El pez muere por su boca

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Es necesario que la nación colombiana le solicite al señor presidente, que cumpla sus funciones constitucionales protegiendo a los colombianos en el exterior.

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Desde hace años la nación colombiana conoció el temple del líder político Gustavo Petro a la hora de hacer públicas sus denuncias por diversos temas de interés nacional. En la memoria del país quedó grabado cuando el congresista de la república se refería con nombre propio a los terceros responsables del paramilitarismo en Colombia, describía la expansión paramilitar en los departamentos de Sucre, Antioquia y Córdoba, y detallaba los pormenores del escándalo en la contratación pública de Bogotá. En buena medida, Petro mostró bastante suficiencia en el debate, señalamientos sin anestesia y certeras intervenciones, quizás solo comparables con las desarrolladas en el pasado por  los también senadores German Navas Talero y Jorge Enrique Robledo.

Es bien conocida la terquedad de Petro y sus afirmaciones lo corroboran, desde el palacio de Liévano en las épocas de alcalde. Con elevados decibeles le daba órdenes a la Policía Nacional de Bogotá, a pesar de que el procurador Alejandro Ordoñez ya lo había destituido, pero eso no lo detuvo, como el mismo Petro decía: “yo sigo siendo el alcalde de Bogotá”. En honor a la verdad, las acciones de Ordoñez tampoco tenían mucha legitimidad y procedían con dolo, pues la destitución en contra del alcalde Petro fue muy similar a la que tomó la Contraloría General de Venezuela al destituir e inhabilitar para ejercer cargos públicos a Leopoldo López cuando era alcalde del municipio de Chacao. Es decir, una acción eminentemente leonina, motivada por un cálculo político, en donde un funcionario público designado por el poder ejecutivo destituía judicialmente a un servidor público elegido popularmente. En todo caso, Petro se salió con la suya, y para bien de la institucionalidad, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instó a Colombia suspender los efectos de la decisión de Ordoñez y luego el Presidente de la República para el 2014 dejó sin efecto el decreto de destitución.

Las declaraciones de Petro como candidato terminaron el 7 de Agosto del 2022, dando inicio al periodo de las desacertadas afirmaciones de Petro como presidente de Colombia. No habían pasado muchas horas de haber sido impuesta la bandera de Colombia en su pecho cuando el mandatario le solicitó al Fiscal General de la Nación que liberará a las personas capturadas en el marco del paro nacional del año 2021, dijo Petro: “Yo le solicito al fiscal general de la Nación que libere a nuestra juventud”. Con esto el mandatario de los colombianos despertó una completa ovación y una que otra lágrima, pero demostró que como estadista era un inexperto. Es concreto, ni siquiera el máximo poder ejecutivo le puede solicitar al poder judicial que tome una decisión en uno u otro sentido. De forma muy similar, el presidente ese mismo día anunció por Twitter a Mery Gutiérrez como ministra de las TIC, cuestión que al final tuvo que reversar y desde Francia el mandatario señaló que Colombia tenía petróleo y gas por lo menos hasta el 2037, lo cual no cuenta con respaldo científico.

La terquedad de Petro quizás es la que lo tenga en la casa de Nariño, en donde probablemente esté regocijado porque la historia le ha dado la razón, haber sido fiel a su forma de hacer política, no huir de ningún debate, lanzar afirmaciones temerarias y no temerle a la imprudencia, fueron cuestiones imprescindibles para llegar a ser presidente de un país tan complicado como Colombia. A pesar de lo anterior, Petro ya no es solo un congresista y mucho menos un candidato, Petro es el primer servidor público del Estado colombiano, el representante de la nación colombiana ante el mundo y esto lo va a obligar a moderarse, si quiere evitarse dolores de cabeza.

