Disparos a la paz: el prólogo de Daniel Coronell

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El libro de los exministros del interior Juan Fernando Cristo y Guillermo Rivera narra la historia del proceso de implementación normativa del Acuerdo de Paz. Daniel Coronell escribió el prólogo, que La Línea del Medio publica hoy.

La paz de Uribe

La oportunidad de dejar en el pasado medio siglo de guerra se estrelló contra la enfermedad de poder de un solo hombre. Uno solo pero el más poderoso que haya conocido la historia de Colombia. Álvaro Uribe, interesado en conservar el mando del país -inicialmente por interpuesta persona- ha dedicado sus últimos años a la tarea de impedir que los acuerdos de paz, logrados por el gobierno de Juan Manuel Santos, se concreten. Ha sido incesante su labor para construir una formidable –y tal vez invencible-  pista de obstáculos a la implementación del acuerdo.

Lo curioso es que se puede probar que el propio Uribe sostuvo durante su gobierno posiciones muy similares a las pactadas entre las FARC y Santos.

El libro de los ex ministros Juan Fernando Cristo y Guillermo Rivera nos ofrece una oportunidad para conocer las intimidades de la última fase de negociación, los errores en los que incurrieron tanto las FARC como Santos. Las FARC que dilataron tontamente la negociación esperando conseguir más cuando lo único que lograron fue quitarle respaldo ciudadano a los diálogos.

Juan Manuel Santos que cometió al menos dos errores muy graves: El primero, apostarle al plebiscito como mecanismo refrendatorio, cuando no era necesario, pensando en ganar el partido por gol olímpico y sepultando electoralmente a Uribe. La jugada le salió al revés. El segundo, fue haber impulsado la elección de Néstor Humberto Martínez como Fiscal General, sometiendo el tema más sensible para el futuro de Colombia a la ambiciosa agenda de política de Martínez que llegó a la Fiscalía buscando un trampolín para la Presidencia y se fue de ella por la puerta de atrás, reclamándose como apóstol contra la JEP.

También contó la elección de Carlos Bernal como magistrado de la Corte Constitucional. Santos fue negligente y no hizo la tarea de averiguar quien era antes de apoyarlo con el llamado guiño en el Congreso. El jefe de Estado vino a enterarse después de su elección que Bernal pertenecía a uno de los grupos cristianos que se había opuesto a la paz asegurando que el acuerdo con las FARC introduciría a Colombia la llamada “ideología de género”, una falacia homofóbica que sirvió para alinear a millones de evangélicos contra el plebiscito. El magistrado Bernal apenas horas después de su posesión hizo la mayoría con su voto para entregarle al Congreso la posibilidad de modificar los acuerdos y dilatar la aprobación de los mismos.

Sin embargo, nadie como Uribe ha ido tan lejos en la estrategia contra el acuerdo de paz. Una estrategia con muchas capas de elaboración, pero sostenida al final en dos argumentos: Que solo habrá paz si los máximos dirigentes de las FARC van a la cárcel y no puede permitirse la elección de los antiguos cabecillas en cargos de representación popular.

Esos dos puntos son en últimas lo que hacen posible la terminación de un conflicto armado. Ninguna guerrilla en el mundo acepta firmar un tratado cuyo resultado consista en que sus dirigentes vayan presos y no puedan hacer política.

Eso es tan evidente que durante su mandato Álvaro Uribe sostuvo públicamente la necesidad de flexibilizar y constitucionalizar normas para llegar a un eventual acuerdo de paz con la guerrilla. Lo dijo sin siquiera haberse sentado con ellos, solo como una señal para iniciar una negociación.

Uribe era consciente de que la acción militar, por si sola, no garantizaba la desaparición de las FARC. Son varias sus declaraciones en ese sentido pero quizás las más contundentes fueron emitidas y grabadas en el año 2006 y han pasado prácticamente desapercibidas, o por lo menos han sido sepultadas por sus discursos de ahora que claman por la “no impunidad” y la “no elegibilidad”.

