Cada vez más la gente se acerca a entender cuáles son nuestras objeciones con respecto al Proyecto de Ley 152, más conocido como Ley Min TIC, pero no alcanza a hacerlo plenamente. Se comprende, pues se trata de un proyecto de ley ambicioso y complejo, que busca abarcar la mayoría de las facetas de un proceso con muchas capas y mecanismos que se unen y se superponen.

Nos preocupan las carencias y las omisiones y nos preocupa la puerta abierta a la censura, en contravía de las advertencias de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Eco ómico. No sentimos que nuestra democracia vaya a salir fortalecida del trámite de este proyecto, que gira en torno a dos puntos focales, un negocio hecho con el espectro radioeléctrico del país y el diseño de un único regulador para todos los medios y plataformas al tiempo. Se nos vende esta iniciativa como una ley para facilitar la ampliación de la conectividad a todos los rincones Colombia, asunto de una urgencia irrefutable y contra el que no debería existir opositor alguno. Pero los riesgos superan los beneficios.

Es mucho lo que hemos dicho e insistido en estas objeciones, las de fondo y las de forma. Un punto que me parece crucial y que ha resultado difícil de explicar, porque es transversal a todos los demás, es el siguiente: el Proyecto de Ley Min TIC desconoce la naturaleza de lo público. No solo eso, desconoce su esencia, propósito, mecanismo y utilidad. Es un texto que este ministerio heredó de su antecesor y que no fue escrito por ningún ministro o ningún servidor del Estado, porque desconoce por completo cómo funcionan los medios públicos y para qué sirven y es en ese defecto en el que se resumen todos los demás.

Si se solucionara ese punto, con pedagogía, a través del trabajo legislativo o de las mesas abiertas que tanto hemos pedido, todo lo demás empezaría a cambiar. Si entendieran el sentido de lo público, no verían la oportunidad de hacer ese negocio flojo con el espectro, corriendo el riesgo de crear un monopolio de empresas que no saben si en cinco años serán obsoletas; si entendieran qué propósitos sirve la diversidad de la comunicación pública, no habrían pasado por alto a las comunidades indígenas y afro y valorarían más las redes comunitarias y los servicios que Internet presta a los más desvalidos, a las minorías y las periferias. La conectividad tendría un sentido claro.

Si algunos al interior del Ministerio de las TIC comprendieran lo que significa que a los trabajadores del Estado ya no se les llame “funcionarios” sino “servidores”, tal vez tendrían más claro en dónde la están embarrando, la necesidad de configurar una industria, que genere empleos y funcione de manera independiente a los canales, que sirva propósitos misionales y culturales y sea la gestora de su propio progreso. Hacer buenos contenidos a partir de la idea del servicio es complejo, y puede parecer caro, pero es la obligación del Estado. Hay más oportunidades, porque hay más plataformas, pero para aprovecharlas, se necesita incentivar el poder creativo de nuestro talento nacional, que ya ha sido premiado y reconocido en el mundo entero.

Si alguna de las personas que defiende este proyecto de ley entendiera lo que separa y diferencia al gobierno del Estado, esa línea, fundamental para el funcionamiento de cualquier país que se precie de ser democrático, todo sería muy distinto. No insistirían en darle al Ministerio, al Ejecutivo, el control sobre los contenidos y la gestión del gasto. La OCDE sí insistió en un regulador convergente dentro del Estado pero no necesariamente dentro del gobierno. Tampoco decidirían cerrar el abanico de las profesiones de quienes entren a conformar la Comisión de Regulación de las Comunicaciones, ni en elegirlos sin inhabilidades estrictas. Si entendieran cómo funciona un canal público, estarían abriendo las puertas al debate y a todas las visiones y no buscando diseñar medios informativos, limitados a los current affairs y desenfocados de su labor de servicio.

Entenderían, dicho sea de paso, que quienes nos oponemos a la regulación gubernamental de los medios estamos trabajando también para que ellos, llegado el momento, puedan ejercer la oposición sin ser censurados. Pero no es así. Aparentemente a pocos le cabe lo público en la cabeza y, desaparecida la noción del servicio, solo quedan la obstinación de dos opositores que se declaran enemigos, el forcejeo inútil y el miedo de estar en desacuerdo.