El mamarracho o la extradición de Otoniel

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Allá los condenarán por narcotráfico, sin duda el menor de sus males, mientras sus víctimas se quedan acá esperando verdad y reparación, sin justicia, en medio de su guerra en permanencia.

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La escena es absolutamente trumpiana: Duque sosteniendo un papel firmado, que más que una firma parece un infantil mamarracho, sonriendo como un tonto. La sonrisa de tonto delata lo realmente errado que está en estar feliz por lo que acaba de pasar. Él cree que le ha hecho un gran favor al país, a las víctimas del narcotráfico y del paramilitarismo, a la paz o, en sus palabras: a la paz con legalidad. Todo lo contrario: la decisión de extraditar a Otoniel es un error histórico de infinitas proporciones.

En los años 80, la extradición a los Estados Unidos se propuso como un mecanismo para hacerle frente al infinito poder que tenían los narcotraficantes en nuestro país. Experiencias como la de Pablo Escobar en la Catedral eran evidencia de que el narcotráfico era más poderoso que el Estado, que su poder corruptor era suficiente para que fuera imposible que recibieran merecida justicia.

Al otro lado del continente, los Estados Unidos había declarado como principal enemigo público a las drogas ilícitas. Hoy sabemos que esto tiene un componente político fuerte, tratando de estigmatizar a los hippies por su consumo de marihuana y a los negros por el consumo de cocaína y crack. De paso, como decía el expresidente Trump, también sirvió más adelante para estigmatizar a los inmigrantes latinos como narcotraficantes. Ese vínculo narrativo entre Pablo Escobar, Colombia y el narcotráfico es de lo que más daño nos ha hecho ante el mundo en nuestra historia.

Se ha planteado la idea de que en la Asamblea Nacional Constituyente la oposición a la extradición se dio por dos factores: corrupción del narcotráfico a delegatarios o, en su defecto, amenaza a las vidas de los mismos. Al hacer este punto se hace referencia al episodio del narcovideo, haciendo referencia a que Augusto Ramírez era delegatario del AD M-19. Creo todo lo contrario: no hay proyecto más contrario a la reconstrucción estatal que la extradición. El proyecto constitucional buscaba la paz con todos los actores, incluyendo el violento narcotráfico, con diferentes medidas de sometimiento como muestra Julieta Lemaitre en su libro sobre la constituyente y la paz. Pero, más aún, busca repensar la institucionalidad en nuestro país para darle modernidad y que así pueda afrontar los retos que traería el siglo XXI.

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En 2005, la Ley de Justicia y Paz (en teoría) abre una forma distinta de entender las necesidades judiciales de los fenómenos de violencia en nuestro país. Este mecanismo, que fue utilizado principalmente para el sometimiento de las autodefensas. Otro día hablamos de los grandes problemas de esta ley, aunque creo que tiene aciertos importantes dado el tiempo en que fue promulgada. Este momento de desmovilización de las autodefensas introdujo a nuestro ordenamiento y en el discurso público cuatro conceptos sobre la transición: verdad, justicia, reparación y no repetición.

Estos conceptos siguieron dando vueltas por la narrativa nacional en 2011 cuando el gobierno Santos desarrolló la Ley de Víctimas y el Marco Jurídico para la Paz. En esas dos iniciativas anteriores a la negociación, ya se hablaba de ver la justicia en los casos de la guerra más allá de solamente encanar gente mala. La responsabilidad de quienes cometieron crímenes en el marco del conflicto armado no solamente la tienen con ese Estado-Leviatán castigador; la tienen con las personas a quienes les hicieron daño y la tienen con un tejido social que sus acciones destruyeron. El dolor causado a las personas y comunidades es mucho más grave que las ya caducas medidas racistas de la guerra contra las drogas.

Más allá de la anécdota chistosa de la delegación de las FARC-EP entrando a la sala en La Habana con un Simón Trinidad de cartón, es absolutamente ridículo que una persona de ese nivel esté ausente del proceso transicional. Hoy todas las voces, inclusive la del representante electo Jorge Tovar, hablan de la necesidad de que retorne y le dé verdad a las víctimas de la guerrilla en la Costa. Y ojalá que en esa conversación también participe Rodrigo Tovar, padre de Jorge y contemporáneo vallenato de Simón, quien acaba de volver de su extradición luego de excluirse de Justicia y Paz por la falta de garantías. También sería interesante si en esa conversación estuviera el Tuso Sierra, pero lo veo poco probable, dado que al salir libre ,fue asilado en Florida por lo riesgoso que era volver a Colombia. También espero que participe Salvatore Mancuso, inclusive si sale de su cárcel en Estados Unidos a Italia y no vuelve a tocar esos lugares donde hizo tanto daño.

La extradición, como lo muestran todos los casos, desde los narcotraficantes de finales de siglo, pasando por los guerrilleros y paramilitares de comienzos de milenio, hasta el mentado a Otoniel, ha sido regalar la verdad de nuestra violencia a los gringos a cambio de nada. Sirve para quienes aún creen que lo importante es pudrir gente en la cárcel, pero no para consolidar la paz en Colombia. Allá los condenarán por narcotráfico, sin duda el menor de sus males, mientras sus víctimas se quedan acá esperando verdad y reparación, sin justicia, en medio de su guerra en permanencia.

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*Camilo Villarreal, estudiante de derecho en la Pontificia Universidad Javeriana. Activista por la paz. Co-coordinador Rodeemos el Diálogo Joven, donde ha desempeñado trabajos respectivos a la veeduría de la implementación, pedagogía y construcción de memoria histórica.

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