El embrollo de Hidroituango

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El embrollo de Hidroituango

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Apresurar el inicio de generación de energía puede poner en riesgo las estructuras. El exministro de minas y energía Amylkar Acosta explica el dilema de EPM.

El embrollo de Hidroituango

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“Despacito y buena letra, que el hacer las cosas bien importa más que hacerlas” Antonio Machado

¿A QUIÉN CREERLE?

Esta frase del célebre poeta español viene como anillo al dedo, a propósito de los dimes y diretes entre las Empresas Públicas de Medellín (EPM) y el consorcio constructor CCC Ituango, a cargo de la obra. Como se recordará, la Sociedad Hidroituango, de la cual es socia EPM junto con el Instituto para el Desarrollo de Antioquia (IDEA), suscribió con EPM un contrato BOOMT (Build, Operate, Own, Maintenance and Transfer, por sus siglas en inglés), para la construcción y puesta en operación de la mayor hidroeléctrica del país.

A su vez, EPM contrató con dicho consorcio la ejecución del proyecto. Hacemos esta introducción para que tengamos el contexto de este nuevo pulso entre ellos y entender mejor el embrollo que se ha armado.

Pues bien, el pasado 2 de febrero, en el curso de una rueda de prensa, el gerente de EPM Jorge Carrillo anunció, en compañía del Alcalde de Medellín Daniel Quintero Calle, que “la primera unidad generadora de energía del proyecto hidroeléctrico Ituango – Hidroituango – estará en servicio el próximo 26 de julio de 2022, de acuerdo con el cronograma técnico que se tiene establecido”.

Por nuestra parte, luego de este anuncio y de conocerse los términos del dictamen pericial de la consultora chilena Pöyry sobre el estado del proyecto, en manos de la Agencia de Licencias Ambientales (ANLA), que sigue sin levantar la medida cautelar dispuesta en la Resolución 820 del 1º de junio de 2018, pusimos en duda el cumplimiento de dicho cronograma. Ello, en razón que la autoridad ambiental, luego de recibir su informe, manifestó que “con base en sus propios análisis la ANLA definirá si lo consignado en el documento por Pöyry cumple con lo solicitado para un eventual levantamiento de la medida preventiva impuesta a Hidroituango”.

Mientras tanto, se mantiene la medida cautelar que dispone “la suspensión inmediata de todas las actividades regulares relacionadas con la etapa de construcción, llenado y operación del embalse, que hacen parte de las actividades que se llevan a cabo dentro de la ejecución del proyecto”. Para levantar esta medida, lo dijo claramente, la ANLA se tomará su tiempo para evaluar el estudio que se ha sometido a su consideración, “a fin de emitir un pronunciamiento de fondo en relación a la medida preventiva impuesta”.

Ahora, resulta que nada menos que el Consorcio constructor CCC acaba de poner en tela de juicio dicho anuncio. En comunicación fechada el 21 de febrero en el Campamento Villaluz – Ituango, dirigida al Vicepresidente de proyectos de generación de energía de EPM William Giraldo Jiménez, advierte que “teniendo en cuenta los cronogramas que son analizados conjuntamente en los comités de programación a los que somos invitados y en los cuales se presentan las actividades de otros contratistas y su interrelación con las actividades que desarrolla el consorcio, encontramos que dichos cronogramas no se ajustan en su terminación para la fecha anunciada”.

El Consorcio CCC va mucho más lejos en su pronunciamiento al dejar en claro que “según la programación que conocemos, la ruta crítica de entrada en operación de la primera unidad está marcada por el blindaje de las conducciones y codos superiores, así como los concretos alrededor de éstos, y cuya finalización prevé el inicio de las pruebas con agua para el mes de octubre de 2022. De este modo, resaltamos que las actividades que viene desarrollando el Consorcio están enfocadas a lograr esta meta” y no la del 26 de julio.

EL DISLATE

La respuesta de parte de EPM no se hizo esperar. A través de un comunicado de prensa, el ingeniero William Giraldo informó que están “haciendo todo lo que está en nuestras manos para sacar adelante la obra”. No obstante, termina poniéndose la venda antes de la herida, curándose en salud, haciendo la salvedad que “los cronogramas en una mega obra (…) tienen nivel de incertidumbre”. Por su parte el gerente de EPM, al terciar en la discrepancia entre unos y otros, espetó que “queremos tener un contratista cuyo cronograma se pueda forzar” (¡!).

Semejante dislate le sirvió de pretexto para tratar de justificar su empecinamiento en el cambio de contratista y de paso anunciar la apertura de la licitación para que sea otro contratista el que dizque ejecute la “segunda etapa” del proyecto, pese a las advertencias de la Sociedad Antioqueña de Ingenieros, de los siete decanos de facultades de ingeniería de Antioquia, la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) y el propio informe de Pöyry, pues ello implicaría un retraso adicional de la entrada en operación del proyecto de mínimo un año.

