En Europa, la discusión sobre los efectos del calentamiento global para la independencia del BCE apenas comienza.  Mientras tanto, en Colombia la pérdida de independencia del Banco de la República pareciera ser cuestión de tiempo. 

Hace unas semanas, Salomón Kalmanovitz expresaba públicamente en su habitual columna en el periódico El Espectador su preocupación sobre una posible amenaza en ciernes para la independencia de la que es una de las grandes innovaciones de la Constitución del 91: la Junta Directiva del Banco de la República. Paradójicamente, el profesor Kalmanovitz podría encontrar también en Frankfurt quien lo acompañe en sus temores. 

Casi por lo mismos días, el presidente del Bundesbank se quejaba públicamente en el mismo sentido para el caso del Banco Central Europeo (BCE), luego de que su nueva presidenta, Christine Lagarde, anunciara su intención de “revisar” las competencias del banco para que la capacidad de mitigar los riesgos derivados del cambio climático se convierta en parte “crítica” de su misión.[1]  Así las cosas, ¿podría considerarse utilizar las funciones de banca central para luchar contra el calentamiento global? ¿Afectaría ello la independencia del banco?  Ese es el debate que se ha generado dentro del llamado “Eurosistema”,[2] y particularmente en el seno del BCE con sede en Frankfurt, (de cuyo Consejo de Gobierno hace parte el presidente del Bundesbank).  Para entender lo que sucede, es necesario no solo reflexionar sobre la posible pérdida de independencia, sino también tener en cuenta las funciones esenciales que debe cumplir todo banco central.  

En el caso colombiano, la independencia del banco se encuentra garantizada constitucionalmente, siendo una de las bases más importantes con las que cuenta la institucionalidad económica en el país.  Dotado de un régimen especial en nuestro ordenamiento jurídico, goza de autonomía patrimonial, técnica y administrativa (Art. 371 C.P.).  Así, aunque actúa en coordinación con la política económica general, la Junta Directiva del Banco de la República cumple sus funciones de autoridad monetaria, cambiaria y crediticia (Art. 372 C.P., Ley 31 de 1992) sin estar sujeta a la intervención del presidente de turno.  De esta forma, ha logrado resistir (hasta ahora) a las presiones políticas y su prudente intervención le ha permitido cumplir con su principal objetivo: mantener el poder adquisitivo de nuestra moneda (Art. 373 C.P.) y lograr controlar de manera exitosa las constantes presiones inflacionarias desde la década de los 90s hasta nuestros días. 

Por su parte, en el caso de la Unión Europea dicha garantía de independencia del BCE se encuentra consagrada en uno de los tratados constitutivos de la Unión, esto es, en el Artículo 130 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, mientras que el objetivo primario de mantener la estabilidad de precios y sus funciones básicas en el marco del Sistema Europeo de Bancos Centrales (SEBC)[3] se encuentran en el Artículo 127 Nrales. 1 y 2, respectivamente.  Así, en el marco de sus competencias, tradicionalmente los bancos centrales se encargan de dirigir la política monetaria, cambiaria y crediticia, ejerciendo el rol de prestamistas de última instancia de los establecimientos de crédito, de apoyo al debido funcionamiento de los sistemas de pago y de administración de las reservas internacionales, entre otras varias importantes funciones. [4]  Lo anterior, siempre “en coordinación con” (Colombia) o en “apoyo a” (UE) la política económica general, priorizando en cualquier caso la estabilidad de precios.  

Ahora bien, como era de esperarse, las declaraciones de Lagarde aludiendo a una posible “revisión” de las competencias del BCE no han pasado desapercibidas y la reacción pública del presidente del Bundesbank, Jens Weidmann (conocido también por haber sido uno de los más feroces críticos de la gestión del antecesor de Lagarde, Mario Draghi), no se hizo esperar.  Y es que para Weidmann, tener en cuenta los riesgos derivados del cambio climático como parte integral de la política monetaria implicaría concentrarse en la compra de los llamados “Bonos Verdes”,[5] lo cual llevaría a romper con las exigencias del “Principio de Neutralidad” que debe caracterizar la actuación de todo banco central, y, con ello, abandonar la meta esencial de la política monetaria: la estabilidad de precios.  Además, en opinión de Weidmann, dicha inclusión podría conllevar a futuro presiones políticas indebidas, pues es posible que se continúe con dicho tipo de compras de “Bonos Verdes” en momentos en los que no sean recomendables desde el punto de vista de política monetaria.[6] 

