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La impresionante estrategia de acoso y derribo que las fuerzas extremistas del país han emprendido contra la JEP ha logrado nublar, ante varios sectores de la opinión pública, el balance de su primer año de funcionamiento. Sin embargo, si se abandona el ánimo de matoneo y, por el contrario, el análisis se hace con moderación y serenidad, pueden encontrarse resultados interesantes durante ese primer año, y así mismo, plantear para el debate algunas críticas que pueden contribuir al fortalecimiento de esa institución, que es la clave de bóveda de los Acuerdos de Paz de 2016.
Cabe resaltar que, además de las dificultades administrativas, organizacionales y hasta de estructura física que debió enfrentar en su año inaugural, la JEP fue exitosa para superar una precariedad muy compleja, como era comenzar a sesionar sin el desarrollo completo de las normas constitucionales que la habían creado. Es cierto que esa labor aún no está acabada, pero gracias a la iniciativa de la propia JEP, el Congreso de la República aprobó la ley de procedimientos ante esa jurisdicción y la Corte Constitucional pudo abordar, con mayores elementos de juicio, el examen de constitucionalidad del proyecto de ley estatutaria y de otras normas que rigen hoy a esa institución. Así, hoy tenemos certeza jurídica, por ejemplo, en cuanto a que la JEP sí tiene atribución para decretar y practicar pruebas en casos como las solicitudes de extradición de personas que se hayan acogido a esa jurisdicción, circunscritas a determinar la fecha en la que presumiblemente ocurrieron los hechos que generaron esa solicitud, y así decidir con conocimiento de causa si esa persona permanece en el régimen de justicia transicional o por el contrario, pierde esos beneficios y pasa al régimen penal ordinario. Eso no estaba claro hace un año, pero ahora sí, por disposición de la ley 1922 de 2018 y un pronunciamiento de la Corte Constitucional (auto 401 de 2018). Todo ello ha ocurrido en medio de la tempestad que ha suscitado el trámite de la solicitud de extradición de Santrich, el cual se podrá decidir, gracias a ese fundamento normativo, con elementos de juicio suficientes, en una providencia judicial que ojalá sea suficientemente argumentada. Se trata solo de un caso, que ha hecho mucho ruido y ha sido traumático como pocos, pero en el que ya puede apreciarse que la JEP ha venido superando esa fragilidad inicial.
Menciono que se trata de sólo un caso, porque, aunque muchos no lo sepan, lo cierto es que en el primer año de funcionamiento de la JEP, casi doce mil personas se presentaron para ser juzgadas por ella. En números redondeados, se trata de alrededor de diez mil antiguos guerrilleros de las FARC y de dos mil miembros de la Fuerza Pública. En cuanto a las víctimas, según las estimaciones de la JEP en los casos que ha abierto hasta el momento, se contabilizan ya alrededor de 32.000 personas, que han comenzado a ser escuchadas en unas audiencias realmente conmovedoras que, al decir de varias de ellas, han sido por sí mismas espacios de justicia y de reconciliación, porque han visto que una institución del Estado colombiano las escucha y se ocupa con seriedad y sensibilidad de la tragedia por la que pasaron.
Esa misma sensibilidad se puede apreciar en el esfuerzo muy importante que ha hecho la JEP para concertar con varios pueblos indígenas no sólo las formas de articulación entre ella y las jurisdicciones especiales indígenas, sino el respeto de la diversidad cultural en todas las actuaciones en las que se puedan ver afectados estos pueblos. Desde la provisión de traductores y la realización de sesiones en los territorios indígenas, hasta el diseño de medidas de reparación transformadora con enfoque diferencial, que tiendan al restablecimiento de la cultura de quienes se vieron especialmente vulnerados por el conflicto armado, la JEP ha adelantado, como ninguna otra autoridad en el país, una labor de reconocimiento y de encuentro con estos pueblos, que pretende erradicar la discriminación y la marginación que han sido el panorama usual de trato del Estado frente a ellos. Ahí se están sentando las bases para la construcción de una forma de relación con los pueblos indígenas, afrocolombianos y Rom que, si llega a buen puerto, puede ser mucho más fructífera que todo lo que se ha ensayado hasta ahora.
En su segundo año, además de enfrentar el matoneo (que no va a cesar), la JEP tiene el reto de saber manejar adecuadamente un caudal de información colosal que le ha ido llegando y que requiere de toda la inteligencia y la tecnología para su clasificación, conocimiento y aprovechamiento, tanto en sus dependencias no judiciales (Comisión de la Verdad y Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas), como en la judicial, en la cual el mayor desafío será sacar adelante unos macroprocesos muy complejos, con miles de víctimas y de comparecientes, en medio de las tensiones obvias de los procesos judiciales y de la crudeza infame de los hechos que se verificarán. La JEP haría bien en aligerar el lenguaje de todos sus actos, que se resiente por ser excesivamente burocrático y técnico, lo cual hace que sus documentos se preciban como lejanos y autocomplacientes, cuando en verdad no lo son.
* Néstor Osuna Patiño, Ph.D., profesor de derecho constitucional, Universidad Externado de Colombia, @osunanestor
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