En el artículo anterior La respuesta de la ONU a las drogas ilícitas: un sistema fallido, anuncié que dedicaría otro texto a las implicaciones de la decisión de la Comisión de Estupefacientes de la ONU que consistió en  mantener la vigencia de los tres documentos de políticas globales sobre drogas,  aprobados por Naciones Unidas durante la última década.[1]

La primera consecuencia de tal decisión, adoptada por consenso en marzo pasado, será la profundización del Des-Orden internacional en la materia. Ningún país se tomará en serio los documentos de políticas globales porque no son cumplibles y no guardan relación con la evolución de la realidad. Además, responder a los tres al tiempo, de manera seria y consistente, más allá de responder cuestionarios rígidos, no es viable.  Así las cosas, los Estados continuarán transitando por vías muy disímiles y contradictorias, como se mencionó en el ya citado artículo anterior, en un amplio amplio arco que incluye desde la aplicación de la pena de muerte por delitos no violentos relacionados con drogas ilícitas hasta el mercado libre del cannabis en California y Colorado (Estados Unidos).

Ninguna de las tres convenciones internacionales sobre drogas[2]  cuenta con un Comité de Expertos que analice su grado de cumplimiento ni contempla conferencias periódicas de las partes para revisar su aplicación y posibles modificaciones. Es casi imposible introducir cambios a alguna de las convenciones.  El consenso internacional para eliminar las drogas ilícitas de la faz de la tierra consiguió una legitimidad tal que su aprobación es casi universal y aunque, hoy por hoy, el desacuerdo es profundo ni un solo Estado se ha atrevido a romper con la toma de decisiones por consenso, caso en el cual, dicho sea de paso, es probable que la mayoría se inclinara por el respaldo al enfoque represivo.

Ante esta sin salida, algunos países han optado por la “deserción blanda”, es decir, han desconocido algunos preceptos de los tratados, (en particular el que prohíbe de manera estricta los usos no médicos o científicos de los estupefacientes), pero no han renunciado a su calidad de Estados parte.  Es el caso, por ejemplo, de Uruguay y de Canadá que regularon el uso recreativo del cannabis arguyendo la defensa de los derechos humanos de los consumidores, la reducción del daño causado por las drogas y la eliminación del trato con expendedores ilegales. (Cabe el paréntesis para resaltar que la preeminencia de los tratados de derechos humanos sobre los de drogas, que es razonable y demostrable, no ha sido avalada en ninguna convención ni documento de políticas globales de drogas).   El Gobierno de los Estados Unidos, por su parte, ante la aprobación del cannabis recreativo en ocho estados mediante referendos argumenta que la posición del Gobierno Federal se mantiene invariable.

Bolivia es el único país que se retiró de la Convención Única sobre Estupefacientes, en el 2012, poniendo como condición para volver a adherirse, que se aceptara una reserva que permitiera a los indígenas de ese país mantener la práctica ancestral del masticado de la hoja de coca (acullico). Para negar la petición de Bolivia se requería que así lo manifestara la tercera parte de los 183 Estados miembros de la Convención. De los 61 necesarios, sólo 15 países negaron el requerimiento boliviano; por lo tanto, la reserva fue aceptada y ese país volvió a ser parte de la Convención Única de 1961.

Una segunda consecuencia previsible es el anquilosamiento, aún mayor, de las reuniones anuales de la Comisión de Estupefacientes (CDE) y de la burocracia de la Oficina de Drogas y Delito de la ONU (ONUDD) en Viena, pues nada estará en juego. No habrá reuniones ni debates trascendentales sobre el conjunto de las políticas. El Documento de la UNGASS del 2016 no tiene preeminencia, así que la agenda de la Comisión contemplará un punto para analizar el cumplimiento de los tres documentos al tiempo. Es lo que querían los países pro status quo y lo consiguieron por falta de un grupo de países que frenara el intento.

Colombia, durante el Gobierno anterior, jugó el rol de facilitador de encuentros y acuerdos sobre temas comunes entre delegados de los países que abogaban por un cambio de enfoque. Para ello, se organizaron cuatro reuniones confidenciales en territorio nacional en los que participaron delegados de más de 30 países del mundo. Del mismo modo, Colombia promovió alianzas con países afines en el marco de las discusiones sobre el tema en la Comisión de Derechos Humanos; la Asamblea de la Organización Mundial de la Salud (ambas en Ginebra) y, la Comisión de Estupefacientes (Viena) y la Asamblea General en Nueva York. Lo propio se hizo también en la OEA. Este empuje fue decisivo para conseguir que el Documento de la UNGASS del 2016 diera pasos de avanzada en derechos humanos, salud y desarrollo sostenible, entre otros.

El Gobierno actual cambió de posición en el debate internacional y Colombia tuvo un perfil muy bajo en la reunión ministerial de marzo pasado. La entonces Ministra de Justicia, quien fue la jefa de la delegación del país, ni siquiera mencionó el documento de la UNGASS del 2016, como sí lo hicieron la Unión Europea , Suiza, Canadá, y  la mayoría de países de Latinoamérica.  Se dice en algunos pasillos que fue en la Cancillería donde se tachó la mención al Documento de la UNGASS, quizá para tomar distancia del gobierno Santos también en esto.