Ese martes tres de octubre de 2006, el entonces Presidente de Colombia habló ante la prensa en una sala de conferencias de la Casa de Nariño. A propósito de nada, solo para mandar un mensaje a la guerrilla, Uribe sostuvo que estaba dispuesto a reunirse con él líder histórico de las FARC Manuel Marulanda, conocido con el alias de Tirofijo, y con los otros miembros de la cúpula del grupo guerrillero. La aceptación fue formulada en estos términos:

“Quiero recordar a los colombianos que el gobierno tiene tanta firmeza con la Seguridad Democrática, como apertura hacia la reconciliación. Finalmente la Seguridad Democrática, por eso es democrática, es un camino hacia la paz. Si hay buena fe, un proceso expedito de paz, no un engaño y esa reunión diere una contribución, yo no tendría inconveniente en hacerla”.

La sorpresiva declaración fue seguida por una comparación entre lo que ofrecía la ley de justicia y paz, desarrollada por Uribe como marco de negociación con los grupos paramilitares, y lo que necesitaría el país para negociar con las guerrillas:

“La Ley de Justicia y Paz, que para sus críticos es muy benigna con los paramilitares, no la van a aceptar las guerrillas. En el momento en que haya un proceso de paz con las guerrillas se necesita una legislación todavía mucho más benigna y en ese instante los paramilitares van a pedir que se aplique el principio constitucional de la extensión de favorabilidad”.

El mismo Uribe que hoy reprocha que los acuerdos con las FARC sean integrados a la Constitución Nacional, proclamaba esto hace trece años:

“El país tiene que estar preparado si se da un proceso de paz, para hacer unos cambios en el ordenamiento jurídico que seguramente van a tener que estar insertados en el nivel constitucional. Y eso empieza a crear la necesidad de una asamblea constitucional o constituyente para ese momento, que tendría que ser previa dejación de armas”

Amable lector, le ruego que regrese unas líneas para subrayar que el propio Álvaro Uribe usaba la expresión “dejación de armas”, la misma que después volvió un caballito de batalla contra los acuerdos reclamando que en lugar de la sospechosa “dejación” se hablará más bien de “entrega”. Esa dejación, de la que hablaba Uribe, era único el requisito exigido para que los miembros de las FARC pudieran ser elegibles para una Asamblea Constituyente cuyo poder ciertamente habría sido mayor del que tienen hoy con las curules de Senado y Cámara acordadas en La Habana.

Y aquí empieza la parte más interesante de esas declaraciones de Uribe en el año 2006. En esa ocasión –que ahora quisiera borrar- sostuvo que si un posible acuerdo de paz establecía que los guerrilleros fueran al Congreso, deberían cambiarse las normas para permitir la elegibilidad de personas involucradas en delitos atroces:

“Si un acuerdo de paz exige que vayan al Congreso, ese obstáculo seguramente habrá que removerlo con una norma constitucional. Por ejemplo, la Ley de Justicia y Paz nunca pretendió alterar lo que hay en el ordenamiento jurídico, que prohíbe la amnistía y el indulto para los delitos atroces. Seguramente en un acuerdo de paz con las guerrillas eso habrá que llevarlo a un texto constitucional”

Las declaraciones no eran una postura académica de Uribe. La rezón era otra. En absoluto secreto avanzaba un acercamiento con las FARC para buscar la liberación de los diputados a la Asamblea del Valle y el inicio de un proceso de paz. De la operación solo tenían conocimiento seis personas. Una de ellas era el economista y empresario vallecaucano Henry Acosta Patiño.

Pocos días antes, Acosta había ido a una zona montañosa, cercana a Buga, para encontrarse con Pablo Catatumbo, uno de los máximos jefes de las FARC y entregarle un documento llamado carta/borrador que había sido elaborado por Luis Carlos Restrepo, alto comisionado de paz de Álvaro Uribe.

El papel titulado “Carta a FARC VIII 27 06” es una diciente muestra de los que Uribe estaba dispuesto a entregar a las FARC incluso antes de iniciar una negociación.

“Señores FARC

Pablo Catatumbo

Miembro del Estado Mayor

El portador de la presente ha venido adelantando, con conocimiento del Gobierno Nacional, conversaciones con Usted para valorar la posibilidad de avanzar de manera discreta en el camino que conduzca a un acuerdo humanitario, y eventualmente un proceso de paz.

Creemos que las condiciones están dadas para llevar a cabo una reunión donde se aborden temas como los siguientes: condiciones para desmilitarizar una zona de encuentro; seguridad para los representantes de las FARC; seguridad para los habitantes de la zona; propuestas para un acuerdo humanitario; posición del Gobierno en torno a la extradición de miembros de las FARC en relación con un proceso de paz; viabilidad de un cese de hostilidades con reciprocidad gubernamental; punto de vista del gobierno en torno al conflicto (¿armado?) y pasos para un proceso de paz exitoso.

