¿Y dónde estaba el gobierno cuando sucedieron las masacres?

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Gobernar no es aparecer después de la masacre, no es el show mediático, no es enviar a tres generales.

Álvaro Balcázar tuvo la gentileza de concederme una entrevista de una hora el 19 de octubre de 2009. Dicha conversación fue trascendental en mi vida académica por cuanto me permitió entender que la seguridad –  humana, militar, policial, informática – en Colombia está en manos de los civiles y que es nuestra responsabilidad involucrarnos activamente. Los militares y demás organismos de seguridad son un instrumento fundamental, no los arquitectos.

Los principios fundamentales de la estrategia concebida dentro del proceso de paz en Colombia se construye a partir de entender que tenemos un ‘déficit de Estado’ en el que se abandonó la mayor parte del territorio nacional, así que para recuperar estos territorios es necesario aceptar:

a) que nuestro Estado no ha sido diseñado para ir a donde previamente no ha estado, regiones donde la ley han sido los fusiles, la moneda la coca y la educación la radio;

b) que no hay ‘dilema’ respecto a qué es más importante -lograr la seguridad o avanzar en el desarrollo económico y social – , porque sencillamente sin seguridad no es posible el desarrollo;

c) que nuestros avances económicos y sociales son difíciles pero posibles en medio del conflicto pero no son sostenibles y es por ello que hay que terminarlo;

d) que lo esencial, al momento de trabajar en lo local, es la flexibilidad que tengamos para responder a las necesidades reales de la población y esto implica aprovechar cualquier oportunidad para construir confianza en el Estado; y, finalmente,

e) que es necesario mantener las estructuras locales existentes independientes del Estado para que permanezcan y apoyar la construcción de las faltantes.

La entrevista se desarrolló dentro de la investigación que conducía para mi doctorado, con trabajo de campo en dos regiones muy golpeadas por la violencia en el Valle del Cauca. De ese trabajo quedan muchos relatos dramáticos, la experiencia de estar en municipios totalmente controlados por paramilitares, el viaje por carreteras que no existen pero llevan a fincas suntuosas rodeadas de casas humildes quemadas, la búsqueda infructuosa de las supuestas carreteras que se han pagado e inaugurado con nuestros impuestos y la salida rápida de una población como cenicienta antes de las 6 pm porque se te puede ir la vida en ello. Lo más importante fue el ejercicio de comprender cómo nuestra administración pública trabaja con unas políticas diseñadas en un escritorio que no se sincronizan con la realidad de los pobladores.

Esto no es poca cosa porque el problema de estas decisiones radica en que el éxito o el fracaso del Estado y de sus políticas alienta o combate los conflictos locales, como directamente me dijo una víctima en una de estas poblaciones en el 2009: “¿Y dónde estaba el gobierno cuando sucedieron las masacres?”.

Gobernar no es aparecer después de la masacre, no es el show mediático, no es enviar a tres generales – porque eso parece mostrar que se le da importancia – . Es entender el deber que tiene el Estado de identificarse con sus comunidades, comprometerse a proteger a todos y cada uno de sus ciudadanos, inclusive en los tiempos más oscuros, si se quiere mantener la conexión política que nos lleva a ser una nación.

Las políticas de los civiles actualmente a cargo de este gobierno son las que han conducido a las masacres en Nariño, a los constantes desplazamientos masivos en “pacífico, noroccidente y zonas de frontera”, a la siempre crítica situación en el Catatumbo, al fuerte control territorial de grupos armados en Chocó, Antioquia y Nariño -principalmente en comunidades étnicas – y al retorno de las minas antipersona y otros artefactos explosivos (MAP/MUSE/AEI) a nuestra tierra, como reporta Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación Humanitaria en Colombia.  

No debemos dudar que la vuelta a la fumigación de cultivos y que haya o no haya operativos contra los grupos armados en Nariño es una decisión de civiles, no de militares. No cumplir con los acuerdos de paz y la voluntad colectiva, en uno de los departamentos que más apoyó el plebiscito, es una decisión, así como lo ha sido olvidar al departamento de Nariño – desde la ira de Bolívar – y dejar a sus ciudadanos en manos de las organizaciones al margen de la ley, de forma que debemos preguntarnos quiénes son esos civiles y cuáles son sus intereses.

Es fácil saber que son personajes que se asemejan a ‘arquitectos de la guerra’ y no comparten lo que los arquitectos de la paz construyeron. No lo dudemos.

*David Camargo, docente asociado Universidad Antonio Nariño, científico analista de datos, asesor en políticas públicas con doctorado en el área de reconstrucción centrado en consecuencias de la guerra sobre la propiedad de la tierra.

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