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Los Principios sobre Políticas Públicas de Memoria en las Américas contribuyen a evidenciar el pobre papel que está desempeñando esta administración en reconocer los derechos de las víctimas, reconocer la existencia del conflicto, preservar la memoria de lo ocurrido, educar a los colombianos para que no se repita lo que pasó y marcar las pautas con las que debe actuar un Estado en esta materia.
El 9 de noviembre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos adoptó los Principios sobre Políticas Públicas de Memoria en las Américas, que constituyen los pilares para el “diseño, elaboración e implementación de políticas públicas de memoria”, acorde con las “obligaciones estatales de provisión de verdad, justicia, reparación y medidas de no repetición de las graves violaciones de derechos humanos.”
Al contrastar estos Principios – sin duda un hito en la historia de la lucha por la protección de los derechos humanos en el continente – con el discurso, acciones y prácticas estatales efectuadas durante el último año y medio, con el fin de negar el conflicto armado y encubrir la verdad de lo ocurrido, es evidente que estamos muy lejos de acatarlos y respetarlos.
En detrimento de los Principios, el gobierno actual y su bancada han adoptado una política de negacionismo. Veamos algunos ejemplos. El Principio 1 establece que los Estados “deben asegurar un “abordaje integral de la memoria”, entendido como la obligación de adoptar políticas públicas de memoria coordinadas con procesos de justicia y rendición de cuentas, incluida la búsqueda de la verdad, el establecimiento de reparaciones y la no repetición de las graves violaciones a los derechos humanos”.
Pero Duque y su bancada llevan años haciendo lo posible por desprestigiar, atacar y bloquear a la JEP – tribunal llamado a buscar la verdad del conflicto – buscando minar su credibilidad y bloquear su trabajo. Por fortuna, a pesar de todo ese esfuerzo furioso, no pudieron desmembrar, ridiculizar y deslegitimar la JEP, gracias al esfuerzo de un sinfín de entidades, líderes, lideresas, comunicadores y organizaciones que la han protegido.
Pero la cosa no queda ahí. El Principio III establece que las “personas que están a cargo de instituciones públicas que formulan o implementan las políticas contenidas en este documento deben ser reconocidas por su probada trayectoria en la defensa y promoción de los derechos humanos y valores democráticos”.
Pero Duque nombró como director del Centro de Memoria Histórica a Darío Acevedo, un negacionista del conflicto armado, que opera con una visión de los derechos humanos completamente ideologizada. Es inolvidable su afirmación publicada por El Colombiano a principios de 2018, al decir que: “aunque la Ley de Víctimas dice que lo vivido fue un conflicto armado, eso no puede convertirse en una verdad oficial”. Para Acevedo el conflicto en Colombia no existió.
Sigamos: el Principio IV dice que las “políticas públicas de memoria deben respetar y promover la construcción de las memorias de comunidades, organizaciones y colectivos, a partir del reconocimiento de las diferentes visiones culturales, concepciones de bienestar y desarrollo de los diversos grupos étnico-culturales; así como el enfoque de género, tendiendo al establecimiento de relaciones de equidad e igualdad de oportunidades y derechos.”
Pero este gobierno nombró como embajador ante la OEA a un Procurador corrupto, que hizo campaña a la presidencia desde su cargo inventándose el cuento de que los Acuerdos de Paz promovían la ideología de género, lo cual – según él – y el combo de fanáticos que le creen, atentaba contra la familia y las buenas costumbres. Así, de forma infame Ordoñez convirtió el enfoque de género de los Acuerdos de Paz, que buscaba reconocer, reparar y apoyar de manera especial a las mujeres víctimas del conflicto, en un arma de batalla política. Qué bajeza; la mezquindad sin límites.
El Principio IX establece que los Estados deben establecer monumentos “en memoria de las víctimas” y quitar, eliminar o contextualizar los monumentos “que alaben la memoria de perpetradores”. Con los Acuerdos de Paz Colombia avanzó un poco en lo primero pero nada en lo segundo. Esculturas de políticos criminales aún se ven airosas en diferentes lugares de Bogotá y Colombia. Podríamos seguir el ejemplo del alcalde de Nueva Orleans, quien quitó las estatuas de quienes en el siglo XIX defendieron el esclavismo. Acá podríamos tumbar o mandar a un museo – con las notas apropiadas – las esculturas de Mariano Ospina y Laureano Gómez.
Asimismo, dada la importancia que ha tenido para Colombia el magnicidio de Jorge Eliécer Gaitán, así como el genocidio del movimiento gaitanista, el Gobierno y la Universidad Nacional podrían terminar de construir y poner en marcha El Exploratorio, centro de memoria y reingeniería cultural diseñado por el maestro Rogelio Salmona y Gloria Gaitán, que empezó a construirse al lado de la casa en la que vivieron Gaitán y los suyos, y que quedó desfinanciado durante el gobierno de Álvaro Uribe, podremos imaginar por qué.
Por último, aunque habría mucho más que decir, el literal j del Principio IX también establece que deben realizarse capacitaciones en derecho internacional de los derechos humanos, incluyendo a las fuerzas armadas y de seguridad y a las agencias de inteligencia. Acá, sin embargo, el ESMAD viola los protocolos que lo regulan, usa armas que cataloga como no letales pero que claramente matan y ciegan, y detiene, requisa e interroga arbitrariamente. Y qué decir del General Nicasio Martínez y la restauración de la política que promueve veladamente los falsos positivos.
Es claro entonces que los Principios sobre Políticas Públicas de Memoria en las Américas contribuyen a evidenciar el pobre papel que está desempeñando esta administración en reconocer (o desconocer) los derechos de las víctimas, reconocer (o desconocer) la existencia del conflicto, preservar (o destruir) la memoria de lo ocurrido, educar (o no hacerlo) a los colombianos para que no se repita lo que pasó y marcar las pautas con las que debe actuar un Estado en esta materia.
Pero también son una nueva herramienta que tienen a su alcance las víctimas del conflicto para exigir que el Estado respete unos mínimos en materia de memoria, requiriendo que su comportamiento sea compatible con la Convención Americana de Derechos Humanos, las decisiones de la CIDH, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y con los reclamos legítimos de las víctimas de la violencia del Estado, de grupos organizados de poder o de cualesquiera otras fuentes del crimen que han asolado a nuestra América Latina.
*Camilo Enciso, Abogado Penalista y Director del Instituto Anticorrupción. @camiloencisov
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