En tercer lugar, los cambios continuarán por fuera de la Comisión de Estupefacientes.  Habrá un mayor involucramiento de las agencias del Sistema de Naciones Unidas

El actual Secretario General, Sr. António Guterres, en su calidad de Primer Ministro de Portugal, tuvo incidencia importante en el giro de políticas de drogas de ese país, reconocidas por la efectividad de su enfoque de salud pública y derechos humanos. En su rol de Secretario General, no ha perdido ocasión para reiterar la valía e importancia de cimentar las políticas en estos pilares y para impulsarlo ha promovido que las 31 agencias del Sistema se involucren en el tema. En esta dirección, la reunión de los jefes de agencias de enero pasado aprobó una Declaración Conjunta en la que claman por la descriminalización del consumo y el freno a las amenazas a los derechos humanos y la salud. Además, produjeron un informe en el que condenaron las prácticas represivas y señalaron la ineficacia de las políticas en la materia. Sin duda, este es un valioso aporte técnico de la ONU que deberá servir para aumentar la conciencia sobre la imperativa necesidad de nuevos consensos reales.

La Guía sobre Derechos Humanos en las Políticas de Drogas es otro paso importante en el largo camino para procurar que  los derechos humanos se respeten a la hora de formular y aplicar las políticas de Drogas. La Guía fue elaborada por expertos con el auspicio del PNUD, ONUSIDA y la Universidad   de Essex. Aunque no es de aplicación obligatoria, la Guía constituye  una herramienta muy útil para los Estados y servirá también a las organizaciones de la sociedad civil en sus tareas de seguimiento y evaluación del hacer y deshacer de los Gobiernos.

Por otra parte, los cambios en medio del des-orden internacional continuarán produciéndose en varios países. México, por ejemplo, ha anunciado que caminará hacia una legislación mucho más liberal respecto del consumo de estupefacientes. Es de esperar que en EE.UU otros estados promuevan referendos para liberalizar el uso del cannabis.

El desorden nacional

En Colombia, el Gobierno actual desordenó el tablero, moviéndose en contravía del gobierno anterior, pregonando contra toda evidencia que ahora sí ganaremos la guerra contra las drogas:

  • El punto 4 del Acuerdo de Paz, dedicado a la “Solución del Problema de las Drogas Ilícitas”, ha merecido poca atención tanto en su contenido como en los recursos asignados, ocasionando, entre otros efectos, la frustración de miles de familias inscritas en el Programa Integral de Sustitución de Cultivos (PNIS) que desean alternativas económicas para abandonar la ilegalidad.  
  • La obsesión con el retorno a la fumigación con glifosato ignora la evidencia nacional e internacional que demuestran su inefectividad y, peor aún, los efectos gravísimos que el mentado químico causa en la salud de las personas. Deberían ser tomadas muy en cuenta las sentencias judiciales de Estados Unidos en contra de Monsanto y de Bayer ordenándoles indemnizar, con sumas millonarias, a varias personas que han enfermado de cáncer por el uso de glifosato.  En todo caso, la revisión y modulación del fallo de la Corte Constitucional solicitada por el Gobierno, decidirá si se otorga luz verde, o no, para retomar la medida, lo que no parece muy probable.
  •  Las medidas contra el porte de estupefacientes en cualquier cantidad son una manera disfrazada de prohibir la dosis personal.  Si se quisiera resolver el problema real y preocupante de la inducción a la drogadicción de los menores de edad, las medidas policivas y de inteligencia deberían concentrarse en los colegios y sus alrededores, en vez de perseguir sin discriminación a los usuarios adultos que tienen derecho a la dosis personal reglamentada por ley.

 Problemas tan serios y complejos como el tráfico y el consumo de estupefacientes no se han solucionado ni se resolverán reeditando fórmulas ya ensayadas y fracasadas, afincadas en la represión. Bien haría el Gobierno nacional si reorientaran los recursos presupuestales y de cooperación hacia el cumplimiento cabal del punto 4 del Acuerdo de Paz, lo que conduciría a que las perspectivas mejoraran de manera considerable.


[1] 1) Declaración Política y Plan de Acción sobre Cooperación Internacional en favor de una Estrategia Integral y Equilibrada para Contrarrestar el Problema Mundial de las Drogas de 2009, 2) la Declaración Ministerial Conjunta del Examen de Alto Nivel de 2014 por la Comisión de Estupefacientes de la Aplicación por los Estados Miembros de la Declaración Política y el Plan de Acción y 3) documento final del trigésimo período extraordinario de sesiones de la Asamblea General (UNGASS) 2016

[2] 1) Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes enmendada por el Protocolo de 1972; 2) Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas de 1971 3) Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de 1988

Sonia Eljach, ex Consejera Presidencial para los Derechos Humanos, ex Asesora de la Cancillería para el debate internacional sobre el enfoque de las políticas de drogas.

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