La evidente polarización entre los colombianos y el desinterés de las fuerzas políticas por salvaguardar la flora y fauna que tenemos en los 1.142 km2 de superficie, ha desencadenado una crisis ambiental sin precedentes en Colombia.

Nuestro país está sufriendo. La evidente polarización entre los colombianos y el desinterés de las fuerzas políticas por salvaguardar la flora y fauna que tenemos en los 1.142 km2 de superficie, ha desencadenado una crisis ambiental sin precedentes en Colombia. No podemos acusar al cambio climático como el único responsable de los daños que está soportando el medio ambiente. La realidad es otra.

El incumplimiento del Acuerdo de Paz, por parte del actual Gobierno, ha dejado varios kilómetros de nuestro país en manos de criminales ambientales que han logrado aumentar la deforestación exponencialmente; por ejemplo, cifras de Parques Nacionales Naturales de Colombia aducen que solo en el año 2018  fueron arrasadas 12.000 hectáreas de bosque en los Parques Nacionales Macarena, Tinigua y Cordillera de los Picachos.

Es cierto que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia -FARC – causaron un alto porcentaje de las tragedias ambientales en Colombia. No obstante, aunque suene paradójico, gran parte de los territorios antes invadidos por las FARC eran aquellos que gozaban de mayor protección ambiental de facto. No se trataba de una misión filantrópica sino táctica ya que, de esta forma, ellos se camuflaban y obstaculizaban las operaciones contraguerrilla del Ejército Nacional. La conservación de estos territorios por parte de la guerrilla se hizo evidente cuando sus miembros comenzaron a abandonarlos en la etapa del “post-conflicto”.

Este estado de conservación no duró mucho tiempo. Actualmente los territorios abandonados por la guerrilla de las FARC son el foco de la crisis ambiental en Colombia, tanto así que, hoy por hoy, la Amazonía concentra el 75,5 por ciento de la deforestación en nuestro país.  La ausencia del Estado en las antiguas zonas pertenecientes de facto a la guerrilla y, por ende, el incumplimiento de los lineamientos del Acuerdo de Paz, han aumentado la deforestación y la han convertido en una problemática ambiental y social en Colombia.

Disidentes de las FARC, narcotraficantes, bandas criminales y terratenientes se están disputando la gobernabilidad de dichos territorios, adueñándose de estos y generando daños ambientales como resultado del uso de la minería ilegal, los cultivos ilícitos, incendios, daños a la fauna y flora, contaminación de los ríos,  entre otras actividades que en este momento tienen agonizando los recursos naturales de nuestro país.

Según la bióloga española Dolor Armenteras, los incendios se están apoderando de la zonas anteriormente mencionadas ya que es la forma más fácil para que los criminales ambientales puedan apropiarse de la tierra, pues “una vez el terreno está talado y quemado, simplemente toman posesión de él”.  

El problema es de tal magnitud que, según cifras de la Universidad de Maryland reveladas por el Global Forest Watch, Colombia perdió 177.000 hectáreas de bosque en el año 2018, colocando a nuestro país como la cuarta nación con más bosques arrasados en el mundo de 2017 a 2018.

Esto no es lo peor. El Gobierno del Presidente Iván Duque fijo como meta, en el Plan Nacional de Desarrollo  2018 – 2022, mantener constante la tasa anual de deforestación de 219.973 hectáreas, no reducirla. Es decir, las cifras actuales permitirían que para el año 2022 se talen hasta 879.892 hectáreas de bosque. Esta decisión va totalmente en contravía del Acuerdo de Paris, ratificado en 2018, que comprometió a Colombia a tomar las medidas necesarias para disminuir la deforestación.

Por lo anterior, la comunidad científica está preocupada por las consecuencias irreversibles que traerá dicha problemática en Colombia. En entrevista con la Revista Semana, Dolor Armenteras manifestó que los incendios provocados en las áreas previamente ocupadas por la guerrilla generaran que estos territorios tengan “problemas de erosión, contaminación y menor capacidad de retención del agua, transpiración, así como pérdida de biodiversidad y capacidad de funcionamiento del ecosistema”.

Esta preocupación también se trasladó a la Procuraduría General de la Nación. El 5 de Abril de este año, la institución emitió la Directiva N° 004 por medio de la cual hace un llamado de urgencia al Gobierno para que intervenga, con respuestas inmediatas y concretas, en la región amazónica colombiana. Además, la Procuraduría estipuló que la falta de recursos no servirá de excusa para omitir la creación e implementación de los correctivos necesarios que buscan salvaguardar nuestra Amazonía, puesto que ese ecosistema es el pulmón de nuestro país.

Así mismo, para esta institución es de suma importancia el papel de la Agencia Nacional de Tierras ya que la insta a adelantar “procesos de reversión de baldíos por infracción a las normas ambientales, un seguimiento a las actividades del Plan de Manejo Ambiental de Sustracción, y garantizar que en la adjudicación y titulación de tierras baldías, el beneficiario cumpla con toda la legislación ambiental”. Esto, con el fin que los criminales ambientales no se apropien de los territorios abandonados y aumenten la deforestación.

