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Crispar la opinión es fácil. Criticar es mucho más fácil que gobernar, una lección que debe aprender la izquierda democrática.
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La actual atmósfera del país político está marcada por la crispación que genera todo tipo de señalamientos que aumentan la confusión. El gobierno que llegó con la promesa del cambio incorporó desde sus inicios a políticos profesionales como Roy Barreras y Armando Benedetti, lo que generó fuertes críticas. Una vez ganó, se articuló una coalición al interior del Congreso que fue denominada de inmediato como: la aplanadora del gobierno.
Con tan sólo 9 meses en el gobierno han salido 10 ministros. La coalición se rompió. Se investiga al hijo del señor presidente por denuncias de su expareja. El presidente salta a la hoguera digital de Twitter para “defenderse de los infundios de la prensa” como lo advirtió. Dicha cruzada en redes sociales crispa los ánimos y hace que la convivencia virtual sea cada vez más agotadora. Y ahora, se destapa una situación delicada (presunta interceptación ilegal) acontecida con la exjefe de gabinete que involucra al exembajador en Venezuela y la señora Marelbys Meza.
Recientemente la bancada del Pacto Histórico anuncia que irá ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con el fin de solicitar medidas cautelares para proteger la vida y los derechos políticos de sus integrantes y la voluntad del pueblo que los eligió. Más concretamente, señalan a la Procuraduría de adelantar acciones en contra de la bancada, llegando incluso a sostener que existe un golpe blando en nuestro país. Esto último es bastante complejo si el argumento emana de las sanciones en sede administrativa disciplinaria, por ejemplo, las investigaciones en contra de congresistas.
Habrá que recordar diversos pronunciamientos de la Corte Constitucional que sostienen las facultades del Ministerio Público para sancionar servidores públicos elección popular, inclusive, antes del gobierno Petro. recientemente, mediante la Sentencia C–030 de 2023, con ponencia de los magistrados Juan Carlos Cortés González y José Fernando Reyes Cuartas, advierte la Corte, que la determinación final de las sanciones de destitución, suspensión e inhabilidad a funcionarios de elección popular corresponderá al juez contencioso administrativo después del procedimiento a cargo de la Procuraduría.
El tema resulta complejo tomando en cuenta la interpretación de la Corte Constitucional, respecto de la facultad de investigar servidores públicos de elección popular en cabeza de la Procuraduría. En tal sentido, la investigación que realiza el Ministerio Público al menos en teoría se realiza dentro de lo dispuesto en nuestro ordenamiento jurídico. Otro debate será si nuestra Corte Constitucional ha realizado una correcta interpretación del artículo 23 de la Convención Americana.
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En tal sólo nueve meses van dos comunicados tanto de la Corte Suprema en el caso del fiscal y la interpretación del artículo 115 de la Constitución Política que hace Gustavo Petro y, en días pasados, el comunicado del Consejo de Estado refriéndose a un mensaje del presidente en la red social Twitter donde se advierte que a los congresistas del pacto histórico los están suspendiendo con órdenes administrativas, para luego señalar, la presencia de un golpe blando. Dicho mensaje generó la respuesta del Consejo de Estado, que hace de nuevo un llamado a todos los ciudadanos, y por supuesto, a todos los detentadores del poder público, a evitar comentarios que socaven la independencia y la autonomía judicial.
Es urgente hacer un llamado a la prudencia. Crispar la opinión es fácil. Criticar es mucho más fácil que gobernar, una lección que debe aprender la izquierda democrática. De las promesas de campaña, muchas pasan por el Congreso y otras, escapan a la competencia del ejecutivo y dependen de la independencia judicial, como aquella relacionada con la primera línea. En suma, la moraleja es que gobernar desgasta. Mientras, las reformas de salud, laboral y pensional dependen de otro de los poderes públicos, el legislativo. Lo cual complica la situación si tomamos en cuenta que el pacto histórico no cuenta con las mayorías en el Congreso.
Finalmente, en octubre de este año los colombianos iremos nuevamente a las urnas. Sigo sosteniendo que todo esto de marchar tiene que ver con dichas elecciones. Mientras, la crispación continuará de seguir la receta aplicada hasta el momento. De todo lo ocurrido hasta el ahora, sólo basta decir que muchas de las situaciones acontecidas nacen del mismo gobierno como la salida de ministros, mientras, otras son propias del modelo como lo sucedido en el Congreso con la discusión y votación de los proyectos de ley impulsados por el ejecutivo, y finalmente, preocupa el activismo digital del mandatario que crea más problemas de los que soluciona.
Le haría mucho bien al país bajarle a la crispación proveniente de las redes sociales. Concentrarse en la legislatura, en especial, tejer puntos de encuentro con las demás bancadas que permitan hacer leyes que pervivan en lugar de lograr su aprobación a como dé lugar. Es una obviedad, pero hay que decirlo, el pacto histórico representa una parte de la nación, no a toda. Y es importante comprender los alcances y límites del cambio, así como la independencia judicial. Con relación al golpe blando, uno de los rasgos más importantes de la democracia es el respeto a las decisiones judiciales, de ahí que, en el caso de los legisladores sancionados por la Procuraduría, según la Sentencia C–030 de 2023, corresponderá al juez contencioso administrativo después del procedimiento a cargo del Ministerio Público.
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*Juan Carlos Lozano Cuervo, abogado, con estudios de maestría en filosofía. Es profesor de ética y ciudadanía en el Instituto Departamental de Bellas Artes y profesor de cátedra de derecho constitucional en la Universidad Santiago de Cali. @juanlozanocuerv
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