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Acabar la explotación petrolera de manera brusca precipitaría una hiperdevaluación del peso y una inflación galopante, agravaría el déficit fiscal y dispararía la deuda pública, con todas sus consecuencias colaterales.
“El camino al infierno está empedrado con buenas intenciones”
Dante. La divina comedia
En días pasados, en una entrevista para el diario El Tiempo, el senador y aspirante a la Presidencia de la República Gustavo Petro afirmó sin titubear que, de llegar a la Casa de Nariño, la primera decisión que tomará “es el cese de la contratación de exploración petrolera”, afirmación que suscitó una gran controversia en el país. No es para menos, habida consideración que, si bien Colombia no puede calificarse como un país petrolero, su economía depende del mismo. La precariedad de sus reservas y el modesto volumen de su producción la hacen irrelevante en el mercado internacional del crudo, con una participación del 0.75% de la oferta mundial.
El sector de los hidrocarburos contribuye con el 5% del PIB, dinamizando el crecimiento de la economía. Por décadas ha sido y sigue siendo el primer renglón de exportación y, por ende, el mayor generador de divisas. En la última década, ha representado el 40% de las exportaciones totales. Ha contribuido con un promedio de $18 billones anuales en pago de impuestos y dividendos al fisco nacional y $6 billones adicionales por concepto de regalías a las entidades territoriales.
Como es apenas obvio, si se frena la exploración, se aleja la posibilidad de nuevos hallazgos que permitan reponer los volúmenes de petróleo extraídos y se detenga la caída de la producción desde el millón de barriles/día en 2013 a sólo 750.000 actualmente. Las reservas, según la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH, han declinado, para el mismo período, de 2.445 millones de barriles a 1.816 millones. Sólo alcanzan para 5.3 años más de autoabastecimiento.
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PRODUCCIÓN HISTÓRICA DE PETRÓLEO
(BARRILES/PROMEDIO DIARIO 2000-2021)
RESERVAS DE PETRÓLEO
(Millones de barriles, Relación R/P)
Según el Senador Petro, “hay doce años hacia delante, 2034, donde está previsto que nuestras reservas aguanten”. Ello sólo sería posible si el país deja de exportar y limita su producción sólo para abastecer el consumo doméstico. Eso sería impensable, dado el riesgo de que el petróleo que se deje de extraer se quede bajo tierra por las mismas razones que él invoca para ponerle el freno de mano a la actividad petrolera – la transición energética –. Agravaría aún más la aterradora perspectiva planteada por el Banco de la República en su reciente Informe de política monetaria, según el cual “se espera una expansión del déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos al 5.3% del PIB”.
Ello precipitaría una hiperdevaluación del peso y una inflación galopante, agravaría el déficit fiscal y dispararía la deuda pública, ya de por sí elevada (61.4% del PIB al cierre del 2020), con todas sus consecuencias colaterales. Sería un escenario catastrófico para el país, que vería además aún más ralentizado su crecimiento del PIB, lo cual repercutiría en un agravamiento del desempleo y la pobreza, sobre todo en aquellas regiones en donde opera la actividad petrolera.
DESPACIO Y BUENA LETRA
Coincidimos con el Senador Petro en que “hay que hacer una transición hacia las energías limpias. Si no lo hacemos, será una tragedia en términos sociales” y añadiría yo, ambientales. De ello estamos advertidos, dado que luego del Acuerdo de París (COP21/2015), las fuentes primarias de energía de origen fósil, sobre todo el carbón y el petróleo, quedaron en el lugar equivocado de la historia. Su suerte está echada.
Como lo afirma la ex secretaria ejecutiva de la Convención de las Naciones Unidas sobre el cambio climático Christiana Figueres, llegó la hora de reconocer que ellas tuvieron su momento de sol “pero hoy están en el atardecer y tenemos que prudentemente buscarles alternativas rápidas ya”. La prudencia aconseja, como lo plantea el mismo Senador Petro “una transición tranquila”, sin sobresaltos ni traumatismos como los que se derivarían de una decisión tomada en volandas, como la anunciada por él. Ello sí sería un salto al vacío. Citando al poeta Machado, digamos “despacito y buena letra, que el hacer las cosas bien importa más que el hacerlas”.
La propia Agencia Internacional de Energía (AIE), a pesar de estar alineada con el Acuerdo de París, advierte que solo hacia el año 2030 se empezará a aplanar la curva de la demanda de petróleo. Es decir, nos tocará convivir por otro largo rato con el petróleo y sus derivados y el crudo que eventualmente deje de producir Colombia lo producirán otros países, desde donde tendríamos que importarlo para cargar las refinerías de Barrancabermeja y Cartagena. Éstas demandan diariamente 360 mil barriles para su refinación y producción de los combustibles que consume el parque automotor. Su importación le costaría al país US $16.000 millones, aproximadamente, una cifra similar a la que el país dejaría de recibir si pasa de ser exportador a importador de crudo. Cabe preguntarse de dónde habrán de salir.
Lo que el Senador Petro plantea como punto de partida debe ser la meta a alcanzar. No se puede llegar a la tarde si pasar por el mediodía. Lo primero es lo primero y la primera prioridad como política de Estado es la seguridad energética, como se ha puesto de manifiesto a raíz de la crisis energética que afrontan Europa y Asia. No podemos renunciar al petróleo. Es mejor tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo, pues peor que depender del petróleo es depender de sus importaciones.
