a cargos de elección popular.
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Lo descrito no sería problema si en Venezuela existiere un poder judicial confiable dado que éste resolvería ajustado a derecho las controversias que se le plantearen, pero como quiera que ello no es así, dicha circunstancia agrava más la situación nacional. La cúspide del poder judicial se encuentra absolutamente desconfigurada desde el momento en el cual la Asamblea Nacional del 2016 revocó el acto de designación de quienes fueron juramentados para la posición de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia en diciembre del 2015 en un procedimiento de menos de quince días, vulnerando la normatividad que establece que los lapsos del mismo no serán menores a 76 días, lo cual se complicó más aún cuando se impidió a los designados en julio del 2017 asumir sus funciones.
Si a eso se suma el hecho que, en el año 2004, cuando se reformó la ley de esa instancia judicial para incrementar el número de magistrados de la misma, el representante gubernamental en el parlamento que fue su principal promotor sostuvo que el objeto de dicha modificación era incorporar a personas que compartieren plenamente la posición política que él representaba, podrá entenderse la magnitud del problema que enfrenta el país respecto de la materia justicia.
Es por ello que formó parte de quienes creen que uno de los asuntos que debería abordarse con suficiente premura en esa cita mexicana es la reinstitucionalización de los poderes públicos, empezando por aquellos que no están sujetos a elección popular.
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Un poder ciudadano pero sobre todo uno judicial en el cual cualquier venezolano o extranjero que en nuestra tierra haga vida confíe plenamente porque sus integrantes no están allí para defender posiciones políticas sino para resolver controversias ajustándose a los términos de la ley sería un gran avance que muchos celebraríamos dentro y fuera del país. Quienes habrían de integrarlo serían los encargados de resolver, con arreglo a la norma, todas las controversias de cualquier género que ante el mismo se plantee. Sería el inicio del retorno de la confianza y mecanismos para lograrlo existen, solo queda implementarlos. No dudo de ello.
*Gonzalo Oliveros Navarro, Magistrado del Tribunal Supremo de Justicia. @barraplural
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