Parecería tratarse de un argumento no muy convincente, pues de la misma manera en que el BCE interviene en el mercado “apoyando” la política económica general para incentivar, por ejemplo, la financiación de empresas pequeñas y medianas que no tienen fácil acceso al crédito abaratando el costo de éste, la priorización de la compra de “Bonos Verdes” incentivaría las inversiones en sectores que favorezcan la protección del medio ambiente y cumplan criterios de sostenibilidad.  Sin embargo, el problema del presidente del Bundesbank no se encuentra en el incentivo mismo del banco a los sectores de la economía que promuevan inversiones sostenibles, sino más bien en la priorización que se tenga que hacer de dicho tipo de incentivo sobre los demás al convertirse en parte esencial de la política monetaria.  Si Weidmann tiene razón, la viabilidad de integrar la lucha contra el cambio climático dentro de las funciones tradicionales del banco implicaría un conflicto entre las metas que éste debe perseguir. 

Los temores de Jens Weidmann se centran entonces en la pérdida de independencia como consecuencia de una posible priorización que se haga en el marco de nuevas competencias otorgadas al ya poderoso BCE.  Se trata de un debate macroeconómico, jurídico y político, pues concretar los planes de Lagarde podría implicar una reforma estructural de las funciones del BCE, afectando incluso los propios tratados constitutivos de la UE.  El problema para Weidmann es que otorgarle al BCE un mandato de tal alcance supondría socavar la neutralidad y con ello, afectar la independencia del banco.  Desde su perspectiva, el nuevo objetivo de prevenir los riesgos generados por el cambio climático no sería siempre compatible con la meta esencial de garantizar la estabilidad de precios.

En Europa, la discusión sobre los efectos del calentamiento global y la independencia del BCE apenas comienza.  Mientras tanto, en Colombia la pérdida de independencia del Banco de la República pareciera ser cuestión de tiempo.  Si los temores del profesor Kalmanovitz se concretan, un sector de la política nacional habrá asumido dentro de poco el monopolio pleno sobre los miembros que componen su Junta Directiva. Es lamentable tener que reconocer que, cuando pronto nos hagamos las mismas preguntas que se hacen hoy en Frankfurt sobre el rol y las competencias de la autoridad monetaria en un contexto de riesgo generado por el cambio climático, la independencia del Banco de la República no será una cuestión relevante.  De facto, ya se habrá perdido.   

*Fernando Ortega, Abogado y docente universitario, hizo parte del “Masterclass 2019” del Instituto Max Planck de Derecho Público e Internacional en Heidelberg (Alemania).  Cuenta con una Maestría en Derecho Financiero Alemán y Europeo en la Universidad Johannes Gutenberg de Mainz y es actualmente candidato a Doctor en Derecho a través de una beca del DAAD en la misma universidad, @FerOrtegaC


[1] Sobre las declaraciones de Lagarde ver, entre otros, discurso ante el Comité de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo, Bruselas, 2 de diciembre de 2019

[2] Del “Eurosistema” hacen parte los Bancos Centrales de países que adoptaron el EURO.  De la mano del BCE, se encargan de dirigir la política monetaria de la Unión (Art. 282 Nral. 1 del Tratado de Funcionamiento de la UE). 

[3] El Sistema Europeo de Bancos Centrales de los países miembros de la Unión Europea (SEBC) incluye los Estados que NO han adoptado el EURO, está dirigido por los órganos rectores del BCE y es el encargado de mantener la estabilidad de precios (Art. 282 Nral. 2 del Tratado de Funcionamiento de la UE). 

[4] Para el caso de la Unión Europea debe mencionarse que el BCE es también el responsable de la supervisión de las entidades financieras domiciliadas en los estados miembros.  En Colombia, dicha función es ejercida por parte de la Superintendencia Financiera.

[5] Como “Bonos Verdes” se conocen aquellos tipos de bonos cuyas inversiones (nuevas o existentes) buscan financiar proyectos que cumplan criterios de sostenibilidad y/o que muestren beneficios ambientales.  Deben cumplir con los Principios establecidos para tal fin y son certificados como tales por parte de la International Capital Market Association – ICMA. 

[6] Ver al respecto, palabras de Jens Weidmann en la segunda conferencia de mercados financieros del Deutsche Bundesbank, 29 de octubre de 2019, Frankfurt am Main.

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