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Hace dos semanas, en el marco de la Cumbre Iberoamericana celebrada en la ciudad de Santo Domingo en República Dominicana, el presidente Petro señaló algo que para muchas personas pasó desapercibido, pero para otras es un salida bastante desacertada para un mandatario nacional. En efecto Petro dijo: “Quiero ir a Haití, es un tema donde Colombia tiene una corresponsabilidad, primero porque Haití fue el que nos ayudó a ser un país libre en el pasado y segundo porque fueron mercenarios colombianos los que viajaron a matar al presidente, desatando una crisis aún peor que la que ya existía”. Con estas palabras el presidente colombiano nos recordó al rimbombante y poco diplomático líder político del pasado, que despierta aplausos en muchos y preocupaciones para otros. En concreto la cuestión medular en este asunto es que con sus palabras, el presidente de Colombia estaba sentenciando la culpabilidad de los exmilitares colombianos que a la fecha no han sido vencidos en juicio, a la par que Petro en ningún momento pronunció su preocupación por el estado físico, psicológico, jurídico y emocional de sus compatriotas.

El presidente de Colombia no solo tuvo una indelicadeza con los exmilitares colombianos retenidos en Haití, sino que también compró una boleta para la rifa de un problema judicial innecesario. La abogada Sondra Macollins (abogada de las familias de los exmilitares retenidos en Haití) ha señalado que el presidente Petro tomó la misma posición de su antecesor Iván Duque, es decir, el presidente colombiano no ha solicitado públicamente que estos exmilitares vayan a un juicio en un tribunal constituido legalmente, tampoco a que se les permita la defensa jurídica y lo que es peor, no invita a que la comunidad del mundo presioné a Haití para que le dé trámite a un proceso justo a los ojos de la CIDH.

De esta manera, es casi cuestión de tiempo para que la defensa jurídica de estos exmilitares tome la decisión de demandar al presidente Petro, como ya lo hizo con el expresidente Duque, ya que, tanto el uno como el otro, no tenían el fallo judicial para sostener la culpabilidad de estas personas en lo que se les acusa, tampoco para decir qué personas son culpables de apretar el gatillo y cuales no; es más, ni siquiera provisionalmente tuvo el acceso a las pruebas técnicas que determinan la culpabilidad en un caso de homicidio agravado  como lo son: arma homicida, necropsia, rastros de pólvora, escena del crimen, entre otras. De cualquier forma, la abogada Macollins manifestó la indignación de sus clientes en contra del presidente, pues la figura pública más importante del país debe tener una responsabilidad superior en las declaraciones que se suministran en los círculos de alta dirección de los Estados latinoamericanos.

Cabe resaltar que veinte meses después del asesinato del presidente Jovenel Moïse y la captura de los mencionados exmilitares colombianos, los medios de comunicación han mostrado testimonios, fotografías y videos de los sindicados en donde se evidencia que las condiciones de sus celdas son higiénicamente deplorables, el agua potable es sumamente escasa, los detenidos hacen del cuerpo en un balde de plástico y en el mismo balde reciben los alimentos, a su vez, los alimentos son proporcionados una vez al día y en ocasiones duran varios días sin que se suministren. En la misma dirección, varios de los exmilitares detenidos han sufrido de tuberculosis, cólera, y gangrena, mientras que la asistencia médica para ellos es inexistente.

En resumen, en este caso como decía Michael Foucault hace 48 años en su libro vigilar y castigar el objetivo de la cárcel no es que el condenado esté aislado de la sociedad y con ello esta última se encuentre a salvo del peligro, mucho menos que el condenado se resocialice y cambie las conductas que lo llevaron a la cárcel, por el contrario, la cárcel está hecha para que el condenado sufra, que desee la muerte, que sienta todo el daño y quizás más de lo que él hizo. Muy a pesar de que el ser humano entré en éxtasis al ver que otro ser humano está sufriendo, es necesario que la nación colombiana le solicite al señor presidente, que cumpla sus funciones constitucionales protegiendo a los colombianos en el exterior, que le exija a otros gobiernos garantías de los derechos fundamentales mientras los colombianos están en sus territorios y que evite este nivel de torpeza en sus declaraciones, aunque estas sean bastante populares en la implacable opinión de los ciudadanos impolutos.

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*Jorge Baquero Monroy. Licenciado en ciencias sociales de la Universidad de Cundinamarca. Mágister en administración pública de la ESAP. Investigador del proyecto Infraestructuras de Paz, agendas políticas y dinámicas organizacionales en la implementación efectiva del Acuerdo Final en Colombia (2016-2022).

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