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Son casi seis meses durante los cuales la responsabilidad de los actores políticos que en el país hacen vida se pondrá a prueba.

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Desde hace más de dos años, aun antes del triunfo del señor presidente Petro, en estas mismas páginas escribí la importancia que Colombia debía tener para resolver nuestra crisis.
Observaba que la política que desarrolló el presidente Duque, lamentablemente por ella y porque no reconocerlo, por la forma como se desarrolló finalmente el interinato, había fracasado y era menester un giro.
Sostenía y lo reitero, que era fundamental que Latinoamérica recuperare su presencia en la solución de conflictos internos de la región y la verdad sea dicha, ninguno como el venezolano que se hace evidente con la inmensa cantidad de migrantes que por el mundo se encuentran, especialmente en Colombia donde habitamos a la fecha tres millones de venezolanos.
Así, un país receptor, que ha recibido tan ingente cantidad de personas y que está consciente que la situación venezolana -y por ende la colombiana- pudiere agravarse de mantenerse el estado de cosas interno, es el más interesado en que la situación se modifique, lo cual pasa no solo por un cambio en el poder, sino también por garantías para el derrotado, lo cual fue perfectamente interpretado por la actual administración de esta tierra de Nariño y Caldas.
Desde el año 2019 cuando en Caracas se planteó el Estatuto de la Transición, he sostenido que era fundamental -y hoy más que nunca lo sigue siendo- reconstruir nuestra institucionalidad, empezando por el Poder Judicial pues el estado actual de este a nadie le sirve, lo cual debía acompañarse de la creación de un sistema de justicia transicional y una comisión de la verdad plural e independiente que investigue lo ocurrido en el país los últimos 25 años, no solo para determinar responsables -donde quiera que ellos estén- sino sobretodo, para que conocidos los hechos verdaderos y sus responsables, tratemos de evitar repeticiones.
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La propuesta del señor presidente Petro, respaldada por el presidente Lula, en el sentido de que el 28 de julio los venezolanos voten en un referendo para garantizar el futuro político y también personal del perdedor, no lo interpreto literalmente sino como una vía para empezar, desde antes de esa fecha, a conciliar posiciones antagónicas con garantía de respeto para todos.
En la mesa de Barbados no solo hay actores nacionales, también lo hay extranjeros que, como Colombia y Brasil tienen interés cierto en que nuestro problema se resuelva, probablemente no tanto por lo que concierne a los venezolanos sino sobre todo por el de esos dos países.
La elección presidencial es el 28 de julio y conforme a la Constitución la toma de posesión sería el 10 de enero siguiente. Son casi seis meses durante los cuales la responsabilidad de los actores políticos que en el país hacen vida se pondrá a prueba. Ellos podrán ayudar a construir un mejor país adoptando de manera consensuada las medidas pertinentes para reinstitucionalizar el país o en su defecto, continuar con el estado de cosas existentes al día de hoy con inciertos resultados para todos.
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*Gonzalo Oliveros Navarro, Abogado. Director de Fundación2Países @barraplural