El dictamen pericial de Pöyry es enfático al referirse a los “cinco puntos críticos” detectados en su estudio, que “la mitigación más eficaz para solucionar este riesgo catastrófico consiste en acelerar en lo posible la puesta en marcha de las ocho unidades de generación”. Luego, cualquier dilación aumenta el riesgo de la materialización de este indeseable “escenario catastrófico”. Y no se puede acelerar en neutro, aún menos con el freno de mano puesto.

El titular del periódico El Colombiano de Medellín que da cuenta de la visita de control y seguimiento de la ANLA número 24 al complejo de Hidroituango “con el fin de realizar la verificación de lo reportado en el informe entregado por la consultora Pöyry”, puede dar lugar a equívocos. El titular “tras la visita a Hidroituango, la ANLA validó avances de EPM para superar crisis de 2018 (evaluación de riesgos)” puede dar a entender que la autoridad ambiental, tácitamente, estaría levantando la medida preventiva que impuso, lo cual está muy alejado de la realidad.

El equipo técnico de la ANLA se limitó en su recorrido en la colosal obra de ingeniería a verificar lo reportado en el informe de la Pöyry y pare de contar. La ANLA, al final de su visita, se limitó a decir que “continuará con el análisis del documento”, refiriéndose al informe de Pöyry y recordó que “la ANLA realiza los pronunciamientos a través de actos administrativos”. No es para menos, pues en derecho las cosas se deshacen como se hacen: sólo mediante otra resolución, la ANLA podrá derogar la Resolución 820 y de contera su medida preventiva.

(Texto relacionado: La encrucijada de Hidroituango)

LA INGENIERÍA TIENE LA ÚLTIMA PALABRA

A propósito de la salida en falso del Gerente de EPM, cuando manifestó su preferencia por contratistas “cuyo cronograma se pueda forzar”, bueno es conocer el concepto autorizado del Presidente de la Sociedad Colombiana de Ingeniería (SCI), declarada por la Ley 46 de 1904 como Centro Consultivo del Gobierno Nacional, Germán Pardo. Por considerarlo relevante, nos permitimos transcribir lo planteado por él en un panel que compartimos con el colega Diego Otero sobre la encrucijada de Hidroituango, auspiciado por nuestra Academia Colombiana de Ciencias Económicas y moderado por el otro colega Cesar Ferrari, ambos ingenieros. Dicho Panel estuvo presidido por nuestro Secretario General Alcides Gómez.

“En ingeniería los tiempos no son tan fáciles de definir. Hay tanta incertidumbre sobre el daño que se le causó al macizo y el daño que se le causó a algunas estructuras que, a pesar de los esfuerzos por tener un cronograma más o menos detallado, es muy difícil porque no podemos conocer en detalle lo que pasó ni los daños asociados a la operación que no fue normal de la caverna. Hay que poner mucho cuidado en que no se puede correr a poner en operación unas generadoras, porque hay muchos riesgos asociados, mucho mayores a futuro. Este proyecto tiene que avanzar muy seguro, con mucha paciencia y con las cosas muy bien hechas.

He visto que están colocando fechas de inauguración de la primera generación. Realmente, eso me parece a mí que no es bueno para el proyecto, porque es una presión indebida sobre la ingeniería. El tema del cronograma deber ir ajustándose en la medida en que el mismo proyecto, con las obras que se están haciendo, nos lo permita. No podemos prever ahora que una primera unidad podría estar en junio o podría estar en julio.

Las dificultades no son solamente de la instalación del generador y de todos los elementos para poner la obra a generar, sino que tenemos un montón de obras asociadas, como es el tratamiento de los pozos, que es un trabajo muy complejo, muy difícil. Han decidido revestir con acero los pozos y eso es un trabajo muy complejo, muy difícil, que demanda mucho tiempo.

Tenemos que tener muy claro que una cosa es que técnicamente pudieran quedar instalados algunos elementos para generar, pero el objetivo final no es ése. El objetivo final, a nivel de ingeniería, es bajar el embalse a la cota final de 4.80. Lo podemos hacer de varias formas. Una es utilizando el acelerador. Cada turbina nos puede manejar unos 180 metros cúbicos por segundo, pero el caudal medio del río es de alrededor de 1.000 metros cúbicos por segundo. Y la lógica – y esto sí es del informe Pöyry – es que en un evento sísmico la presa puede tener problemas por lo que se hizo en la parte superior. Entonces tenemos que hacer es llevar a la presa a un nivel seguro.