Desde luego, tampoco nos podemos resignar a seguir dependiendo eternamente del petróleo y sus avatares. No me cabe la menor duda que en Latinoamérica y particularmente en Colombia, para que la transición energética sea exitosa, un requisito sine qua non es que la misma debe ir de la mano, acompasada con la estrategia de transformación productiva. Dicho de otra manera, la integración de las fuentes no convencionales de energías renovables (FNCER) y limpias debe ir pari passu con la diversificación de la economía, impulsando y estimulando otros sectores de la economía como son la industria, el turismo y la agricultura. No puede ser de otra manera.
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NO POR MUCHO MADRUGAR AMANECE MÁS TEMPRANO
Es obvio de toda obviedad que esta transformación productiva, que nos debe llevar a una diversificación y sofisticación de la producción, así como de la oferta exportadora de Colombia y de los mercados de destino de la misma, tomará tiempo. Dicho proceso se tendrá que dar de manera gradual y progresiva. De nada valdrán los estériles voluntarismos, pues no por mucho madrugar amanece más temprano. Según el senador Petro, “la manera de reemplazar esas divisas” que se dejarían de recibir por cuenta de las exportaciones de petróleo, “es con la actividad turística en el corto plazo, con el crecimiento de la agricultura, la agroindustria y la industria”. Asaz difícil de lograrlo de la noche a la mañana pensando con el deseo.
El reputado analista económico Mauricio Cabrera lo ejemplifica muy bien. De acuerdo con él, “si reemplazáramos a Costa Rica como el primer exportador mundial de piña, recibiríamos USD 850 millones; en aguacate, Perú́ es el segundo exportador mundial después de México y solo exporta US $560 millones. Chile desarrolló en 25 años una enorme infraestructura para la exportación de frutas y tiene ingresos por US $4.800 millones, el 25% de lo que Colombia exporta en hidrocarburos”.
Tanto la transición energética, que por lo demás debe ser justa, como la transformación productiva demandan ingentes recursos para invertir en los proyectos que las posibiliten. Es claro que la transición energética se ha tornado en el sector que más inversiones está atrayendo para ejecutar los distintos proyectos. Bien dijo el Foro Económico Mundial (FEM), que “Colombia hace parte del grupo de países que debe capitalizar su amplia disponibilidad de recursos energéticos para que, de manera sostenible, pueda maximizar los retornos de la industria y apoyar una mayor diversificación de la economía”. Como nos lo recuerda la ex presidenta del Consejo privado de competitividad Rosario Córdoba, coincidiendo con el FEM, “la recomendación central de la OCDE es categórica. Colombia debe priorizar la agenda de transformación productiva y asignarle recursos a la altura del reto”.
Luego de la profunda recesión económica del año anterior a consecuencia de la crisis pandémica y de cara a la recuperación primero y la reactivación económica después, se abre una ventana de oportunidad para rectificar el rumbo. Colombia no ha escapado Colombia a la reprimarización de la economía que se ha dado en Latinoamérica. De allí el planteamiento de la Secretaria ejecutiva de la CEPAL Alicia Bárcena, quien sostuvo que “la recuperación debe ser distinta esta vez, basada en sectores verdes, con un gran impulso a la sostenibilidad o de economía verde”, la cual debe estar en el centro de la estrategia de reactivación.
Tanto más en cuanto que, como afirma ella, refiriéndose a la economía verde, “estas inversiones alentarían la innovación, nuevos negocios y empleos decentes, efectos positivos en la oferta y demanda agregada en las economías de la región, superiores a los de los sectores tradicionales”. Y añade, “si tomamos estas acciones, América Latina y el Caribe saldrán reforzados de esta crisis y podremos decir que fuimos responsables para con la casa común que, como dice la Encíclica, se nos ha confiado”. Está demostrado, además, que, contrariamente a las suposiciones, las inversiones en una economía más sostenible generan muchos más y mejores empleos.
Es de destacar que, en la más reciente Conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático (COP26), el punto más controversial de la agenda de la misma fue el atinente a la ayuda de los países ricos para la adaptación y mitigación frente a los funestos efectos del calentamiento global en los países en desarrollo. No se trata de una dádiva ni de una concesión graciosa. Es su obligación moral, pues ellos son los principales responsables del aumento de la temperatura global, pues desde la primera revolución industrial a mediados del siglo XVIII, durante más de doscientos años, han contribuido con sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) a la creciente concentración de las mismas en la atmósfera que lo provocan.
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Si bien todos los países del mundo tienen responsabilidades comunes, estas deben ser diferenciadas según el grado de responsabilidad de cada uno de ellos. Para un país como Colombia, que sólo participa con el 0.46% de las emisiones de GEI del total mundial, al tiempo que está, según las Naciones Unidas, entre los diez países con mayor vulnerabilidad frente al cambio climático, deberá contar con el apoyo financiero de la comunidad internacional para acometer las acciones tendientes al cumplimiento de su compromiso de reducir sus emisiones de GEI en un 51% hacia el 2030, entre ellas la reconversión de su matriz energética y la transformación productiva, amén de las compensaciones a que ello da lugar a los sectores que ya se están viendo afectados por las mismas.
*Amylkar Acosta, ex Ministro de Minas y Energía, ex Director de la Federación Nacional de Departamentos, Miembro de Número de la Asociación Colombiana de Ciencias Económicas, @amylkaracosta
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