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Hasta que no destierre los intereses oscuros que se esconden detrás de la violencia del Estado, el presidente no dejará de ser el cómplice espectador de un retroceso democrático.
Escalofriante. Ese es el término que mejor describe la serie de acontecimientos que los medios de comunicación han destapado durante los últimos meses ante la opinión pública. Cuando todos pensaban, incluso a pesar de las diferencias ideológicas, que Colombia había sepultado prácticas nefastas, nos encontramos con que lo único que estamos sepultando diariamente es a líderes sociales, a la privacidad, a los derechos fundamentales de los ciudadanos y a la democracia en general.
Vivimos en un país totalmente diferente al que se imaginan el presidente y su bancada. Hay que ser muy ciegos, o peor aún, indolentes, como para no reconocer que Colombia está atravesando por una crisis humanitaria, política y democrática sin precedentes en nuestra historia reciente.
La violencia que durante mucho tiempo se buscó erradicar está volviendo a renacer. Y no me refiero exclusivamente a la sistemática y evidente violencia de la cual somos testigos todos los días cuando asesinan a nuestros líderes sociales, campesinos y defensores de derechos humanos. Hablo de la violencia que se genera desde el mismo Estado. Las presuntas ejecuciones extrajudiciales, las interceptaciones ilegales, la estigmatización de la protesta social y el atropello contra la ciudadanía, son algunos de estos ejemplos. El narcotráfico es un cáncer que se ha encubado en nuestro sistema y que sigue cobrando la vida de miles, pero no es la única desgracia de los colombianos. También hay otros males que se gestan, ya sea por acción o por omisión, desde las oficinas públicas y que nos están desangrando.
Parece no sorprender que dichas prácticas criminales aparenten ser calcadas de un tiempo no tan remoto, cuando a Colombia la lideraba Álvaro Uribe. Y es que, en últimas, Duque no es sino la continuación anacrónica de un modelo de gobierno donde los valores democráticos y los derechos de los ciudadanos ceden ante la necesidad de garantizar la “seguridad” y los intereses económicos y jurídicos de unos pocos. Muchos se atreverán a decir que la violencia que estamos presenciando es el resultado de vicios institucionales, o incluso de una paz mal lograda. Sin embargo, durante el gobierno Santos, como en el de Pastrana, Gaviria o Samper, no hubo, o por lo menos no a los niveles de sistematicidad que estamos presenciando, ni ejecuciones extrajudiciales, ni chuzadas, así como tampoco represiones violentas contra estudiantes y manifestantes.
El presidente podrá cambiar una y mil veces a sus asesores de comunicaciones, pero hasta que no destierre los intereses oscuros que se esconden detrás de la violencia del Estado, no dejará de ser el cómplice espectador de un retroceso democrático que nos tomará años en superar. Qué legado tan pálido el de este gobierno. El recuerdo del cuatrienio de Duque se está pavimentando sobre las lápidas de cientos de colombianos. Es el réquiem de la democracia.
Mientras se les rinde homenaje a ex ministros y generales cuestionados, algunos de los funcionarios del gobierno siguen mancillando la justicia interceptando conversaciones e instalando micrófonos para poder manipular de manera tramposa el resultado de fallos políticamente sensibles. Mientras se reparten colombinas en las zonas más deprimidas y afectadas por el conflicto armado en el país, se siguen vistiendo de combatientes a campesinos para inflar las cifras de bajas en combate. Mientras se habla de diálogo nacional, la familia de Dylan Cruz sigue esperando las sentidas disculpas del Esmad.
El presidente no puede seguir embelesado por los cantos de sirena del comité de aplausos que lo rodea diariamente. Tampoco puede seguir sometido al yugo de su mentor que poco a poco lo arrastra al abismo del ostracismo. Duque tiene que ser consciente de que el único responsable del retroceso democrático es él mismo al no tomar acciones contundentes para evitar volver al pasado.
En vez de poner medallas y llenar de méritos a funcionarios cuestionados, debería adelantar una destitución masiva de esas que él mismo llama “manzanas podridas” o incluso de funcionarios ineficientes que no han sabido enfrentar los innumerables retos que tiene Colombia. De paso, podría también poner a raya las voces más radicales de su partido y rodearse de verdaderos demócratas que le ayuden a retomar el rumbo de su gobierno, uno que no esté alineado con los intereses ilegales de los que promueven la violencia de Estado y que atentan constantemente contra la democracia y sus instituciones.
*Gabriel Cifuentes Ghidini, @gabocifuentes, Doctor en derecho penal, Universitá degli Studi di Roma, MPA, Harvard University, LLM, New York University, Master en Derecho, Universidad de los Andes
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