¿Y cómo se lleva la presa a un lugar seguro? Obviamente, poniendo a funcionar las turbinas. Pero fíjense: si el caudal medio del río es de 1.000 y cada turbina nos genera solamente 180 metros cúbicos, tendríamos que poner a operar el 70 o el 80 por ciento de las turbinas para que bajáramos el riesgo y lográramos bajar el nivel del embalse a una cota de 4.80, con el fin de poder trabajar. Eso también hace que el vertedero ya no trabaje y sería también muy favorable para poder entrar a hacer las reparaciones.

En este momento, más que estar detrás de un tema de generación, tenemos que estar detrás de terminar de la manera más segura las obras para poder hacer las descargas. Realmente, no es un tema de generación sino de descargas. Y aunque el país necesita la generación, es mucho más importante el tema de las descargas para poder salvaguardar la presa y el vertedero de este proyecto.

Hay una serie de temas que debería verse de una forma distinta. La toma de decisiones dentro de EPM y el grupo de ingenieros debe ser una toma de decisiones pensada en un modelo de riesgos y no en un modelo de afán para generar. ¿Por qué? Porque se están tomando decisiones fundamentales a nivel de seguridad de la misma generación. Una turbina necesita un período – y los eléctricos lo conocen muy bien- que normalmente se tarda de seis a ocho meses de pruebas para poder ponerla en operación de una manera segura. Aquí tenemos ocho turbinas, tenemos una casa de máquinas con cuatro unidades relativamente en buen estado para trabajar, y tenemos que recuperar las otras cuatro unidades, con la casa de máquinas incluida”.

Concluye diciendo, “personalmente considero que mantener los contratistas ahorra tiempo y ahorra riesgos porque traer unos nuevos nos demandaría un año más para aprender a manejar el riesgo. Una manera de reducir los riesgos contractuales es mantener los contratistas y las obras que se están haciendo.”

Repito que “el hecho de casarnos con plazos parece desafortunado. Tenemos que permitirles a los ingenieros, y a la ingeniería que está allá, tomar decisiones con tranquilidad. No podemos tomar decisiones para cumplir con una fecha y eso, ojalá, lo entiendan el gobierno local y la gente que está analizando este proyecto. Tenemos que mejorar las condiciones de la presa a futuro. Hay soluciones que se pueden dar de una manera tranquila, pero para eso tenemos que bajar el nivel del embalse.

Hay que perder la idea de que los problemas se solucionarán una vez se ponga a funcionar una turbina. ¡No! Los problemas se solucionan cuando se logre estabilizar, a mediano y largo plazo, todo el proyecto. La generación eléctrica del país obviamente, como lo dijo el doctor Amylkar, está comprometida, pero aquí más que correr para generar una unidad de un proyecto de esta magnitud que está en problemas, necesitamos asegurar el proyecto a futuro. El colapso de la presa en un sismo, como lo han advertido, sería catastrófico y estamos analizando que hay que mejorar toda la evaluación geotécnica del proyecto para tratar de entender que cualquier filtración en la presa en este momento es un gran riesgo para el cuerpo de la misma. Y eso lo tenemos que hacer entender a la comunidad. Los planes de advertencia a la comunidad deben seguir, hay que insistir en las alertas, hay que mejorar la investigación geotécnica que se tenía para ajustarla a las nuevas condiciones”.

Y remató diciendo que “no nos debemos casar con unas fechas porque eso es lo más peligroso para la toma de decisiones a nivel de ingeniería. El respeto por la ingeniería debe ser total, pensando siempre en evitar el colapso de las estructuras”.

Huelga decir que comparto en su integridad y suscribo lo planteado con una gran dosis de sindéresis el ingeniero Pardo. Aunque el márgen de maniobra que tiene EPM es estrecho para no incurrir nuevamente en incumplimiento de la entrega de energía en firme (OFE), haciéndose acreedor una vez más a nuevas sanciones y multas por parte de la Comisión de Rgulación de Energía y Gas y la Superintendencia de Servicios Públicos, respectivamente, le queda un lapso prudencial hasta el 1º de diciembre, que es el nuevo plazo que le otorgó a EPM la CREG para evitarlo.

A EPM queremos recordarle que el apresuramiento no es buen consejero. Como le dijo Napoleón Bonaparte a su ayudante, en medio de su afán y sus afugias: “vísteme despacio que tengo prisa”.

(Le puede interesar: Cerrejón se va para Barranquilla, ¿y La Guajira?)

*Amylkar Acosta, ex Ministro de Minas y Energía, ex Director de la Federación Nacional de Departamentos, Miembro de Número de la Asociación Colombiana de Ciencias Económicas, @amylkaracosta

                                                             

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