El portador de la presente está autorizado para avanzar en este camino en coordinación con el Alto Comisionado para la Paz.

Atentamente

Luis Carlos Restrepo

Alto Comisionado para la Paz”

El papel, sin firma autógrafa, pero autorizado tanto por Restrepo como por el entonces presidente Uribe planteaba casi todo lo que después se volvería reprochable –a sus ojos- cuando fue implementado por Santos: llevar la aplicación de la extradición de guerrilleros a la mesa de negociación, declarar un cese al fuego bilateral y reconocer la existencia del conflicto. Aún más, Uribe llegó a ofrecer una zona desmilitarizada para lograr el acuerdo humanitario y el inicio de un proceso de paz que jamás tuvo lugar. Once de los doce diputados, secuestrados por las FARC, fueron asesinados en cautiverio al año siguiente de estos contactos.

La gestión fallida había sido iniciada por lo menos dos años antes, en 2004, con la mediación de un legislador que acercó a Henry Acosta con el gobierno Uribe. Acosta tenía contacto y acceso a Pablo Catatumbo.

En la fase final de la elaboración de la carta/borrador Henry Acosta fue traído a Bogotá desde Pasto en un vuelo privado para reunirse con Álvaro Uribe y Luis Carlos Restrepo. Ese encuentro tuvo lugar el viernes 2 de junio de 2006.

Dos semanas después, Uribe se encontró con Acosta en una habitación del Hotel Intercontinental de Cali. En el encuentro estuvieron presentes Luis Carlos Restrepo y la esposa de Acosta, Julieta López.

Además de la carta/borrador, Acosta le llevó a las FARC un detallado documento con coordenadas precisas para un encuentro entre el grupo guerrillero y el gobierno Uribe. El papel establece la ubicación de las unidades del Ejército para crear un “Sistema de seguridad para un Encuentro Humanitario en la Cordillera” y está fechado en Octubre 3 de 2006, apenas tres días antes de las reveladoras declaraciones de Uribe.

Los intentos de aproximarse a las FARC, a través de Henry Acosta, duraron más de un año y solo fueron interrumpidos cuando Uribe decidió que su intermediario con las FARC sería el entonces Presidente de Venezuela, Hugo Chávez.

Del relevo de mediador también quedó una imborrable huella en una carta de Luis Carlos Restrepo a la hoy condenada directora del DAS, María del Pilar Hurtado.

La comunicación del 30 de octubre de 2007, suspende la autorización de Acosta en estos términos: “Con el fin de dar prioridad a la labor facilitadora que adelanta la Senadora Piedad Córdoba con el apoyo del señor Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez Frías, el canal de comunicación que se mantenía con “Pablo Catatumbo” queda suspendido”.

Es llamativo que Uribe que tanto ha alertado sobre la amenaza castro-chavista supuestamente contenida en el acuerdo con las FARC, olvide que fue él quien invitó a Chávez a mediar con la guerrilla.

El ahora paladín de la justicia en contra de la impunidad establecida, según él, por el acuerdo de paz; decía otra cosa sobre el balance entre justicia y paz, cuando era presidente.

El 30 de septiembre de 2003, ante la Asamblea General de Naciones Unidas, un conmovido Uribe se pronunció ante los representantes de todos los confines del mundo:

“Comprendo la preocupación que surge de atenuar la justicia frente a delitos graves, pero también debe entenderse que en un contexto de 30.000 terroristas, la paz definitiva es la mejor justicia para una nación en la cual varias generaciones no han conocido un día sin actos de terror”.

Si a alguien no le parece suficiente aquí hay otro fragmento de ese olvidado discurso:

“Hay momentos que demandan ajustar la ecuación entre justicia y paz para que esta llegue y se consolide. Llevamos con nosotros lo expresado por el secretario general, Kofi Annan, quien ha propuesto un magnífico balance entre la necesidad de la justicia y la de salvar vidas inocentes”.

¿Por qué lo que era válido para buscar la paz en el gobierno de Uribe resulta reprochable en el acuerdo de paz firmado por Santos?.

La primera respuesta es sencilla: Porque la “paz de Santos” no le sirve a Uribe. Las demás están a lo largo de este apasionante libro.

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