El Departamento de Estado de Estados Unidos publicó, sin bulla y en medio de pandemia, los informes de derechos humanos de los países del mundo este 11 de marzo.

El análisis general del caso colombiano coincide con el informe de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que tanto disgustó al Gobierno. Quizás el presidente Duque estaba preocupado con la emergencia sanitaria, quizás la canciller Blum no tuvo tiempo de leerlo, quizás ambos consideraron el tono de la potencia más amigable que el de la organización multilateral, lo cierto es que, de Palacio de Nariño, no se ha escuchado ni pío.

Los matices podrán ser algo distintos; el grueso del contenido, no tanto. Podrá parecer benigno un documento que no incluye recomendaciones y tampoco pone a nombre del Departamento de Estado la mayoría de las afirmaciones sino, más bien, da voz a organizaciones no-gubernamentales. Pero, aun así, el texto sí contiene asertos contundentes y uno podría asumir que, si una entidad de la sociedad civil tiene su espacio en un reporte del Departamento de Estado, también carga con la suficiente legitimidad para que le creamos.

Estos son algunos de los apartes más notorios del informe:

  • “El Gobierno y las Farc, antes la guerrilla más grande del país, continuaron implementando los acuerdos de paz”. Este párrafo sí deja en claro la voluntad del Gobierno y los excombatientes que permanecieron en proceso. Menciona las acusaciones mutuas de incumplimiento, pero no toma partido sobre ellas.
  • El documento reporta las denuncias de nuevos ‘falsos positivos’ con base en las directivas del ejército con el retorno a indicadores de bajas, que habían sido descartados, y recuerda que el compromiso del Presidente Duque de presentar un informe sobre ellas no se ha cumplido. Prosigue: “(L)os esfuerzos continuaron para que los responsables de los falsos positivos rindan cuentas. A junio, la Fiscalía había reportado 1.709 condenas de miembros de las fuerzas de seguridad en casos de ‘falsos positivos’ desde 2008.” La Fiscalía reporta investigaciones abiertas de 20 generales retirados y activos con relación a falsos positivos para un total de 2.504 de expedientes de ‘falsos positivos’ abiertos.
  • “Agencias gubernamentales de inteligencia que investigan a organizaciones terroristas han monitoreado algunas veces conversaciones de teléfono sin orden judicial; la ley prohíbe que esta evidencia pueda ser usada en juicio.” (Página 7) Esa aseveración se plantea como una conclusión del Departamento de Estado y no por cuenta de una organización.
  • El Departamento de Estado llama la atención sobre la matanza de excombatientes (147 a octubre de 2016) y líderes sociales y defensores de derechos humanos y utiliza las cifras de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas y de la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (115 en 2018). De esta última provienen los hallazgos que rechaza el Gobierno. El Departamento de Estado toma como ejemplo el caso de María Pilar Hurtado, la lideresa de Tierralta, Córdoba, cuyo trabajo de defensa de los derechos a la tierra fue inicialmente negado por las autoridades locales. Indica que, de 753 casos abiertos de amenazas contra defensores de derechos humanos, solo tres han sido resueltos.
  • “Los abusos de los guardias hacia los presos, la violencia de reclusos contra reclusos y el fracaso de las autoridades para mantener el control constituyen un problema. El Inspector General se encuentra investigando denuncias de que algunos guardias usan la fuerza excesiva de manera rutinaria y tratan a los detenidos de manera brutal” (Página 11). La cuestión del requisito de proporcionalidad surge también en el aparte sobre derecho a la libertad de reunión, que cobija el derecho a la protesta. El texto señala que, de 124.574 recluidos, 41.802 esperan juicio, denuncia la falta de registro que dificulta el conteo de los detenidos y pone la luz sobre las expiraciones de términos por fallas en la administración de justicia.
  • “Los asesinatos a líderes y miembros de comunidades indígenas continúan siendo un problema”. Esta sección cita el caso de Carlos Biscué, líder de la reservas Huellas Indígenas de Caloto, Cauca, y los asesinatos de cinco personas Nasa a manos de las disidencias.

Estos son solo algunos apuntes. En 40 páginas, el Departamento de Estado proyecta un panorama de derechos humanos insatisfactorio para una democracia. Ante Estados Unidos, calla el Gobierno. Mejor así. Uno no debe acusar de mentiroso a quien dice verdades.

* Laura Gil, politóloga e internacionalista, directora de La Línea del Medio, @lauraggils

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