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Intervención de la presidenta de la Jurisdiccion especial para la paz, magistrada Patricia Linares Prieto en la Conferencia Internacional para la Implementación del Acuerdo de Paz, organizada por Defendamos la Paz. 26 de septiembre de 2020
Hace poco menos de tres años, poco menos de 32 meses, 38 colombianos y colombianas, juristas de todas las regiones del país, especialistas en distintas áreas del derecho, de diferentes orígenes y etnias, todas y todos precedidos de un trabajo esmerado por las víctimas, la justicia y la paz, que habíamos sido seleccionados por un panel de expertos internacionales y nacionales de acreditada y reconocida idoneidad y trayectoria, iniciamos nuestra tarea como jueces de la jurisdicción especial para la paz. Lo hicimos con ilusión, profundo compromiso y convicción de que podemos contribuir, como lo estamos haciendo, a superar la guerra interna que por más de medio siglo ha azotado nuestro país.
El 15 de enero de 2018 llegamos a un edificio de fachada futurista cuyo interior, contrario a lo que se piensa, estaba vacío. No había sillas ni escritorios, no había computadores menos conectividad, ni un teléfono, solo nosotros dotados de un mandato de las víctimas consagrado en la constitución, concretamente en el al 01 de 2017, que materializó el Acuerdo final suscrito en el Teatro colón, luego de que se incorporaran muchas de las modificaciones propuestas por quienes lideraron el No en la campaña del plebiscito.
Esa imagen quedó grabada en nuestra memoria y nos puso de presente, desde el primer momento, que sería nuestra responsabilidad llenar de contenido y hacer realidad esa noción de justicia restaurativa diseñada y construida de manera detallada y exhaustiva por quienes, con la certeza de que era posible una paz negociada, respetuosa de los derechos de las víctimas, de los compromisos internacionales que vinculan al estado colombiano, especialmente de los derivados del Estatuto de Roma, suscribieron el Acuerdo de paz. Nuestra tarea, quedó clara, era materializar y darle vía a una forma de justicia inédita en el mundo, tan esperanzadora como difícil y compleja.
Nuestra tarea no se reduce ni se agota en el castigo. El propósito central es la realización de los derechos de las víctimas, más de 10 millones registradas, de una guerra cuyo fin se empezaba a vislumbrar pero que algunos se empecinan en no dejar terminar. Para ello debemos reclamar de los comparecientes una verdad que para ser plena deberá ser detallada, exhaustiva, minuciosa, pródiga en detalles que alivien el dolor a partir de las certezas.
Se nos impone entonces escudriñar en los informes presentados, hasta hoy 291, en los miles de expedientes que en los anaqueles de la justicia ordinaria soportaron el paso del tiempo para ser analizados y leídos; en los silencios de la verdad que retan a aquellos que quieren olvidar las atrocidades por ellos cometidas. Todo ello en un escenario democrático en el que las garantías consagradas en la constitución y la ley, incluidas las ritualidades y los tiempos, no pueden ceder a los reclamos y presiones, mediáticas y políticas, que auspician aquellos que han encontrado, equivocadamente, en el proceso de paz, en el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición concretamente en la Jurisdicción Especial para la Paz, el núcleo central de las propuestas políticas en las que cimientan sus discursos para negarle el paso a una alternativa histórica que prescindiendo de las armas quiere hacer realidad la paz en Colombia.
Las heridas de la guerra, como lo decía el poeta Juan Gelman en su discurso al recibir en el 2007 el Premio Cervantes, “…laten en el subsuelo de la sociedad como un cáncer sin sosiego. su único tratamiento es la verdad. y luego la justicia”, decía el poeta víctima de una dictadura que por años desapareció a su hija y a su nieto.
A nosotros nos corresponde administrar justicia restaurativa, en ese orden que dice el poeta, exigiendo ante todo la verdad, pues sin verdad no habrá justicia transicional, no habrá sanciones propias para quienes la omitan o tergiversen. Habrá sí penas privativas de la libertad hasta de 20 años. Callar la verdad, pretender ocultarla, minimizarla o intentar revestirla de legitimidad será inútil, pues los jueces en la jurisdicción especial para la paz estamos preparados para identificar esa verdad verdadera que reclaman las víctimas y la sociedad. Si la niegan los comparecientes perderán los beneficios previstos en la justicia restaurativa, pero sobre todo habrán perdido la oportunidad de aliviar el sufrimiento prolongado de las víctimas y el propio llamado de sus conciencias individuales, que estoy segura les reclama el trámite de sus acciones desde el relato doloroso pero necesario de los crímenes cometidos.
En un corto tiempo y lo digo con la tranquilidad de quienes nos hemos entregado sin descanso a cumplir con nuestro deber, en medio de campañas de desprestigio, presiones indebidas, amenazas, y sistemáticos cuestionamientos, hemos diseñado y puesto en marcha 7 macro casos, que en conjunto vinculan a 9.757 comparecientes de las extintas FARC; 2.711 agentes del estado miembros de la fuerza pública y 117 servidores del estado no miembros de la fuerza pública y terceros que voluntariamente se han presentado a la jurisdicción.
