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El Gobierno insiste en su compromiso con la reincorporación de los excombatientes. Pero dejó a los “espacios territoriales de capacitación y reincorporación” sin existencia jurídica.
Los “espacios territoriales de capacitación y reincorporación” (ECTRs) siguen en el limbo. El decreto que tanto se esperó para extenderlos no renueva su vigencia, ni establece por cuánto tiempo seguirán en marcha, ni identifica sus ubicaciones.
Las “zonas veredales transitorias de normalización” del Acuerdo de Paz dieron lugar a los ETCRs. Son lugares donde se desarrollan actividades para facilitar la reincorporación de los excombatientes a la vida civil y hay 24 de ellos. El decreto del 15 de agosto de 2017 los creó por un periodo de dos años; es decir, a mediados de agosto de 2019, quedaron sin base jurídica.
En comunicado del 29 de mayo, el Gobierno anunció la permanencia de la mayoría de los ETCRs. Entonces, advirtió que 11 de ellos presentaban problemas “debido a riesgos naturales, limitaciones en vías de acceso y en la provisión de servicios públicos” y deberían ser trasladados. (Ver: Así será la transición de los 24 Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación). Luego, Emilio Archila, Consejero para la Estabilización, redujo la cifra a tres. Según la Agencia de Reincorporación y Normalización (ANR), 25% de los excombatientes reside en los ETCRs y más de 8.500 ya están fuera de ellos.
El 9 de septiembre de 2019, la Presidencia de la República emitió el decreto 1629. Consiste en solo dos artículos que reforman los artículos 22 y 23 del Decreto Ley que crea la Agencia Nacional de Reincorporación y Renovación para darle más facultades.
El segundo entrega la administración entera – bienes, servicios y suministros – de los ETCRs a la Agencia Nacional de Reincorporación y Normalización. Vigencia y lugares quedaron sujetos a una reglamentación posterior.
El primero revive una discusión de años que persiste. Cuando se crearon los ETCRs, el Ministerio de Defensa solicitó que todos los gastos de seguridad para los ETCRs fueran sufragados por el Fondo Paz (Fondo de Programas Especiales para la Paz), una cuenta especial del presupuesto colombiano. Entonces, se acordó que la seguridad se pagaría vía el financiamiento ordinario del sector defensa y la administración de las instalaciones a ser utilizadas por la Fuerza Pública serían asumidas por Fondo Paz. Éste, además, puso unos recursos para adecuar los campamentos, intervenir las vías de acceso y recuperar armas de caletas abandonadas por la guerrilla. En cualquier caso, fueron las fuentes internas de financiación que alimentaron la presencia de la Fuerza Pública en los ETCRs.
La preocupación financiera del Ministerio de Defensa quedó clara en uno de los considerandos en el cual se afirma que “se requiere que la ARN sufrague los gastos de administración de los lugares donde se ubique la Fuerza Pública”
El decreto 1629 reitera el arreglo de la administración anterior ya que autoriza a la ARN a “administrar los inmuebles que requiera la Fuerza Pública para prestar seguridad” en los ETCRs.
Según el decreto, todos los servicios podrán ser ejecutados a través del Fondo Colombia en Paz (FCP), que combina dineros colombianos y de donantes. Si la seguridad se entiende como un servicio, algunos gastos militares podrán ser sufragados por recursos internacionales para la paz.
Mientras tanto, la propuesta de ruta de reincorporación que el Consejo Nacional de Reincorporación entregó en agosto a Emilio Archila, Consejero para la Estabilización, continúa en veremos.
Laura Gil, internacionalista, directora de la La Línea del Medio, @lauraggils
Aquí encuentre el decreto 1629 del 9 de septiembre de 2019:
DECRETO-1629-DEL-09-DE-SEPTIEMBRE-DE-2019-1Autor