Una de las principales causas de la deforestación es la ganadería, sector que ocupa más 39,2 millones de hectáreas en Colombia – un área nueve veces mayor que la destinada a la agrícola-.  En entrevista con La Silla  Vacía, una fuente del Ministerio del Medio Ambiente manifestó que ahora existe mayor interés de los terratenientes por invertir en territorios baldíos, con un precio mínimo, para convertirlos en “praderas para ganadería extensiva con la expectativa de que puedan alegar posesión para que la Agencia Nacional de Tierras les titulen” generando con esto una tala indiscriminada de árboles para la “nueva colonización”.  

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), la ganadería se ha convertido en una amenaza para el planeta pues es uno de los sectores que más produce gases invernaderos en el mundo.

Es importante resaltar que, de acuerdo con el boletín No.17 de alertas tempranas de deforestación emitido por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), en el cuarto trimestre del año pasado se evidenció el aumento del número de detecciones tempranas de deforestación. A nivel regional, se aduce que, en en la Amazonía, se concentra el 75 % de estas detecciones y, durante el último trimestre del 2018, se han arrasado cerca de 43.000 hectáreas. 

Lo anterior  confirma el colapso de la gobernanza ambiental en las zonas que jugaron un papel principal durante el conflicto armado. Por ejemplo, según el boletín, el principal núcleo de deforestación temprana se encuentra en el departamento de Caquetá, donde hallaron 980 detecciones tempranas. De igual forma, se encontraron 179 detecciones en el departamento de Putumayo; 106 puntos en el municipio de San José del Guaviare; y 76 en el municipio de Mapiripán, departamento del Meta.

Ahora bien, la ganadería y los incendios no son las únicas causas de deforestación. La minería ilegal y el ataque contra oleoductos por parte de la disidencia de las FARC, quienes al momento cuentan con 2300 integrantes en armas, también son los motores de este caos ambiental.  Lo más alarmante es que, de acuerdo con la publicación “Minería en Colombia: Derechos, Políticas y Gobernanza” de la Defensoría del Pueblo, es una realidad el uso indiscriminado de mercurio, cianuro y químicos en la minería ilegal, lo cual conlleva a la contaminación del suelo, el subsuelo, los ríos, la flora y fauna, el aire y, por consiguiente, también afecta la salud de habitantes de estas zonas.

Respecto a la contaminación de los ríos, específicamente el Rio Cauca, la activista Maricel Sandoval en entrevista con el Periódico El País de España afirmó que: “nuestro río, está siendo contaminado con cianuro y mercurio por parte de los extractivistas, hay mujeres a las que el solo contacto con el río les infecta su vagina ocasionándoles muchísimas enfermedades difíciles de tratar. Tenemos comprobado que hay un alto contenido de cianuro en el agua que la gente consume y estamos probando la incidencia en la salud de los habitantes de la zona. Por ello también nos amenazan, e incluso líderes ambientales han muerto por denunciarlo”.

Es lamentable lo que está sucediendo. Lo peor es que, si bien esta práctica ilegal está matando nuestro medio ambiente, no es la única.  Según un artículo del periódico el New York Times, el cultivo ilícito de hojas de coca no ha parado ya que, en algunos municipios de Colombia, el Programa de Sustitución de Cultivos no está funcionando porque los funcionarios que debían introducir los cultivos alternativos nunca llegaron a la zona”.

Estos cultivos ilícitos causan graves daños en los ecosistemas que los rodean puesto que, de acuerdo con una investigación de la Universidad Nueva Granada, al destruir grandes extensiones de bosque para el desarrollo de los cultivos, así como el uso de agroquímicos genera deforestación y grandes volúmenes de gases efectos invernadero. Además, el uso indiscriminado de sustancias químicas para el elevar su productividad contamina las aguas cercanas y afecta la fauna y flora que se encuentra a su alrededor.

La buena noticia es que aún tenemos esperanzas. Para contrarrestar el impacto ambiental de la deforestación, minería ilegal y tráfico ilegal de fauna y flora, diferentes actores institucionales como el Ejército Nacional, la Fuerza Aérea, la Policía, la Fiscalía General de la Nación están aliados en varias regiones del país para implementar las ‘Burbujas Ambientales’, estrategia nacional del gobierno anterior, mediante la cual se busca frenar los fenómenos de criminalidad en contra del medio ambiente.

En abril de este año, el gobierno de Iván Duque lanzó la Campaña ‘Artemisa’ contra deforestación en Colombia por medio de la cual busca frenar la “hemorragia deforestadora” – en palabras del Presidente – que ha destruido miles de hectáreas durante los últimos años. Lo curioso es que en el Plan Nacional de Desarrollo, como ya se mencionó anteriormente, el Gobierno no busca reducir la tasa de deforestación sino mantenerla constante.

Esto demuestra que es el momento de actuar. Todos los colombianos tenemos el deber de ejercer vigilancia y control sobre las personas que elegimos para gobernar nuestro país, pues son ellas quienes, con base en sus intereses, están tomando las decisiones sobre el medio ambiente en Colombia. La crisis ambiental es una realidad. Debemos luchar por la reducción de las tasas de deforestación y buscar soluciones para reforestar las hectáreas perdidas. Los jóvenes, especialmente, debemos seguir alzando la voz contra los daños ambientales, no podemos permitir que las decisiones de otros nos roben nuestra biodiversidad

*Laura Benavides, abogada y Master en Ciencias Jurídicas. Bloguera en el periódico regional La Crónica del Quindío

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