El decreto de entrega de bienes cuyo borrador publicamos está diseñado para alimentar la narrativa del incumplimiento de las Farc. Nada de lo que plantea facilita el proceso. Se necesita re-barajar con pragmatismo y buena fe para dar cumplimiento a lo acordado.

Aquí se enuncian algunas de las dificultades encontradas y se explica por qué el proyecto gubernamental no las resuelve.

  • Impone un plazo perentorio hasta el 31 de diciembre de 2019  

“En todo caso, antes del 31 de diciembre de 2019, los exintegrantes de las FARC-EP deberán realizar la entrega material de todos los bienes incluidos en el inventario”.

Se pretende así finiquitar en dos meses lo que no se ha logrado en dos años. ¿Cómo lo logrará el Gobierno? Como no tiene recursos para movilización, los excombatientes no se han podido desplazar a inspeccionar el estado de los bienes y preparar su transferencia. A fines de mayo, por ejemplo, las FARC intentaron entregar un predio en Cantagallo, Bolívar, y la Sociedad de Activos Especiales, la entidad a cargo de la administración, les informó que no podrían desplazarse a recibirlo por razones de orden público.

  • La excomandancia de las Farc ha perdido control sobre algunos bienes

En el decreto 1407 de 2017, adoptado en la administración Santos, quedó establecido que las Farc “responderán por su cuidado e integridad hasta el momento en que se realice dicha entrega material.” Unas Farc desarmadas no están en condiciones de cuidar bienes en zonas de conflicto. Según las mismas Farc, la publicidad de la lista entregada, que efectuó el Fiscal Néstor Humberto Martínez, puso una presión adicional sobre bienes cuya propiedad no se conocía hasta entonces. El paso del tiempo tampoco ha ayudado.

  • No se ha avanzado en el tratamiento de los propietarios legales de predios

“Para el caso de los bienes sujetos a registro, se necesita que los exintegrantes de las FARC-EP garanticen la participación de los propietarios inscritos en registro, en la diligencia de entrega material.” Muchos de estos propietarios son campesinos a quienes se les permitía usufructuar de un porcentaje del terreno; algunos hasta pidieron préstamos con ellos como garantías; la mayoría no ha pagado prediales en años. ¿En qué situación legal quedarán ellos?

  • Se asegura la irrelevancia de la Comisión Transitoria de Verificación de Bienes

La Comisión Transitoria de Verificación de los Bienes y Apoyo al Administrador del Patrimonio Autónomo no ha sido convocada. Ni el gobierno anterior ni el actual la puso en marcha. Su objeto consistía en brindar “el apoyo técnico, administrativo y financiero al administrador de dicho patrimonio”, es decir, a la SAE, “en el proceso de recepción material, verificación, custodia y administración de los bienes incluidos en el inventario entregado por las FARC-EP”. En el decreto de 2017, la Comisión debía reunirse cada semana y, en el nuevo borrador, el periodo será bimestral. Si el proceso entero debe acabar este 31 de diciembre, se asume que la Comisión alcanzará a reunirse solo una vez para contribuir a recibir y verificar y funcionará, más bien, para co-administrar.

Hasta ahora, un grupo de la SAE y el Consejo Nacional ha venido desarrollando las actividades de la Comisión. Para adelantar en este pendiente, se necesita que la SAE tenga recursos humanos y materiales y esté en capacidad de adelantar la coordinación interinstitucional necesaria para legalizar tierras, por ejemplo, con la Agencia de Tierras o la administración de parques naturales.

El proyecto de borrador fue presentado para comentarios en la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación, donde tienen asiento el Gobierno, las Farc y los países garantes. El Consejero para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila, hizo público parte de su contenido antes de recibirlos.

Al presentarlo, hizo las siguientes cuentas: las Farc anunciaron más de $ 900 mil millones de los cuales unos $ 400 mil millones no pueden ser monetizados, lo que deja $ 500.000 millones. Sostuvo que no se han recibido más de 3.000 millones, algo que no concuerda con las afirmaciones de Miguel Ceballos, Alto Comisionado de Paz, que ubicaba la cifra en 24.000 millones en julio pasado.

Cualquiera sea la cifra, las Farc están obligadas a respetar el compromiso asumido en el Acuerdo y el Gobierno hace bien en exigirlo. Pero este borrador vuelve casi imposible el cumplimiento.

 “Si las Farc no entregan los bienes, se pueden perder los beneficios”, afirmó Miguel Ceballos. “Si no cumplen con las condiciones derivadas del Acuerdo, se inicia un incidente de desacato y la JEP puede tomar la decisión de quitarlos”. Así lo adelantó el Gobierno. Si el decreto resulta aprobado tal como está, pasará a la historia como el florero de Llorente del Acuerdo de Paz.

Proyecto-decreto-191018-Marca-de-Agua

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