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El proyecto es bueno y vale la pena aprobarlo, aunque, como todo en la vida, se puede mejorar. Sobre las críticas de falta de participación, no hay que olvidar que su debate lleva más de una década.
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Que el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) favorecerá a los constructores, que permitirá expropiar a moradores, que será enemigo de la movilidad de vehículos particulares, que creará mucho suelo rural y castigará el de expansión, que le apostará en exceso a la renovación urbana, que será muy verde, que será muy gris… En fin, de todo se ha dicho sobre el proyecto del POT que está estudiando el Concejo de Bogotá. Y, como es obvio, tratándose del texto que definirá el modelo de ciudad para los próximos doce años, un documento densamente técnico de 608 artículos, seguirá habiendo cientos de observaciones.
Lo que no debería ocurrir es que las mezquindades políticas se impusieran, o que las mentiras se tomaran el debate. No deja de ser curioso, por ejemplo, que, teniendo este proyecto tantas similitudes con la Modificación Excepcional del POT de Petro en materia ambiental, haya ambientalistas de esta línea política que aleguen que es un POT que endurecería la ciudad. O que, mientras Probogotá observa, con preocupación, que el proyecto le devolvería a la franja de cerros su condición rural, lo que obviamente obstaculizaría la edificación, ambientalistas afirmen que es un POT hecho a medida de los constructores.
Aquí planteo algunas ideas sobre lo bueno, lo innovador, lo controversial y lo que puede mejorarse del proyecto del POT. Lo mío será defender las disposiciones que protejan al ambiente y a los animales, aunque concejales rabiosos por propuestas innovadoras en beneficio de los más olvidados de la ciudad digan que “el POT no es para salvar pajaritos”. La ciudad, señores, es de todos los que habitamos en ella.
Lo bueno por su visión de largo plazo
– La definición de instrumentos e incentivos para hacer vivienda nueva y adecuar edificaciones hechas originalmente con otros propósitos, sin necesidad de expandir la ciudad hacia la Sabana, afectar la ruralidad o ubicar vivienda de interés social – VIS – y vivienda de interés prioritario – VIP – en la periferia. La demanda proyectada de viviendas, según el censo del Dane de 2018, es de 1.067.525.
– La preponderancia de las áreas de proximidad y el enfoque de mixtura de usos en toda la ciudad. Con ellos, se favorecería la desconcentración en la prestación de servicios sociales, el acceso a bienes, el desarrollo comercial y la reducción de desigualdades.
– La apuesta de adaptación al cambio climático con estrategias como bosques urbanos, descarbonización de la movilidad, incremento del suelo de la estructura ecológica principal (de 95.082 ha a 124.762 ha), protección del complejo de páramos y de las reservas forestales, recategorización de los humedales como reserva y protección del valle aluvial del río Bogotá (decisión de no construir viviendas en su ronda).
– La apuesta por contener la expansión de la ciudad y la conurbación mediante la ampliación del suelo rural (74,97%), y la reducción del suelo urbano (23.21% de suelo) y de expansión (1,82% de suelo), lo que supondría menos endurecimiento.
– La protección de la actividad económica mediante la reserva de áreas para la permanencia del sector productivo con servicios logísticos de soporte y vías de conexión con la región (área de grandes servicios metropolitanos).
– La institucionalización del sistema distrital de cuidado en la estructura funcional y del cuidado, incluyendo la posibilidad de mezclar servicios sociales en un mismo equipamiento.
Lo innovador
– La política de protección a moradores en los proyectos de renovación urbana como una consideración con quienes han participado en la construcción de sus barrios y una medida para neutralizar los males de la gentrificación.
– La contención del avance de la frontera agropecuaria en las áreas de importancia ambiental para proteger la biodiversidad, aumentar los servicios ecosistémicos y transitar hacia prácticas sostenibles que potencien la economía rural y no sean de explotación animal.
– La inclusión de la estructura integradora de patrimonio como un mecanismo de protección y conservación del patrimonio material e inmaterial de la ciudad y el aumento del suelo de conservación de 731 ha a 1.089 ha.
– La norma urbanística asociada a infraestructura de movilidad, cuyas rentas y beneficios ayudarían a financiar el sistema de transporte.
– La adopción de una política de construcción sostenible y amigable con la avifauna, aplicable a edificaciones aledañas a la estructura ecológica principal.