En ellos están acreditadas 307.783 víctimas, individuales y colectivas, que participan activamente en las distintas etapas de los procesos; hemos realizado 31.753 actuaciones judiciales, entre ellas 402 audiencias de versiones individuales y colectivas; hemos tramitado 1.813 amnistías y concedido 385 libertades condicionales y anticipadas. Hemos resuelto 56 garantías de no extradición, concediendo 1, negando 1 y absteniéndonos de dar trámite a 54; se han estudiado e impuesto 17 medidas cautelares orientadas todas a proteger la verdad.
Durante 32 meses, la SRVR ha preparado de manera minuciosa los macro casos, avanzamos ya en la fase de versiones y aspiramos, no obstante, los efectos de la pandemia, a tener antes de finalizar el año, en dos de los macro casos abiertos escritos de acusación, los cuales preceden las respectivas audiencias de reconocimiento de responsabilidad, con base en lo cual se arribará a las denominadas resoluciones de conclusiones.
Sabemos y respetamos la angustia de las víctimas que durante décadas no han sido escuchadas, cuyos reclamos por años han sido ignorados por la justicia, a ellas les pedimos comprensión, pudiendo asegurarles que hemos sido rigurosos y hemos avanzado con la celeridad que nos impone como jueces el cumplimiento estricto de la constitución y la ley.
Estos son procesos difíciles, más lentos de lo que quisiéramos, como lo muestran varias experiencias internacionales. Sí se hiciera un ejercicio comparativo con sistemas similares de justicia transicional en el mundo, objetivos y desapasionados, encontraríamos por ejemplo que el tribunal internacional para la antigua Yugoslavia produjo 90 sentencias en 24 años; o que los tribunales de Camboya tardaron 16 años investigando 4 casos contra 20 personas; o que en Colombia justicia y paz, hoy un valioso referente en justicia transicional, produjo la primera sentencia contra paramilitares 5 años después de iniciar sus tareas.
Nuestro propósito es concluir el mandato que tenemos en el término establecido, será difícil pues 50 años de guerra, de crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad, exigen de un trabajo sostenido y riguroso ajeno a las presiones que se ejercen aplicando las lógicas propias de la guerra, en las que pareciera estamos atrapados como sociedad, las cuales hemos podido superar gracias al apoyo de las víctimas que reivindican este proceso como propio; de la sociedad civil que a través de iniciativas como defendamos la paz, trabajan con ese objetivo ejerciendo en paralelo una veeduría oportuna y objetiva sobre el sistema; a la comunidad internacional que con respeto, generosidad y propositivamente desde el comienzo ha brindado su apoyo al proceso de paz de Colombia entendiéndolo como un referente a nivel mundial; a varios sectores políticos que por ejemplo desde la comisión de paz del congreso han defendido esta que reitero es una oportunidad histórica para nuestro país.
Para ello es imperativo que se cumpla de manera integral el Acuerdo de Paz, que se brinden las garantías que el estado les debe a las víctimas y a los comparecientes; que se avance en la implementación de los distintos puntos del acuerdo pues la apuesta fue por una paz estable y duradera que como tal requiere de la erradicación de las causas estructurales que dieron origen al conflicto.
Administrar justicia en democracia supone brindar garantías para la vida e integridad de todas y todos los colombianos, supone respetar la vida e integridad de las víctimas, de sus líderes sociales, de los excombatientes. No podemos permitir entonces la prolongación de lo que, volviendo al poeta argentino, son “tiempos mezquinos”, que nos condenan al exilio del territorio de paz que aspiramos todos a construir en Colombia; no podemos permitir que sigamos muriendo nosotros mismos una y otra vez como lo hemos hecho en los últimos meses, cada vez que es asesinado un líder, una víctima, un estudiante, un excombatiente, o un policía.
Cada uno de nosotros, hombres y mujeres, jóvenes que reclaman como su derecho la misma aspiración que tenemos tantos de un país sin guerra, tenemos la responsabilidad de trabajar por la paz en paz, cumpliendo a cabalidad con el papel que nos corresponda. En la jurisdicción especial para la paz lo estamos haciendo, articulados con la CEV y la UBPDD, mostrando como sistema resultados que empiezan a calar en el imaginario social desplazando la confrontación y dando paso a la esperanza.
Trabajamos respetando el estado de derecho, respetando la autonomía e independencia de los poderes públicos, a tiempo que reclamamos el mismo respeto para nosotros como jueces que integramos una jurisdicción de paz, que nunca, que jamás, acudirá a la agresión o el irrespeto para cumplir con su tarea.
Seguiremos adelante necesitando y valorando el apoyo crítico que nos brindan las víctimas, la comunidad internacional, la comunidad académica e iniciativas como esta. Con tranquilidad y respeto siempre estaremos abiertos a la observación crítica que aportará sin duda a un modelo de justicia en el que están cifradas tantas esperanzas, que entre tantos construimos y que ahora cada vez más nos empeñamos en sacar adelante. Muchas gracias.
*Patricia Linares, presidenta de la Jurisdicción Especial para la Paz.