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Nicolás Maduro y Diosdado Cabello son la principal amenaza a la seguridad nacional en por lo menos los últimos 100 años de historia republicana.
Permítanme disentir de la gran mayoría de opinadores y analistas. En mi opinión, la postura diplomática del Presidente Iván Duque frente al dictador Nicolás Maduro en el caso de Aída Merlano es la acertada.
Y es tal vez lo único en lo que reconozco un acierto del Presidente Duque. Desde el Congreso, me he opuesto a sus reformas tributarias, a sus objeciones a la JEP, a su política de aspersiones con glifosato, a la manera en que ha abordado la implementación de los acuerdos de paz, a las reformas laboral y pensional, entre muchos otros temas.
Pero, en este caso, ha acertado, y es así 1) porque el fin no justifica los medios y la legitimidad y la reconstrucción del hilo constitucional venezolano son más importantes que la eficacia que pueda tener el dictador vecino, 2) porque, aún si fuéramos pragmáticos, el reestablecer relaciones consulares con el régimen no garantiza la extradición de Merlano, y 3) porque, en últimas, la prioridad de la política exterior colombiana frente a Venezuela es la caída de la dictadura que apoya a grandes delincuentes terroristas que atentan contra Colombia y el hemisferio y no tanto la extradición de una delincuente comparativamente menor.
Que Juan Guaidó, presidente del Congreso venezolano, sea reconocido como Presidente encargado de Venezuela por Colombia y otros 60 países democráticos, no es una maniobra retórica ni un embeleco como lo quieren hacer ver los medios y periodistas tibios o a favor del régimen que hablan de “autoproclamación”. No. Juan Guaidó es el presidente encargado por mandato de la misma constitución chavista que la dictadura ha violentado sistemáticamente desde su promulgación, especialmente con las elecciones presidenciales fraudulentas y sin observación internacional de 2018. También se violentó notoriamente la constitución chavista, al punto de que la administración Santos sentó una dura posición, cuando no se convocó a elecciones de alcaldes y gobernadores en 2016 y, en cambio, se convocó a una espuria Asamblea Nacional Constituyente – no reconocida por el Estado colombiano desde la administración Santos – que, tres años después, no ha redactado ni una coma de la nueva constitución pero sí se dedicó a legislar sin deliberación y en paralelo a la Asamblea Nacional y a quitarle – sin tener la competencia – la inmunidad parlamentaria a los legítimos diputados del congreso venezolano para así continuar con la persecución política y las torturas a los opositores.
En ese sentido, Juan Guaidó es el presidente constitucional de Venezuela. Su elección es jurídicamente válida y, además, legítima. Otra cosa es que, por no tener el control fáctico sobre las fuerzas armadas de ese país, no sea eficaz para manejar asuntos militares o policiales. Quien sí es eficaz en manejar a las fuerzas armadas venezolanas, precisamente por ser un gobernante de facto (lo cual lo hace ilegítimo y sin fundamento jurídico), es Nicolás Maduro, a tal punto que ordena torturas, persecuciones políticas y demás crímenes de lesa humanidad a sus subordinados que le obedecen sin chistar.
Es en este punto en donde se deben analizar los fines y los medios. Si el fin que se persigue es la extradición de Merlano, ¿se debe buscar por cualquier medio, incluido el de entablar diálogos con un régimen torturador, desplazador, y exterminador, sólo porque ello podría ser más eficaz que solicitárselo a las instituciones válidas y legítimas? En mi opinión la respuesta es un rotundo no, y en este caso, los principios sí están por encima del pragmatismo.
Llegamos entonces al segundo punto. Aún si fuéramos pragmáticos, nada garantiza que al reestablecer relaciones consulares con el régimen dictatorial se logre la extradición de Merlano, como tampoco se garantizaría la captura y extradición de Márquez, Santrich ni de los integrantes del ELN. Muy por el contrario, la maniobra sería completamente contraproducente para nuestros intereses nacionales y la probabilidad de que la situación se convierta en un show mediático es enorme (como ya está ocurriendo), siendo el dictador el principal beneficiado y Colombia y el pueblo venezolano los más perjudicados.
Pero señalemos otro detalle que varios opinadores han olvidado: Colombia sí tiene relaciones diplomáticas con Venezuela. Y son supremamente fluidas y fructíferas, sólo que las tenemos es con la Asamblea Nacional que es la única institución válida y legítima que queda en el hermano país. Tenemos embajador, comunicación constante y una agenda común de lucha por la democracia, la libertad y en contra del terrorismo. Una cosa es tener relaciones diplomáticas o consulares con un país o Estado y otra muy distinta es tenerlas con un dictador que permanece en el poder a fuerza de torturas, persecución y exterminio.
En tercer lugar, están las prioridades y aquí debemos ser muy claros. Nicolás Maduro y Diosdado Cabello son la principal amenaza a la seguridad nacional en por lo menos los últimos 100 años de historia republicana. Estas dos personas auspician y protegen a grupos terroristas que atentan contra los colombianos y buscan subvertir nuestro orden constitucional, como lo son el ELN y disidencias de las FARC. También favorecen a grupos terroristas como Hezbolah y recientemente vimos como tres integrantes de Al-Qaeda llegaron a Venezuela para ingresar a Colombia, tramitar pasaportes falsos e ingresar a Estados Unidos. También amenazan con disparar misiles a la población civil colombiana, ingresan tropas militares a Colombia varias veces al año para provocarnos, expulsan a nuestros embajadores y compatriotas residentes en Venezuela y llenan nuestro país con espías venezolanos y cubanos que merodean nuestras bases militares. Todo esto está plenamente documentado y desconocerlo es propio de necios, o peor, de cínicos.
En ese sentido, la prioridad es la restauración de la democracia y la institucionalidad en Venezuela, para así combatir a los grupos violentos que subyugan al país hermano y amenazan al nuestro. La extradición de Merlano es ciertamente un tema menor comparado con la macrocriminalidad de los elenos, Márquez, Santrich, Hezboláh, Alqaeda y los propios Cabello, Maduro, Padrino et al. Mal que bien, Merlano se encuentra en una cárcel, y si acaso hubiera alguna prioridad diplomática entre Colombia y Venezuela frente a la ex congresista, sería la de exigir garantías para que no la torturen ni la manipulen, como hacen con los demás presos del Helicoide donde se encuentra recluida.
Sandra Borda en su columna de El Tiempo del 5 de febrero argumenta que la diplomacia no debe atarse a un código de honor ni a una posición de principios, sino a un arte más pragmático que permita resolver problemas concretos. Sin embargo, permítanme disentir nuevamente. En este caso particular, ni por principios, ni por pragmatismo, ni por prioridades, se justifica tener como interlocutor a un tirano.
*Carlos Ardila, Representante a la Cámara por el departamento del Putumayo. Abogado. Especialista en derecho administrativo de la Universidad Externado de Colombia. @CarlosArdila10
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