– El reconocimiento de los animales como sujetos de cuidado e interesados en la organización del territorio, mediante el principio rector del ordenamiento territorial titulado: “Biodiversidad e inclusión de todas las formas de vida”.
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Lo controversial que vale la pena defender
– El incremento de las cargas urbanísticas a constructores –sobre proyectos de consolidación y renovación– para generar soportes de ciudad como parques, servicios públicos, vías y equipamientos, entre otros.
– La decisión de no construir la ALO en el tramo norte para frenar la conurbación, reducir la expansión urbana y proteger la reserva Thomas Van Der Hammen y los humedales Juan Amarillo y la Conejera.
– La transición de 20 localidades a 33 Unidades de Planeación Local (UPL) para que la administración del territorio sea más eficiente, homogénea y cercana a la gente. Éstas nuevas unidades empezarían a operar desde el 2028.
– El freno a la idea de hiperdensificación, manteniendo densidades promedio en las zonas de consolidación, priorizando el espacio público y la renovación y aumentando los parques de borde urbano-rural para contener la expansión de la ciudad.
– El proyecto Reverdecer del Sur como estrategia para recuperar el cauce del río Tunjuelo, reverdecer la cuenca, construir unas 40 mil viviendas (intervención sujeta a estudios de riesgo) y brindar incentivos para que los propietarios de licencias mineras las cierren.
– La mixtura de usos como política para favorecer el desarrollo económico en toda la ciudad, reducir la presión de largos trayectos de movilidad y avanzar hacia la “ciudad de los 30 minutos”.
Lo que se debe mejorar
– Dada la enorme importancia que tendría recategorizar los humedales como reserva de humedal, preocupa que se contemplen proyectos de endurecimiento sobre los humedales Capellanía, El Tunjo, Córdoba y Salitre. Ningún humedal debería verse afectado por obras.
– Además de reconocer dos nuevos humedales para un total de diecisiete, hay cuerpos de agua y ecosistemas de humedal que la comunidad reivindica. Sería valioso adoptar el compromiso de estudiarlos para considerar su declaratoria como reservas de humedal.
– Es importante adoptar una política de protección más decidida sobre el arbolado, que incluya dos líneas innegociables en los proyectos urbanísticos y de infraestructura vial: menos tala, más traslado y compensación 5 (sembrados) x1 (talado) con árboles maduros.
– En la política de mixtura de usos debería exigirse la corresponsabilidad de los comerciantes con el uso y el mantenimiento del espacio público.
– Aunque la Operación Estratégica Distrito Aeroportuario se concretaría en dos actuaciones estratégicas, debería hacerse explícito el deber del Distrito de gestionar, ante la Nación, la cofinanciación de tales actuaciones y rentas permanentes para su sostenimiento.
– Sería conveniente trasladarle a la Unidad de Mantenimiento Vial la responsabilidad de la construcción de malla vial, en vez de a los Fondos de Desarrollo Local. Así se liberaría a las Unidades de Planeación Local – UPL – de una carga excesiva, lo que les permitiría atender asuntos más cercanos a la gente.
– En la lucha contra la minería ilegal podría incluirse una medida para exigirles a las constructoras un certificado de origen de materiales.
– En la norma urbanística podría prohibirse la edificación en altura sobre el borde oriental para proteger el derecho (no el privilegio) a disfrutar del paisaje de los Cerros.
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En síntesis, el proyecto es bueno y vale la pena aprobarlo, aunque, como todo en la vida, se puede mejorar. Sobre las críticas de falta de participación, no hay que olvidar que su debate lleva más de una década. En cambio, ya sumamos más de diecisiete años con un POT (Decreto 190 de 2004) que, como es lógico, no solo se ha quedado corto para saldar deudas sociales, ambientales y mejorar la calidad de vida de los habitantes humanos y no humanos -, sino que es obsoleto frente a los desafíos actuales. El nuevo POT deberá permitirnos ponernos a tono con la agenda ambiental que impone la crisis global y proyectar una ciudad acorde con las sensibilidades, expectativas y anhelos de las nuevas generaciones que, felizmente, son cada vez más austeras, empáticas y conscientes de su responsabilidad en el mundo.
*Andrea Padilla Villarraga, PhD., activista por los derechos de los animales, exconcejal de Bogotá, candidata al Senado en el renglón 14 de la Coalición Alianza Verde Centro Esperanza @andreanimalidad
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