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Luis Emil Sanabria hace un balance de la estrategia de hacer trizas la paz.
Hay que “hacer trizas ese maldito papel que llaman el Acuerdo Final de Paz con las Farc”. Con esta frase, el exministro Londoño señaló el camino a seguir por el gobierno del presidente Duque. Una sentencia que parecía difícil de cumplir y que, para otros, no era más que una frase destemplada. Sin embargo, este gobierno no solamente está alcanzando ese fatal dictamen, sino que, además, está acabando cualquier asomo de avanzar hacia la paz integral.
El partido de Gobierno y sus socios tuvieron varios años para preparar una estrategia que deja ver dos componentes. El primero trata de fortalecer su movimiento, conformado por sectores populares, pequeña burguesía ascendente, empresarios y banqueros, latifundistas, burgueses en crisis, pseudo iglesias y medios de comunicación, al cual han llegado narcotraficantes, despojadores de tierras e ilegales. El segundo insiste en profundizar un régimen en donde predomina el interés del gran capital, la privatización de lo que queda de sectores estratégicos de la soberanía nacional, la restricción de los derechos laborales y políticos, el fortalecimiento del aparato represivo y la acción mediática y jurídica contra diversos sectores de la sociedad y contra las organizaciones sociales, comunitarias, políticas y sindicales.
El primer componente de la estrategia, que he llamado “durmiendo al camarón para volver al pasado”, ha sido motivo de varias reflexiones de columnistas, politólogos y sociólogos. Su implementación no ha sido tan fácil, lo que se corrobora con los resultados de las últimas elecciones, con la convocatoria exitosa al paro y las movilizaciones sociales de finales del 2019 y principios de 2020, además del importante movimiento de opinión alimentado por organizaciones y alianzas a favor de la paz y los derechos humanos, lo que me conduce a señalar los avances en la implementación de elementos sustanciales del segundo.
Con la mesa de conversaciones Gobierno – ELN, reanudada el 10 de mayo de 2018, previamente trasladada desde Quito hacia La Habana, debido a la decisión del nuevo gobierno ecuatoriano de no continuar con su labor de garante del proceso, el gobierno Duque se dedicó, durante los primeros meses de administración, a implementar acciones que condujeron al rompimiento de las conversaciones, estas respaldadas con una serie de discursos y mensajes usados para desvirtuar la existencia de un conflicto armado interno. Estos hechos fueron eficazmente secundados por operaciones de esta guerrilla, algunas de las cuales infringen claramente el derecho internacional humanitario, como el carro bomba estallado en las instalaciones de la Escuela de Cadetes General Santander de Bogotá en enero de 2019 o la continuidad de la práctica del secuestro y la extorsión.
Una vez ocurridos los hechos condenables de la Escuela de Cadetes, se exigieron nuevas condiciones a la guerrilla del ELN, que algunos señalamos de nuevos inamovibles y, lo que es peor, se olvidaron los avances logrados en la mesa, lo que en definitiva terminó con el rompimiento de las conversaciones, y las exigencias a Cuba, de capturar y extraditar a los negociadores elenos, debilitando un compromiso de carácter internacional, que involucraba varios países garantes e incidiendo para que el gobierno Trump endureciera las sanciones contra la República de Cuba.
En relación con la implementación del Acuerdo de Paz Estado-FARC- EP; se detiene el proceso de reforma rural integral; se engaveta el debate y aprobación de las reformas políticas que desarrollarían la apertura democrática para construir la paz; se niegan garantías a la vida de excombatientes; se detiene e incumple el Programa Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS); se promueven proyectos de ley para debilitar el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición y, en especial, la JEP; se delega como representante del Estado ante el Comité Nacional de Paz a la senadora Valencia; se debilita la reparación integral a víctimas y la restitución de tierras contempladas en la Ley 1448 de 2011 y se cuestiona el papel de la observación internacional y de los países garantes. De esta forma, vía reducción de la implementación, se transforma al Acuerdo en uno de desarme, desmovilización y reintegración (DDR).
Mientras todo esto ocurre, se desestima y descalifica la sistematicidad en los asesinatos de líderes y lideresas sociales; se estigmatiza la labor de defensores de derechos humanos y constructoras paz; se suspenden, ocultan o desvían investigaciones contra victimarios; se usa la estructura de inteligencia estatal para espiar y perseguir a la oposición política; se reprime la protesta social y se hace uso indebido del derecho para perseguir y judicializar líderes y lideresas.
Seguidamente, el Gobierno revive la Ley de sometimiento a la justicia de grupos armados organizados mediante el decreto 601 de 2020, que deja interrogantes respecto de la construcción de la verdad, las garantías de no repetición y la superación de la impunidad y el narcotráfico. Este decreto, sin una política integral de paz, será una nueva ventana a la impunidad y al reciclaje de nuevos círculos de violencia.
En medio de la crisis desatada por el Covid-19 que, por supuesto, no estaba en los planes, se agiliza la implementación de medidas económicas que golpean fuertemente a la producción nacional, favoreciendo al sector financiero y se desconocen conquistas laborales, mientras se avanza con subsidios que benefician a grandes terratenientes y golpean a la producción campesina y se pretende implementar proyectos de gran impacto cultural, ambiental o económico contra las comunidades, como el puerto de Tribugá, que afecta no solo el habitat de especies, sino también somete al exterminio la vida, la cultura y las tradiciones milenaras de los Embera. Asimismo, se cierra el Congreso de la República, sin plantearse siquiera terminar con el nefasto modelo de salud de la Ley 100. Los decretos, firmados bajo el estado de excepción, impactan negativamente la población empobrecida y no contienen el avance de la pandemia y mucho menos garantizan el mínimo vital de toda la población.
Para finalizar el primer componente, el Gobierno se involucra en lo que considero una estrategia de EE.UU de intervenir militarmente en la República Bolivariana de Venezuela para apoderarse de su petróleo, autorizando la presencia de la “Brigada de Asistencia de Fuerza de Seguridad, Sfab” de las Fuerzas Armadas de EE.UU, sin consultar al Congreso, violando la soberanía nacional y la Constitución Política, bajo el pretexto de lucha contra el narcotráfico. Seguramente, también están pensando en aumentar la acción militar contra el ELN, buscando propinar golpes certeros que lo “obligue” a negociar.
Tendremos que anticiparnos, en medio de las restricciones que nos impone la pandemia, a movernos en todos los espacios posibles, construyendo lazos de solidaridad entre los pueblos que sostengan un gran movimiento ciudadano, social y comunitario, y en alianza con sectores políticos, exigir y promover una nueva forma de ver y sentir la vida, reencontrándonos con la paz, resistiéndonos a volver a la normalidad que nos imponen los injustos y violentos y recreando la reconciliación que crece en los corazones y las almas de quienes sentimos que es posible recuperar la esperanza.
*Luis Emil Sanabria, bacteriólogo, docente universitario con estudios en derechos humanos, derecho internacional humanitario y atención a la población víctima de la violencia política. @luisemilpaz
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